La Junta duerme la polémica de los contratos de emergencia y la reduce a un tema administrativo

La decisión de que fuera la titular de Salud, Rocío Hernández, quien acudiera a ofrecer explicaciones y el tono utilizado por esta en su comparecencia desvelaron la intención del Gobierno andaluz de reducir todo el debate a una cuestión administrativa.

Hernández, una consejera recién llegada y la de más bajo perfil político de todo el Gobierno, redujo su intervención a explicar en causas sanitarias el motivo por el que se firmaron los contratos y dejó toda la carga política de esta controversia a la portavoz del PP en materia sanitaria, Beatriz Jurado, que en su intervención sacó toda la artillería habitual cuando afloran acusaciones de corrupción: el caso de los ERE, la contratación de la mujer del líder del PSOE-A, Juan Espadas, por la FAFFE y la utilización de dinero público para prostitutas y cocaína.

Antes de que Jurado incendiara el debate trayendo a colación todas las cuestiones de la etapa socialista a las que el PP suele aludir para desautorizar cualquier acusación de corrupción lanzada desde PSOE, Hernández se había limitado a justificar los contratos en la necesidad marcada por la emergencia sanitaria, que, recordó, se extendió hasta mediados de 2023. «Era una obligación y un ejercicio de responsabilidad», aseguró antes de cuestionarse sobre qué hubiera pasado si no se hubieran hecho esos contratos. «¿Cuántas personas habrían fallecido?», preguntó a los portavoces de la oposición sin salirse del tono monótono con el que consumió sus 40 minutos de una exposición dividida en dos intervenciones.

La comparecencia de la consejera de Salud no era lo que reclamaba la oposición de izquierdas, que en lugar de la miembro del Gobierno con menos recorrido político exigieron la de la portavoz de la Junta, Carolina España, que en su calidad de consejera de Hacienda es la responsable orgánica del servicio de Intervención, que ha emitido informes en los que se cuestionan esos contratos.

Ya antes de que se iniciara el debate, la portavoz socialista, Ángeles Férriz, había admitido que su grupo se propone investigar más contratos, no solamente los del SAS , ya que consideran que no se trata de una cuestión limitada al ámbito sanitario. Por ello, su empeño en que fuera España la que diera explicaciones, un reclamo que no fue atendido por la Mesa del Parlamento y que llevó a que tanto el PSOE como el resto de los grupos parlamentarios de izquierdas cuestionaran la imparcialidad del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, a quien le recuerdan una y otra vez su pasado reciente como consejero de Salud. La intervención de Hernández, resistiéndose a entrar en el debate político y limitándose a explicar en motivos médicos los contratos de emergencia, pareció explicar por sí misma las reticencias de la oposición a que fuera ella quien acudiera al Parlamento a dar explicaciones.

La consejera sostuvo que en la gestión de la Junta se puso el derecho a la vida por encima de los trámites administrativos, aseguró que los contratos de emergencia fueron imprescindibles para ese empeño y que se firmaron siempre ajustándose a la ley. También aportó cifras que relacionan su volumen con la gravedad de la pandemia al afirmar que mientras que en 2020 los contratos de emergencia supusieron un 26 por ciento de toda la contratación pública, al año siguiente se redujeron al 11,17% y al 3,41% en 2022 para llegar a un simbólico 0,9% en 2023, año en el que todos estuvieron vinculados a tratamiento de enfermedades oncológicas. Hernández argumentó también que la emergencia sanitaria se prolongó hasta ese año y que entre 2020 y 2022 la mitad de la plantilla del SAS estuvo en algún momento de baja como consecuencia de la pandemia, lo que afectó tanto al personal sanitario como al administrativo.

También pidió respeto para los tres gerentes y exgerentes del SAS investigados en la causa, especialmente la actual, Valle García Sánchez, aseguró que el actual sistema de control implantado por la Junta es más rígido que el anterior y recordó que esta cuestión se dirimirá en la justicia, en la que mostró toda su confianza.

La exposición de la consejera contrastó en tono y contenido con la de la portavoz popular Beatriz Jurado, quien calificó la denuncia presentada por el PSOE como el intento de instalar un relato que obedece a una política «vil y rastrera». El socialista Rafael Márquez, que citó reiteradamente los informes de Intervención que cuestionan la regularidad de los contratos, aseguró que todo el sistema de contrataciones de la Junta está viciado y advirtió a la consejera que sus compañeros de Gobierno la han dejado «a los pies de los caballos»

Cristina Jiménez, de Vox, sostuvo que el sistema de fiscalización implantado por la Junta es más laxo que el que existía anteriormente y, desde la izquierda, Inmaculada Nieto (Por Andalucía), señaló que se firmaron contratos de emergencia cuando ya no estaban justificados por la pandemia, mientras que Maribel Mora (Adelante) acusó a la Junta de saquear el patrimonio público.