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El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y Junts para el reparto entre las diferentes comunidades autónomas de los menores migrantes que se hacinan ... en Canarias ha puesto a la Junta de Andalucía entre la espada y la pared. Para el Gobierno andaluz, la elección es entre susto o muerte: aceptar un criterio de distribución a todas luces desproporcionado -que la obliga a acoger a 795 menores de edad en situación de desamparo mientras que a Cataluña solamente llegarían 27- o incumplir un acuerdo al que el Consejo de Ministros le ha dado rango de decreto ley.
A la espera de que la norma sea convalidada por el Congreso, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha adelantado que por dignidad Andalucía no considera aceptable el acuerdo, pero a renglón seguido señaló que su Gobierno no incumplirá la ley.
Moreno hizo ambas consideraciones en el Parlamento de Andalucía, la primera a su llegada a la sesión de control y la segunda, tras volver a criticar con dureza el acuerdo entre el Gobierno y el partido de Puigdemont, ya en su turno de respuesta a los grupos políticos, cuando inscribió el reparto dispuesto de menores en lo que considera una política del Ejecutivo de Sánchez de continuos agravios a Andalucía.
El presidente de la Junta no ahorró descalificaciones contra el contenido del decreto, al que considera un atropello contra Andalucía por tratarse, además, de una decisión pactada con un prófugo de la justicia y sin haber consultado a las administraciones afectadas, entre ellas la propia Junta. «Por una cuestión de dignidad no vamos a aceptar una imposición -subrayó-, estamos cansados de que a Andalucía se la trate con desdén».
Menores como adultos
Moreno, que recordó que el Gobierno trasladó a Andalucía a 600 migrantes supuestamente adultos que posteriormente se comprobó que eran menores, aseguró que la Administración autonómica está desbordada y al límite de sus capacidades para atender a estos menores en situación de desamparo. «Nosotros siempre vamos a proteger a los menores», dijo el presidente, que apuntó que para ello necesita recursos.
Esta afirmación fue criticada por la portavoz socialista, María Márquez, al afirmar que el Gobierno ha transferido 50 millones de euros para atender esta situación de los que la Junta solamente ha gastado 14 millones.
En una situación en la que el Ejecutivo andaluz se mueve en el estrecho margen que marcan la denuncia de un acuerdo que considera inaceptable, por un lado, y la obligación de cumplir las normas con rango de ley, por el otro, la intervención del portavoz de Vox, Manuel Gavira, permitió a Moreno acotar con mayor precisión la posición de su Gobierno.
«Este tipo de intervenciones vienen muy bien», dijo el presidente después de que Gavira pusiera como ejemplo el reciente acuerdo en la Comunidad Valenciana entre el presidente Carlos Mazón y Vox y reclamara a la Junta que siguiera el mismo camino y, en materia de inmigración, no aceptea ningún menor migrante más y cierre los centros de acogida.
El presidente andaluz, tras reafirmar que el reparto pactado le parece indigno y que su partido es partidario de que haya fronteras seguras, migración regulada y control, subrayó que la Junta no será insumisa. «Nosotros somos un gobierno, y los gobiernos cumplimos con la normativa y la legislación vigente», advirtió.
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