La Junta teme que dejar en manos del Congreso el reparto del nuevo fondo Covid no le beneficie

El Gobierno andaluz es consciente de que la propuesta de financiación adicional del Ministerio de Hacienda, con un nuevo fondo Covid de 13.486 millones de euros para las comunidades en 2021, es una buena noticia; como también que la referencia para la relajación del déficit sea del 2,2% del PIB, la mitad asumida por el propio Gobierno central a través de la transferencia de ese fondo extraordinario. El ejecutivo de PP-Cs había reclamado ambas medidas comunicadas ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero en San Telmo no echaron las campanas al vuelo, porque les queda cierta «incertidumbre» respecto a la financiación adicional. El regalo de Montero a las comunidades viene envuelto en una trampa, ya que será el Congreso de los Diputados, es decir, los partidos, los que decidirán la fórmula de reparto del citado fondo Covid y el Gobierno que preside Juanma Moreno teme que la decisión no beneficie a Andalucía. El Congreso ya decidió el reparto del fondo de 16.000 millones de euros de este año, en el que en las primeras partidas de más de 10.000 millones de euros se primó la incidencia de la pandemia, lo que benefició sobre todo a Madrid y Cataluña en detrimento de otras como Andalucía, donde las curvas de hospitalizados estuvieron más controladas. El Gobierno andaluz protestó airadamente porque reclama que se dé prioridad a la población que en potencia hay que atender, siendo esta comunidad la más populosa. PP y Cs, partidos que gobiernan en Andalucía, dieron el visto bueno en el Congreso a aquella propuesta de dar más dinero a la comunidad con más contagiados y enfermos en UCI. La papeleta que tiene que resolver el ejecutivo que dirige Juanma Moreno ahora es que su partido y el de su socio naranja defiendan en la cámara baja la población como criterio de peso, cuando otras regiones gobernadas por los dos mismos partidos, como Castilla y León y Madrid, podrían tener otros intereses. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, eludió pronunciarse ayer sobre la reunión y las propuestas de Montero, aunque fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que esta transcurrió en un ambiente tranquilo y sin muchas quejas de los consejeros de las finanzas autonómicas como otras veces. Tampoco había nada que votar, así que la tensión sobraba. Otra cosa es cuando los consejeros tuvieron que analizar con sus equipos la propuesta. La Consejería de Hacienda y Financiación Europea tardó más de tres horas en dar una respuesta a través de una nota, con un «queda mucha incertidumbre» sobre las cantidades que deben servir para cerrar la envolvente financiera del próximo presupuesto, el objetivo de la reunión. Y alude a la trampa del Ministerio de Hacienda: «Desconocemos los criterios de distribución de los fondos extraordinarios para 2021 planteados en función del 1,1% del PIB. Si serán como los seguidos para el Fondo Covid, o si por el contrario se tomará un criterio de población». Bravo también apunta, sin concretar, a que la Junta de Andalucía no agotará todo el margen de déficit del 1,1% en las cuentas de 2021, cuando además se espera que lleguen ayudas europeas. En la misma línea de llamada a la prudencia de Montero a las comunidades a la hora de elaborar sus presupuestos, el consejero andaluz apela a la «responsabilidad en el gasto» en los de la Junta pese a la suspensión de las reglas fiscales.

La Junta, como el resto de administraciones autonómicas, no será penalizada si se desvía del déficit recomendado como referencia, el 2,2%, ya que ni este ejercicio ni el que viene se aplica la norma de estabilidad presupuestaria. Si bien, cualquier deuda que acumule podrá suponer un lastre cuando en 2022 Bruselas vuelva a llamar al orden. Bravo considera «indispensable» la rigurosidad en las cuentas para no comprometer la estabilidad y sostenibilidad financiera de Andalucía en futuros ejercicios. El consejero en su nota ya avisa a sus compañeros del Consejo de Gobierno que puedan estar frotándose las manos con el gasto, que los de 2021 van a ser los presupuestos «más responsables de su historia». Bravo no permitirá políticas de descorche. «Todo lo contrario: es indispensable confeccionar un presupuesto riguroso, que marque las prioridades que como administración nos corresponde cubrir teniendo en cuenta las circunstancias que atravesamos», afirma.