Las 34 medidas del PP, Cs y Vox para los nuevos presupuestos de Andalucía

«La virtud de este acuerdo es suministrar estabilidad política a este Gobierno en los próximos cuatro años», lo cual servirá de «palanca» para captar inversores y que las familias gasten más, lo que redundará en el crecimiento económico. Esta es la reflexión que ha expresado el consejero de Economía, Innovación y Conocimiento, Rogelio Velasco, independiente de la cuota de Cs en el Gobierno andaluz, para justificar la participación de esta formación en la foto del pacto. El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha reiterado que el documento es un voto de confianza al Gobierno a largo plazo. «No vamos a ser nunca un obstáculo», ha remarcado. Vox se compromete de esta forma a ser el sostén parlamentario del bipartito PP y Cs. Con ello, salvo imprevistos o ruptura de los socios, el Gobierno del cambio se garantiza una legislatura con cierta tranquilidad.

La firma ha supuesto que por primera vez en España Cs selle un pacto con Vox y PP. El logo de los tres partidos aparece en el documento de 34 puntos suscrito «para avanzar hacia una nueva política presupuestaria». Vox consigue que Cs acepte que su formación es la tercera pata del cambio político en Andalucía. Cs se negó a firmar acuerdos con Vox en las conversaciones tras las elecciones del 2 de diciembre y ha sido reticente a sentarse a negociar a la luz pública con Vox. El documento firmado arranca con la siguiente frase que refleja el cambio significativo en las relaciones de los tres partidos en Andalucía a partir de ahora. «La configuración del cambio político andaluz fue posible gracias a la voluntad del consenso y generosidad de las tres formaciones PP, Cs y Vox que suscribieron los acuerdos necesarios para materializar esta nueva realidad». Aunque el documento ha sido firmado por un consejero independiente, Rogelio Velasco, el sello de Cs en el mismo no deja lugar a dudas. Además del consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo (PP), han suscrito el texto los diputados de Vox Alejandro Hernández y Manuel Gavira. Además, una comisión de seguimiento o grupo de trabajo con representantes de los tres partidos vigilará por el cumplimiento de lo sellado a lo largo de la legislatura.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha admitido que no cambian grandes partidas en las cuentas de 2019. El acuerdo incluye enmiendas parciales en el trámite parlamentario, entre ellas una baja de 600.000 euros en las partidas para asociaciones relacionadas con la promoción e inserción de personas inmigrantes. Este dinero se destinará a la construcción de edificios judiciales. El texto recuerda que la partida de inmigración se incrementa 200.000 euros respecto a 2018.

Entre los 34 puntos del texto, ocho aluden a la reestructuración del sector empresarial público, incluidos entes instrumentales, fundaciones y agencias. El mayor impacto presupuestario en 2019 es de 1,5 millones para la Consejería de Empleo, donde están adscritos dos mil trabajadores de la extinta fundación Faffe sin competencias claras. Bravo ha explicado que el acuerdo contempla la aprobación de normas jurídicas que permita soluciones para ubicar a estos empleados y otros en lugares donde puedan trabajar. También la contratación de auditorías externas sobre el funcionamiento del entramado del sector público. Para 2020, ha anunciado un montante de 18,5 millones de euros para la reordenacion del sector empresarial público, o administración paralela de la Junta como la llama Vox y antes el PP. En el acuerdo no se especifica, pero el pacto del PP y Cs con Adelante Andalucía para la renovación de la RTVA incluye destinar a esta siete millones de euros.

Tanto PP como Vox rechazan sesgo ideológico en el acuerdo. Varias de las medidas, sin embargo, ya han recibido críticas en este sentido del Gobierno socialista en funciones de España. Una de ellas es el punto 9 que dice lo siguiente: El presupuesto del 2020 incorporará las dotaciones necesarias para que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ponga en marcha un teléfono de atención debidamente gestionado por personal cualificado para la protección de víctimas de la violencia intrafamiliar, en un sentido amplio. Para ello, se dotarán de los medios técnicos necesarios para su atención y derivación, en su caso, a los servicios sociales o a las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha afirmado que a este teléfono pueden dirigirse «hijos de mujeres alcohólicas». El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha sido taxativo al afirmar que dicho teléfono vendrá a sumar y en ningún caso la Junta pretende sustituir el 016 de llamadas por la violencia de género establecido a nivel nacional por el nuevo teléfono de la violencia intrafamiliar. Vox aspira a que este término sustituya al de la violencia de género.