La Mesa del Parlamento admite la reprobación de Susana Díaz pese al informe en contra del letrado

La Mesa del Parlamento andaluz ha admitido la reprobación de la expresidenta Susana Díaz y de sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán así como de sus gobiernos pese al informe en contra del letrado al que se le había encomendado analizar si era viable o no. La iniciativa parte del grupo Adelante Andalucía a través de una proposición no de ley (PNL), por lo que para que sea admitida ha contado con el respaldo de los partidos de la derecha, PP, Cs y Vox, ya que Adelante no tiene voto en la Mesa. La reprobación no se verá hasta febrero en el nuevo periodo de sesiones del Parlamento. El PSOE ha anunciado un recurso al Tribunal Constitucional, por lo que podría verse paralizada mientras este decide.

La PNL de Adelante argumenta la reprobación por la condena de Chaves y Griñán en el caso de los ERE fraudulentos, aunque la sentencia no es firme. En el caso de Susana Díaz, se sostiene en el supuesto de que como presidenta permitió que los letrados de la Junta personados en la causa política se retiraran de esta como acusación. Aunque los abogados de la Junta se reservaban el derecho a exigir compensaciones económicas a los condenados, tanto Adelante como PP y Cs consideran que aquella decisión impide la recuperación inmediata del dinero que se concedió de manera ilegal. La iniciativa de Adelante supone un escalón más en el enfrentamiento de la líder de Podemos, Teresa Rodríguez, con Susana Díaz, a la que ha pedido la dimisión por «decencia» tras el fallo de los ERE.

La reprobación a Susana Díaz y sus gobiernos incluye diputados socialistas que fueron consejeros, como Manuel Jiménez Barrios, exconsejero de Presidencia. En el informe firmado por el letrado Manuel Carrasco, este aduce que el Parlamento no puede reprobar a sus diputados y diputadas porque «sería como reprobarse a sí mismo». También añade que «podría alterar los equilibrios entre opciones de la mayoría y de la minoría en los que se fundamenta el funcionamiento del régimen parlamentario«; y »desvirtuaría la naturaleza« de la Cámara autonómica para convertirla en un instrumento de »reproche cruzado« entre los parlamentarios de distintas fuerzas políticas. En una »hipótesis extrema, pero no imposible«, sería un método de la mayoría política de cada momento para »recriminar y dejar en evidencia a los diputados de la minoría política, a sus ideas e, indirectamente, al sector de la ciudadanía que comparta su actuación e ideología«, añade el letrado.

Adelante Andalucía solo cuenta con 17 diputados en la Cámara de los 109, por lo que necesitaría de los representantes de la derecha para sacar adelante su iniciativa de reprobación a Díaz y sus gobiernos. Tanto PP como Cs y Vox han solicitado, como también Adelante Andalucía, la dimisión de Susana Díaz por la sentencia de los ERE. Se da la paradoja de que Izquierda Unida, integrada en Adelante, formó parte de los gobiernos de Griñán y Díaz entre 2012 y 2015.

En cuanto a la reprobación solicitada para los expresidentes Chaves y Griñán y sus gobiernos, el informe del letrado, de 26 páginas, cuestiona que la reprobación pueda ser el medio para censurar a los presidentes del Gobierno autonómico, señalando que el Estatuto de Autonomía y la Constitución contempla para ello un«instrumento específico, que es la moción de censura» o con el rechazo a una moción de confianza. «No cabe utilizar la PNL como mecanismo para proponer la reprobación del presidente de la Junta y del Consejo de Gobierno que de él depende o del Consejo de Gobierno en pleno», arguye el informe. Pero como se trata de presidentes no ya en ejercicio, sino del pasado, el letrado sostiene que de tener cabida su reprobación, «la inadmisión de la misma quedaría privada de sentido ya que bastaría con dejar pasar el tiempo y esperar al cambio de la relación entre mayoría y minorías políticas en el Parlamento a consecuencia de unas elecciones para llevar a cabo lo que anteriormente se consideró inadmisible».