La nueva política envejece prematuramente

Los primeros, sin estructura municipal en Andalucía, acaban de cerrar la negociación de una coalición de izquierdas en las que entraron con ánimo avasallador y acabaron cediendo en los puntos que al inicio consideraban irrenunciables. Una presencia en el 19J que dependerá de un recurso ante la Junta Electoral. Los segundos acuden a las urnas sin saber si podrán conservar alguno de sus 21 escaños

Los tiempos en los que Podemos se presentaba como una fuerza autónoma y vigorosa capaz de casi borrar del mapa a Izquierda Unida y desafiar al PSOE en Andalucía –obligando incluso a Susana Díaz a adelantar unas elecciones para no darle tiempo a organizarse– parecen muy lejanos. Sólo han pasado siete años.

La formación morada ha acabado la legislatura en Andalucía sin parlamentarios –producto de la escisión del grupo de quien fue su líder– y afrontará las elecciones en una coalición que sólo se pudo conformar después de que sus socios le hicieran ver que su actual situación de debilidad no se parece en nada a la de poco tiempo atrás.

Podemos afrontó la negociación desde la lógica de la confrontación interna en la que la dirección estatal apadrinada por Pablo Iglesias intenta condicionar el proyecto de Yolanda Díaz. Ante la pendiente hacia la irrelevancia por la que se desliza el partido, la vicepresidenta pretende trascender las fronteras de esa formación para reconstruir el alicaído espacio de la izquierda desde una lógica ajena al sectarismo partidario. Todo un desafío para una fuerza que tras acariciar el sueño de asaltar el cielo se enterró en una dinámica cainita que le llevó a prescindir de sus mejores cabezas y ver reducido su espacio elección tras elección.

La semana pasada, la secretaria general, Ione Belarra, se presentó en un acto en Sevilla con un mensaje que resume la postura con la que Podemos acometió las negociaciones: son el partido más importante de ese espacio ideológico y por lo tanto su responsabilidad es mayor. Donde Belarra dijo responsabilidad debía leerse derecho a imponer el nombre de la coalición y sobre todo el candidato. No consiguió ninguno de esos dos objetivos porque la realidad que observa el resto de las formaciones de la izquierda difiere del espejismo en el que aún prefiere vivir la formación morada.

El diagnóstico que parecen compartir Izquierda Unida, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz es totalmente diferente. En primer lugar, porque Podemos carece en Andalucía de la implantación de Izquierda Unida, que cuenta con más de 60 alcaldías, participa en los gobiernos de otros veinte ayuntamientos, dispone de una red de un millar de concejales con agrupaciones en prácticamente todos los municipios de la comunidad.

La formación morada, por el contrario, no logró consolidar estructuras municipales, cuenta sólo con unos 80 ediles y al producirse la ruptura con Teresa Rodríguez perdió no solamente a todo su grupo en el Parlamento sino también al único ayuntamiento que gobernaba, el de Cádiz.

El segundo motivo por el que el resto de los partidos no reconoció a Podemos como la formación que debía liderar la coalición es porque desde que el partido morado alcanzó su pico electoral en 2016, cuando en alianza con IU obtuvo el 21,2 por ciento de los votos a escala estatal, entró en una pendiente cada año más empinada que lo hizo desaparecer de parlamentos regionales, obligó a Pablo Iglesias a dimitir tras fracasar en las elecciones autonómicas de Madrid y llevó a Yolanda Díaz a promover un nuevo proyecto, aún difuso, que pretende sumar fuerzas y colectivos para resultar atractivo a ese espacio del electorado.

El proyecto de Podemos, tal y como surgió en 2014, agoniza, aunque en las negociaciones andaluzas, su dirección estatal pretendiera el tratamiento de una formación en auge y no el un partido que en las elecciones del 19-J se someterá a una nueva prueba de supervivencia.

Desde esa óptica intentaron primero condicionar el nombre de la coalición y después imponer como candidato a la presidencia a su diputado por Cádiz Juan Antonio Delgado. La presión que ejercieron sobre el resto de las formaciones fue extrema y el resultado puede tener consecuencias más que negativas para Podemos.

Ni IU ni el resto de las fuerzas estaban dispuestas a ceder y mostraron su disposición a seguir adelante si los morados no se sumaban, lo que hubiese tenido consecuencias nefastas para Podemos. Su dirección estatal eligió presionar hasta el límite, pero no hizo otra cosa que meterse en un problema. El plazo finalizaba en la medianoche del viernes y desde la tarde, como forma de presión, dejaron de responder a las llamadas. Cuando lo hicieron, para aceptar la propuesta de los otros partidos, ya eran más de las once de la noche y apenas faltaban unos minutos para el límite señalado por la ley electoral. Enviaron la documentación cuando el plazo había caducado, por lo que Podemos no figura formalmente como parte integrante de la coalición 'Por Andalucía' . El acuerdo político de última hora no tiene refrendo jurídico, una situación cuyas consecuencias aún no se han evaluado y que las partes intentarán resolver en los próximos días.

La situación de Ciudadanos, sin el paraguas de una coalición electoral que permita disimular su decadencia, es aún más dramática. Desde que Albert Rivera optara por renegar de su condición de partido bisagra para intentar un sorpaso imposible al Partido Popular -lo que además acabó abriendo las puertas del poder a Podemos-, la formación naranja se despeñó por un fracaso electoral continuo que lo condujo en dirección a la irrelevancia.

En Andalucía, el partido encabezado por Juan Marín supo jugar el papel para el que parecían llamados apoyando primero la investidura de Susana Díaz en un momento en el que no había una fórmula alternativa, arrancando concesiones a ese gobierno y después formando parte del ejecutivo con el PP en un difícil equilibrio con el apoyo de Vox.

La entrada en el gobierno de la Junta, con la vicepresidencia y la mitad de las consejerías le dio la posibilidad de darle visibilidad a sus políticas, pero paradójicamente fue ése el momento en el que la identidad de Ciudadanos comenzó a desdibujarse en Andalucía.

Con un partido que se desmoronaba a nivel estatal, el coordinador andaluz optó por una mimetización con el PP que por un lado le aportó a la Junta de Andalucía una estabilidad de la que carecieron el resto de los gobiernos regionales de coalición, pero por el otro redujo al mínimo las posibilidades electorales de Cs.

De hecho, la estrategia de Marín parecía más dirigida a promover una fórmula electoral única con sus socios de gobierno –el Andalucía Suma que nunca se concretó– que a fortalecer al partido que dirige, lo que provocó una grave crisis interna. Cuando el coordinador andaluz de Ciudadanos entendió que el PP no tenía interés en integrarlo en su proyecto, ya era tarde.

La dirección nacional de su partido, que debilitada por la frustrada moción de censura en Murcia y por la debacle electoral en Madrid le había dado autonomía absoluta en Andalucía, también reaccionó sobre la bocina y con las elecciones andaluzas ya convocadas.

De los cinco consejeros nombrados por Ciudadanos, sólo dos –Marín y Rocío Ruiz–, pertenecían orgánicamente al partido naranja, ya que los otros tres –el fallecido Javier Imbroda, Rocío Blanco y Rogelio Velasco– se incorporaron como independientes, pese a que el primero encabezó la lista naranja por Málaga.

Marín, que vio en Ruiz a una posible rival interna, llegó a operar durante la legislatura para conseguir su destitución, algo a lo que se negó Juanma Moreno. El presidente también tuvo que intervenir cuando Marín, junto a una de sus más fieles, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, intentó retrasar la tramitación de la Ley de Infancia, la norma estrella impulsada desde la consejería dirigida por Ruiz.

Este acoso contra la consejera, unida a la destitución del portavoz parlamentario, Sergio Romero, para situar en su lugar a Teresa Pardo, otra diputada del círculo más cercano al coordinador andaluz, marcaron los puntos más críticos de la vida interna de la formación naranja a lo largo de la legislatura.

En las últimas semanas, todo parece haberse desmoronado para el candidato de Ciudadanos, cuyo círculo más íntimo lo ha presionado para que se desprenda de quienes lo han asesorado en los últimos tiempos. La dirección nacional, que durante estos tres años y medio, lo dejó hacer, dio un giro para evitar que la desaparición electoral de Ciudadanos en Andalucía ponga a esa formación en la estela UpyD. Ante la necesidad de capitalizar la actuación de la formación en el gobierno y al mismo tiempo marcar una identidad diferente a la del Partido Popular, la presidenta del partido, Inés Arrimadas, impuso contra la voluntad de Marín a la consejera Rocío Ruiz como candidata por Cádiz, una de las circunscripciones donde los naranjas albergan alguna expectativa de conseguir escaño.

En la otra provincia en la que espera obtener representación, Málaga, los planes de Marín también se han visto frustrados. Teresa Pardo fue barrida en las primarias por la delegada de Turismo, Nuria Rodríguez, que obtuvo más del 76 por ciento de los votos, lo que supone una desautorización en toda regla de las bases a su coordinador general.

Rodríguez, que había sido presionada para que se integrara como número tres en la lista que iba a ser encabezada por Pardo, decidió presentar batalla al verse forzada a abandonar la Delegación de Turismo. La rotundidad con la que se impuso a la portavoz parlamentaria –una circunstancia en la que fuentes del partido ven la mano del diputado Guillermo Díaz, el dirigente con más peso en la provincia de Málaga– demuestra que tanto Pardo como Marín tenían facturas internas pendientes de pagar. Y se las han cobrado.