El pacto de Doñana cumple un año de tensiones aplacadas, pero sin avances significativos

Así lo ponen de relieve tanto ecologistas como agricultores, los más críticos con la velocidad en la ejecución de este acuerdo que sellaron hace un año el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la exministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. Este pacto supuso la retirada de la proposición de ley presentada en el Parlamento para regularizar los regadíos de la Corona Norte de Doñana, como así reclamaban los agricultores con el apoyo de PP y Vox.

El acuerdo se tradujo en una potente inyección económica en el espacio natural con 1.434 millones hasta 2027, de los que 706 millones los aportaba el Gobierno central y 728 la administración andaluza. Una parte de este aluvión inversor va destinado a los agricultores en forma de ayudas, que todavía esperan, junto a otras ayudas para los catorce municipios del entorno del parque para su dinamización económica y conservación ambiental.

La Junta subraya que ha cumplido una cuarta parte de sus medidas comprometidas y resalta como una de la acciones más destacadas la adquisición para su protección de la finca Venta La Palma, de 7.600 hectáreas, con una inversión de casi 74 millones, así como la creación del Comisionado para el desarrollo del Acuerdo de Doñana, figura clave para garantizar la coordinación, el diálogo y la participación activa de todos los sectores implicados.

Desde el Gobierno central se pone de relieve el esfuerzo que se realiza para la conservación en el parque, con el cierre de un millar de pozos para aliviar la presión sobre el acuífero, y el respaldo económico para agricultores y también para los municipios del entorno.

El acuerdo de momento no ha logrado mitigar el problema más grave de Doñana, que es su delicada situación hídrica, que empeora con un acuífero que registra una tendencia desfavorable, ya que la mayoría de sus áreas se encuentran actualmente en una tendencia de «descenso significativo», según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Este panorama hídrico es el que más preocupa a las organizaciones ecologistas, por lo que urgen a las administraciones a actuar con celeridad en el marco de este acuerdo para revertir esta grave situación hídrica. Así, el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Romero, exigió «que de una vez por todas se pongan en marcha los planes, que deben pasar de una vez del papel a la realidad».

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Romero, también ahondó en el mismo argumento ya que Doñana «está protegida en el papel, pero está desprotegida en la realidad, por ello la primera cuestión que tiene que abordarse y mejorarse es la situación de sus aguas, tanto subterráneas como superficiales».

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva ha solicitado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía una reunión conjunta para analizar el primer año de este acuerdo y abordar cómo va todo para su puesta en marcha, según su portavoz, Manuel Mora.

«El motivo es que los agricultores de los cinco pueblos nos solicitan información sobre las ayudas, plazos y requisitos y aún no tenemos nada, por lo que si estas ayudas no se activan pronto, nos trasladan el volver a retomar las negociaciones para activar la proposición de ley en el Parlamento andaluz que decayó con motivo del acuerdo», sostuvo Manuel Mora.