La Diputación Permanente del Parlamento aprueba el decreto que suprime un centenar de trabas para crear empresas

La Diputación Permanente del Parlamento ha dado el visto bueno al decreto ley del Gobierno andaluz aprobado el pasado 9 de marzo que suprime trabas burocráticas para la actividad empresarial con la modificación de 21 leyes y 6 decretos, entre ellas urbanísticas, de turismo, medioambientales y del sector audiovisual. Ha sido convalidado con el voto de PP, Cs y Vox y nace con la amenaza de su paralización, dado que PSOE y Adelante Andalucía han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional por vulnerar el derecho de los grupos políticos a participar en una norma que modifica de golpe 27 textos legislativos. PSOE y Adelante han propuesto que el decreto se tramite como ley por la vía urgente y pueda atender el consenso de los grupos y la voz de los colectivos que se sienten afectados, pero ha sido rechazado por el voto de PP, Cs y Vox. La portavoz del PP, Loles López, ha insinuado que «si hay que matizar cosas, se matizarán», abriendo la puerta a posibles cambios en el futuro. La oposición se ha hecho eco de la reclamación de su retirada de 21 entidades y organizaciones, entre ellas ecologistas como Greenpeace y sindicatos como UGT y CC OO, por introducir cambios significativos en leyes sin «informe jurídico que lo sustente», según el portavoz del PSOE y exconsejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios. «Los empresarios estarán de acuerdo en desrregular, pero no en meter a Andalucía en una inseguridad jurídica», ha dicho.

La sesión de la Diputación Permanente, que también ha aprobado otros tres decretos de actuaciones del Gobierno andaluz para combatir el coronavirus, se ha celebrado de manera extraordinaria en el salón de Plenos del Parlamento. Los diputados y consejeros del Gobierno presentes han guardado las distancias acordes con las medidas sanitarias contra el coronavirus y algunos de ellos se sientan en sus escaños con guantes. La Diputación Permanente es el órgano de representación parlamentaria que se activa en periodos no lectivos y cuando se interrumpe la actividad del Parlamento, como ocurre ahora de forma excepcional por la pandemia del coronavirus.

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha sido el encargado de defender la urgencia de aprobar el decreto de ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía. Aunque fue elaborado en tiempos en los que nadie podía imaginar la situación vivida con la pandemia, su aprobación el pasado 9 de marzo ya vislumbraba que la crisis del coronavirus iba a afectar a la economía. Velasco ha apelado a esta crisis para justificar la urgencia del decreto ahora incluso más que antes como «instrumento para la reactivación» de la economía tras el Covid-19. Velasco, que ha desarrollado los puntos más destacados del decreto, ha insistido varias veces en que la «eliminación de trabas innecesarias» y la «simplificación de trámites», objetivo de la norma, «en ningún momento implica la relajación de la seguridad jurídica». Ha destacado que el principal fin de su elaboración es preparar a la Comunidad para hacerla más competitiva en la atracción de inversiones y actividad tras «una grave crisis que ha alterado nuestra existencia». El consejero ha advertido de un «enorme impacto en nuestra economía» tras una «situación inédita y de extraordinaria gravedad, de la que no existen precedentes». Por ello entiende que hoy «más que nunca» son necesarias «decisiones urgentes, medidas extraordinarias y de calado»; y ha defendido la «altura de miras, responsabilidad y eficiencia » del Gobierno andaluz para afrontar decisiones al respecto. Por ello apeló a los grupos políticos a tener en cuenta estas circunstancias para que respalden «la necesidad de contar con una mejor regulación económica« que acabe con la «maraña» burocrática y exceso legislativo que suponen una «pesada carga» para el crecimiento económico de la región.Velasco mantiene que con este decreto crecerá un 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz en los próximos cinco años pese al impacto del coronavirus en la economía.

El portavoz del PSOE en el debate, Manuel Jiménez Barrios, ha reconocido «la buena voluntad» del consejero de Economía, pero opina que «le han metido muchos goles». Ha justificado su voto en contra porque el decreto «mete a Andalucía en una grave inseguridad jurídica» al incluir modificaciones de 27 textos legislativos sin «informe jurídico que lo sustente». También ha criticado la falta de consenso de una reforma legislativa de tal calado, dando sólo a los grupos políticos diez minutos para que en el debate de hoy se pronuncien. Por ello ha anunciado un recurso al Tribunal Constitucional para que la norma vuelva a la Cámara y se debata como proyecto de ley, procedimiento que sí se tendría que contar con los grupos.

En cuanto al contenido, Jiménez Barrios ha subrayado aspectos que considera que no justifican la urgencia, requisito para la aprobación de un decreto-ley. Como ejemplo ha citado la reforma para suprimir el interés turístico de los campos de golf y la modificación de la Ley Audiovisual para permitir que emisoras municipales sean gestionadas por empresas privadas y que, según Jiménez Barrios, suprime que la Junta de Andalucía no contrate publicidad institucional con emisoras piratas. «¿Qué tiene que ver la crisis con que las radios piratas puedan tener publicidad de la Junta? ¿A cuánta gente le hace favores con este decreto?», cuestiona Jiménez Barrios. También ha anotado que la declaración responsable, en la que se sostiene la supresión de trabas urbanísticas, la llevan aplicando los ayuntamientos «desde hace mucho tiempo».

La portavoz del PP, Loles López, ha justificado el rechazo a la tramitación del decreto como ley a que supondría ocho meses de debate para lo que, en su opinión, no hay tiempo. Admite que «no será perfecto, pero facilita mucho» el crecimiento de la economía. «Se trata de eliminar burocracia y facilitar el camino a autónomos y pymes», ha añadido. «Necesitamos una vacuna en el ámbito sanitario, pero también en el ámbito económico, y para esto hay que dar herramientas a los que sostienen la economía de Andalucía», ha agregado. Advierte al PSOE y Adelante que si recurren al Constitucional por aprobarse en una diputación permanente y no en un Pleno también están recurriendo contra los decretos para batallar contra el coronavirus. Estos decretos en materia económica, sanitaria y educativa fueron debatidos y votados después y el PSOE los apoyó y Adelante se abstuvo.

La portavoz de Cs, Mónica Moreno, también defendió la idoneidad del decreto en las actuales circunstancias como un paso más para transformar Andalucía en un territorio apetecible para las inversiones. «Las empresas o se van o no se instalan en Andalucía», lamentó.

Por Adelante Andalucía, la diputada Ángela Aguilera hizo la crítica más contundente al considerar que el decreto permite «desmantelar lo público y hacer de Andalucía una barra libre de especuladores» . «Quita trámites que permiten la especulación, el amiguismo y el todo a cien», añade.

Por su lado, Alejandro Hernández, portavoz de Vox, confirmó su apoyo al decreto, aunque puso reparos en algunas medidas como el fortalecimiento de la Agencia de la Competencia, que, en su opinión, debe suprimirse porque ya hay una nacional.

La supresión de la declaración de interés turísticos para los campos de golf y la de la supervisión de Cultura en obras menores de los cascos históricos son algunas de las medidas que adopta el decreto, que también amplía la apertura de comercios en domingos y festivos, al pasar de los diez actuales a dieciséis para establecimientos con una superficie útil de exposición y venta superior a 300 metros cuadrados. La norma toca normativas de turismo, comercio, salud, industria agroalimentaria, pesca, medio ambiente, urbanismo, energía, servicios sociales, patrimonio histórico y medios audiovisuales. Velasco ha destacado que se modifican ocho leyes de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible y una disposición reglamentaria a fin de «beneficiar al sector agroalimentario andaluz, facilitar la participación en la lucha contra el cambio climático y favorecer la economía circular». También ha defendido la supresión de trabas urbanísticas para que la licencia de una obra no tarde cinco meses o 118 días un permiso industrial como hasta ahora.