Los pensionistas adelantan en Sevilla una nueva oleada de protestas

Desafiando a la lluvia, varias decenas de jubilados recorrieron las calles del centro de Sevilla hasta la sede de la Agencia Tributaria para reivindicar al Gobierno que se revaloricen las pensiones de forma generalizada según el índice de precios y no solo para determinados colectivos, además de que se planifique la garantía de su mantenimiento en el futuro.

La campaña por unas pensiones dignas comenzó el pasado septiembre y tuvo su momento de mayor convocatoria en las movilizaciones del pasado 17 de marzo, cuando un millón de jubilados se echaron a la calle en una protesta nunca conocida en este sector de población.

La protesta ayer en Sevilla fue convocada por CCOO-A, UGT-A y la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). Al frente de la pancarta con el lema 'Sistema Público de Pensiones. Hoy, mañana, siempre. No al 0,25%' estuvieron las secretarias generales de los sindicatos en Andalucía, Nuria Pérez y Carmen Castilla, respectivamente, y el presidente de FOAM, Martín Durá. «Vamos a seguir manifestándonos hasta que se dé solución al problema de las pensiones», manifestó este.

Los sindicatos acusan al Gobierno de aprobar una batería de medidas «sin consenso» con los agentes sociales ni el Pacto de Toledo. «Son actuaciones puntuales, claramente insuficientes, cortoplacistas y discriminatorias porque benefician sólo a una parte del colectivo y pueden generar un enfrentamiento entre los pensionistas con la intención de debilitar la protesta».

El Ejecutivo elevará las pensiones más bajas por encima de la evolución de los precios. Así, las prestaciones mínimas y las no contributivas subirán un 3%, aquellas que no superen los 700 euros al mes lo harán un 1,5% y las que oscilen entre 700 y 860 euros mensuales otro 1%. A su vez, la base reguladora de la pensión de viudedad se incrementará del 52% al 54% y habrá una reducción en la tributación de aquellas prestaciones inferiores a los 18.000 euros. Con estas mejoras se beneficiarán tres de cada cuatro pensionistas (casi siete millones). Sin embargo, los dos millones y medio restantes tendrán que conformarse con la subida mínima del 0,25%. Pero UGT y CC OO consideran que estas medidas «no solucionan, para nada, el problema de las pensiones actuales ni de los pensionistas futuros», de igual forma que «no garantizan el poder adquisitivo de las pensiones ni la futura viabilidad del sistema», que en 2017 volvió a registrar un déficit superior a 18.000 millones. Por eso, los sindicatos se han comprometido a «no parar hasta conseguir derogar la reforma que desarrolló el PP en 2013, que contienen un índice de revalorización y un factor de sostenibilidad destinados únicamente a recortar las pensiones». A su vez, exigen revisar las fuentes de financiación del sistema para hacerlo viable y sostenible, amén de recuperar el consenso en el Pacto de Toledo.

Carmen Castilla defendió como sostenible el sistema de pensiones, pero reclama que se financie adecuadamente y para ello se exige «sueldos justos» que puedan cotizar más. Advirtió que esto será crucial en los p róximos años, cuando aumente hasta 15 millones la cifra de pensionistas al sumarse la generación del 'boom' demográfico de los sesenta.

Nuria López también denuncia la «precariedad laboral» y el «paro estructural» como dos de las grandes dificultades para garantizar las pensiones del futuro. Criticó la reforma del Gobierno del PP en 2013 por sus efectos «devastadores» en la cuantía de las pensiones y en su futuro.