PP y Vox ponen en marcha la comisión de la Faffe pese al boicot del PSOE y el resto de la izquierda

La primera tentativa, en la décima legislatura, ni siquiera llegó a cuajar, ya que la comisión, cuya creación había sido aprobada, no alcanzó a reunirse debido al adelanto electoral decidido por la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz. Otro adelanto electoral, el del año pasado, fue el que impidió que la segunda comisión, que funcionó durante toda la anterior legislatura, consiguiera llevar al pleno un dictamen que ya había sido aprobado en comisión con los votos del PP, Ciudadanos y Vox.

Este martes, los dos grupos supervivientes de aquel acuerdo han constituido la tercera comisión sobre este asunto, que tendrá como presidenta a Maribel Lozano, diputada popular por Jaén, y como objetivo, recoger el trabajo ya realizado y llevar al pleno de la Cámara un dictamen que sí llegue a tiempo a ser aprobado.

Pero esta comisión, a diferencia de todas las que hasta ahora han funcionado en el Parlamento sobre diferentes temas, no contará con la participación de todos los grupos de la Cámara. El PSOE y el resto de las formaciones de izquierda han decidido boicotearlo al considerar que lo que el PP y Vox persiguen es hacer ruido político y que la investigación ya concluyó con el dictamen elaborado el año pasado aunque no haya pasado por el pleno. Frente a la opinión de que la comisión nace deslegitimada al contar sólo con la participación de dos de los cinco grupos parlamentarios, en el PP prefieren ver el vaso medio lleno y recuerdan que los dos grupos que sí tomarán parte suman 72 de los 109 parlamentarios, casi dos tercios de la Cámara.

Ya la semana pasada, tanto el Grupo Socialista como Por Andalucía dejaron pasar el plazo para registrar a los parlamentarios que participarían de la comisión y este martes, horas antes de que ésta se constituyera, se desmarcó Adelante Andalucía. Los dos diputados de este grupo presentaron un escrito proponiendo la creación de otra comisión parlamentaria para investigar todos los contratos de emergencia realizados por la Junta de Andalucía entre 2020 y 2022. A la luz de informaciones publicadas en las últimas semanas, los parlamentarios de Adelante consideran que ha habido un abuso de este tipo de contrataciones tanto en Sanidad como en Fomento y que existen indicios de corrupción.

Este grupo anunció que hasta tanto se cree esta nueva comisión no tomará parte en la de la Faffe. La propuesta de Adelante no tiene visos de prosperar. En el PP, grupo mayoritario de la Cámara, consideran que no está justificada y que lo que propone es una causa general contra la Junta de Andalucía, cuando el reglamento de la Cámara acota las comisiones de investigación a cuestiones muy concretas. Además, entienden que exigir la creación de una comisión para participar en otra supone un chantaje que no están dispuestos a aceptar.

La ya nombrada presidenta de la comisión recordó tras su elección que el reglamento del Parlamento obliga a asistir a los diputados designados miembros de la comisión y apeló al respeto institucional por parte de los grupos políticos.

La comisión volverá a reunirse tras la Semana Santa para diseñar un calendario de funcionamiento y en principio no tiene previsto una fecha tope para elaborar un nuevo dictamen. Lo que sí está descartado de antemano que el texto que se apruebe sea idéntico al anterior

El PP y Vox acuden a la comisión con expectativas diferentes. Los populares consideran que se debe tomar el primer dictamen como punto de partida para completarlo y actualizarlo y convocar sólo a aquellos comparecientes que no hubiesen acudido en el proceso anterior. Descartan volver a convocar a los altos cargos que ya pasaron por la comisión, incluso a aquellos que en su momento se negaron a declarar.

En Vox entienden que se trata de un tema abierto, que aún se está dirimiendo en los juzgados y que si es necesario se debe volver a llamar a personas que ya pasaron por la comisión anterior.

Maribel Lozano explicó que en todo caso de lo que se trata es de que los andaluces puedan conocer «qué pasó en la Faffe, uno de los casos de corrupción que generó más alarma social». Indicó que cuando la comisión vuelva a reunirse se valorarán las propuestas de los grupos políticos sobre nueva documentación o comparecencias que permitan completar el relato de lo que pasó en la extinta fundación. El objetivo, apuntó, es «aclarar o clarificar cuestiones que no quedaron resueltas del todo».