Tribunales en Andalucía

El presidente del TSJA afirma que la Justicia se encuentra «al borde del colapso»

Del Río, ha hecho estas aseveraciones durante la presentación de la memoria del alto tribunal andaluz correspondiente a 2022, en la que se critica que el año pasado no haya habido «ningún avance organizativo, procesal o tecnológico», pese a que los procedimientos no dejan de aumentar y no se logra acelerar la maquinaria judicial.

Estamos, como recuerda, a mediados de 2023, y las leyes anunciadas hace dos años para mejorar el funcionamiento de la Justicia siguen sin salir del horno, y existen «serias dudas -señala- de si serán las fuerzas parlamentarias capaces de aprobarlas». Por eso, ha instado a los distintos grupos parlamentarios a impulsar de una vez las reformas previstas.

El presidente, que ha dejado clara la incapacidad de los tribunales de reducir los asuntos pendientes y el tiempo de respuesta con el sistema actual, ha aludido a la alta litigiosidad de los órganos judiciales andaluces, que ingresaron el año pasado un 4 por ciento más asuntos que el año anterior y quedan un 3 por ciento más de asuntos pendientes.

El magistrado, que ha reconocido sentirse un año más como quien predica en el desierto y que ha comenzado su intervención admitiendo que estamos en un momento «delicado» por los estragos que están causando las protestas en el sector, ha arrancado, como es habitual, con las cifras anuales de asuntos.

El año pasado los tribunales andaluces ingresaron 1.254.304 asuntos frente a los 1.203.452 del año anterior y, con los recursos existentes, «es difícil, por no decir imposible, llegar a un rendimiento óptimo de la Justicia», ha insistido.

«Hay una sobrecarga innecesaria que debe ser objeto de análisis, de reflexión, a nivel parlamentario en una serie de leyes que (...) se pretendía que estuvieran antes del verano aprobadas pero que se están convirtiendo al parecer en las más complicadas o más conflictivas de esta legislatura», ha indicado, antes de enumerar varios mecanismos posibles para aligerarla, como simplificar los procesos o potenciar las sentencias orales.

Al desgranar las estadísticas de 2022, se ha detenido Del Río en el aumento de los concursos de acreedores de personas (con una subida del 199 por ciento) y el aumento de la carga de trabajo de los órganos de lo Mercantil, con un 12 por ciento más que en 2021.

En lo que respecta a las ejecuciones de las resoluciones que dictan los jueces, ha desvelado que hay 475.000 ejecutorias pendientes y, por ende, también «cobros de cantidades ingentes de dinero» pendientes, una situación que impacta directamente en el ciudadano y su bolsillo.

La violencia de género arroja unas cifras que al TSJA no le gustaría dar. La memoria señala que las denuncias han aumentado un 14%, así como que el 80% de las órdenes de protección que se solicitan se conceden. En este capítulo, se apuesta por agrupar partidos judiciales «muy cercanos y limítrofes» para que las víctimas estén mejor asistidas con equipos multidiciplinares. En Granada, sin ir más lejos, se ha pedido que se exitenda a Santa Fe.

Para Del Río, habrá que ir «evaluando» el impacto que ha tenido la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y ahora, este año, la de funcionarios, pues ha habido multitud de suspensiones de juicios y de otros actos procesales.

El paro de los primeros, ha recalcado, ha tenido «una importante repercusión». Basta con ir al dato: más de 30.000 actuaciones fueron aplazadas durante la protesta de los antiguos secretarios judiciales entre enero y marzo, que afectó «intensamente» y «con distinta relevancia» en los diferentes órganos jurisdiccionales.

En su repaso, ha incidido en la necesidad de modernización de la Justicia y de que haya una reordenación de funciones dentro de la oficina judicial. «Hay una pregunta y es si la base que tenemos sostiene el edificio, y yo sinceramente creo que los cimientos están ya resintiéndose bastante», ha apostillado el presidente.