Los primeros pasos del Gobierno PP-Cs

Moreno y Marín cumplieron con la promesa de situar la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones entre las primeras medidas en llevar al Consejo de Gobierno. Y así fue, en la primera reunión celebrada en Antequera el pasado 26 de enero se aprobó la intención, pero también presidente y vicepresidente reconocieron que se tardará meses en que entre en vigor una medida que beneficiará a los que hereden más de un millón de euros. La bonificación del 99% del tributo también para las donaciones de padres a hijos y cónyuges deberá hallar un marco legal. Aprobarla con un decreto ley no se justificaría con un procedimiento para medidas urgentes. Cualquiera que sea la fórmula será difícil que entre en vigor este año.

La forma más rápida de aplicar la rebaja del impuesto de sucesiones y del tramo autonómico del IRPF, también contenido en las 21 medidas para los cien primeros días, es la de incluirlas en la ley del Presupuesto de 2019. PP y Cs han acordado que esta no se someterá a votación en el Parlamento antes de las elecciones municipales del 26 de mayo, dado que tendrán que negociar con Vox el apoyo necesario. Por tanto, no habrá rebajas de impuestos en los primeros cien días, que se cumplen a mediados de abril. El Gobierno funciona con el Presupuesto prorrogado de 2018 de 34.759 millones de euros. Sobre las nuevas cuentas, el presidente ya ha dicho que serán «expansivas» y habrá incremento de las partidas para sanidad, ahora cifradas en torno a diez mil millones de euros.

El compromiso del PP y Cs en materia de regeneración política en su pacto era el encargo de una auditoría interna a la Cámara de Cuentas y otra externa sobre la Junta de Andalucía en general y los entes instrumentales y agencias públicas en particular. La decisión por ahora es examinar 14 entes instrumentales a través de la Intervención General de la Junta y la Cámara de Cuentas. Entre ellos se encuentra la agencia IDEA, bajo el foco judicial con varios procesos como el de los ERE; y también la RTVA. El presidente ha advertido de supresión de lo que no funciona. Entre los examinados no está el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que incluye a la Faffe (la fundación extinta de formación para el empleo objeto de numerosas críticas por PP y Cs por enchufismo de socialistas). Cabe la posibilidad de que el bipartito prime la comisión de investigación sobre la Faffe, también bajo prisma judicial, en el Parlamento. Ya se constituyó la pasada legislatura, pero decayó con las elecciones. Su reapertura está entre las 21 primeras medidas. Tampoco se encuentra entre los entes públicos que deben ser auditados la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), la de las embajadas comerciales que Vox exigió al PP suprimir para respaldar la investidura. Pasarán a depender de las competencias del PP, pese a que en anteriores gobiernos estuvieron en las áreas económicas que ahora llevará Ciudadanos. Moreno ha dado 45 días para la conclusión de las auditorías.

La RTVA o Canal Sur será auditada por la Cámara de Cuentas para conocer su «eficiencia y eficacia», según Moreno. El presidente anunció que su partido y Cs compartirán la responsabilidad política de su gestión y anunció la creación de un nuevo ente para ello. También insinuó una reforma de la ley de la RTVA que permita la renovación del consejo de administración y la dirección de la cadena pública con una mayoría del Parlamento distinta a la actual, tres quintos, 66 diputados, lo que les obliga a pactar con PSOE o Adelante cualquier nombramiento además de con Vox. El bipartito se encuentra con un importante escollo para cualquier plan sobre Canal Sur, el blindaje que tiene en el Estatuto de Autonomía. Este exige la mayoría cualificada en la toma de decisiones. PP y Cs estudian si por mayoría cualificada puede entenderse la mayoría absoluta más uno o dos votos. Con Vox, sumarían y salvarían el escollo del Estatuto para controlar los cambios en la cadena.

El acuerdo PP-Cs contiene el fin a las llamadas subastas de medicamentos o concursos de compra pública de fármacos, exigido por organizaciones farmacéuticas. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha corroborado que no habrá más subastas. Hasta ahora y desde 2012 se han celebrado once y el PSOE argumenta que la Junta se ha ahorrado 568 millones de euros por ello hasta 2017. Tampoco será una medida que se pueda poner en práctica de inmediato. El nuevo Gobierno tendrá que mantener los actuales contratos de compra pública vigentes con las adjudicatarias hasta 2020, aunque no vuelva a poner en marcha ninguno más.

El presidente avanzó esta semana la apuesta del bipartito por la colaboración público y privada para la gestión de servicios o infraestructuras «a lo largo y ancho de Andalucía». Lo hizo en la inauguración de una residencia de ancianos en Lanjarón con esta fórmula, que ya existía en la Junta. El PSOE lo hizo con los metros y fracasó cuando lo intentó con las autovías.