Aunque parezca imposible, no todo en política tiene por qué resultar sospechoso. Cuando el debate se traslada, por asuntos aparentemente ordinarios, de los parlamentos a los juzgados, la gestión pública se convierte en un incordio que espanta a los ciudadanos. Conviene ganar la confrontación con argumentos y no con pleitos y contenciosos. Cierto es que los juzgados son, a veces, la única vía posible cuando se limita la transparencia. Pero en otras muchas ocasiones son la herramienta fácil para ganar presencia y titulares; con instrucciones que se alargan hasta contaminar los procesos electorales.
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No es la política, son los negocios.
La salud ha sido siempre -no se ha inventado ahora- uno de los principales frentes de oposición y polémica. Y la pandemia extendió la duda sobre los contratos y adjudicaciones tan millonarias como necesarias. Muchos hicieron un servicio público; unos cuantos se aprovecharon.
Un lustro después, los contratos del SAS son objeto de recursos y denuncias permanentes por parte de la oposición en Andalucía. Se cierran unas diligencias y se intentan abrir otras. Bien por el supuesto abuso de las adjudicaciones por emergencia o, ahora, por el presunto fraccionamiento irregular, como investiga un juzgado de Cádiz a instancias de Podemos. No hay noticias de que la misma causa -o parecida- haya avanzado en Córdoba, Jaén o Huelva. Que se investigue siempre es saludable para un sistema democrático. También, que después se diriman responsabilidades.
La próxima semana declararán como testigos dos interventores y dos jefes de servicio. Pero hasta en el momento más insospechado las cañas se pueden tornar lanzas. Es lo que me cuentan, a la espera de las comparecencias y alegaciones en sede judicial. Según fuentes que han visto los expedientes, se trataría de compras de productos con patentes, que los laboratorios implicados tienen en exclusividad. Los precios estarían además fijados por la Comisión Interministerial de los Medicamentos. Por el Gobierno. Poco enjuague cabe.
En algunas regiones se trata de una práctica regulada y habitual. En Baleares o Navarra, por ejemplo. Lo que es legal en una comunidad difícilmente puede ser irregular en otra.
La salud -como otros muchos campos- tiene puntos sujetos a crítica. Pero esto es distinto a que exista -o no- causa penal.
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