PP y Cs relacionan su pacto en Andalucía con la moción de Sánchez con el voto de los separatistas

El documento incluye un encabezamiento en el que PP y Cs relacionan el pacto para el cambio en Andalucía como respuesta a la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy el pasado mayo y que contó con los votos de los separatistas catalanes, además de los nacionalistas vascos y Unidos Podemos. El texto subraya que el pasado día 2 de diciembre los andaluces votaron «cambio» y lo hicieron «en un contexto que no se puede obviar», pocos meses después de que el actual Gobierno de España «pactase su investidura y su acción de gobierno aliándose con quienes sólo quieren romper la unidad de España».

«Los andaluces nos han revelado, entre otros, un mandato claro: Que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía defendamos la unidad de España Constitucional frente al independentismo radical, haciendo que el pueblo español siga siendo el sujeto de la soberanía nacional».

Este preámbulo unifica de alguna manera a los tres partidos de la derecha que deben pactar para gobernar en la Junta, PP, Ciudadanos y también Vox. Sin embargo, el primer punto del texto incluye además de «la defensa de la unidad de España», la del «Estado de las Autonomías», lo que marca diferencias con las proclamas de Vox de suprimir el sistema político autonómico.

Bajo el epígrafe 'Tolerancia cero con la corrupción', el documento subraya que serán apartados los cargos de ambos partidos cuando sean «imputados formalmente» por delitos de corrupción hasta «la decisión definitiva del órgano judicial». El término 'imputado' no figura en la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde su reforma en 2015. Pasó a llamarse 'investigado' en la fase de instrucción y 'encausado' tras el auto formal de acusación. PP y Cs no precisan en qué fase de las dos debería abandonarse el cargo. El PP siempre defendió el cese al ir a juicio. El matiz es relevante. La medida incluye a cargos locales y supondrá el compromiso de que ni PP ni Cs podrán incluir en las próximas listas municipales a 'imputados'. Si se les considera tales en la fase de instrucción afectaría, entre otros, al actual alcalde de Roquetas, presidente de la Diputación de Almería y presidente provincial del PP, Gabriel Amat.

El acuerdo incluye un amplio apartado de cambios en la administración andaluza con el objetivo de despolitizar esta, incluso con una ley que garantice la profesionalidad y honestidad de las personas al servicios de las instituciones públicas. Proponen reducir los altos cargos «a los estrictamente necesarios». Estos tendrán dedicación exclusiva y no podrán cobrar dietas por acudir a reuniones. Habrá una distinción entre directivos públicos, de carácter técnico, y altos cargos, de índole política. Entre los primeros se incluirán los directores de las agencias, fundaciones, sociedades y entes públicos, quienes serán elegidos en concurso público durante un periodo de seis años.

Sueldos más altos

Habrá homologación de los sueldos de los cargos de la Junta con los del Gobierno de España. El consejero en funciones de Economía y Hacienda de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, advirtió que las tablas retributivas del Gobierno son un 50% más altas que las de la Junta, por lo que deduce que la futura coalición PP-Cs se subirá los sueldos.

Respecto a los órganos de extracción parlamentaria, PP y Cs se proponen llevar a cabo una transformación importante. Estos órganos son la Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual, la Oficina del Defensor del Pueblo y la RTVA. Además de crear un grupo de trabajo que estudie la «las posibilidades de redimensionamiento» de Canal Sur, se comprometen a implantar un nuevo procedimiento para la selección de los miembros y consejeros «que garantice su despolitización». Para ello habrá una preselección por méritos y experiencia antes de que el Parlamento vote sus nombramientos «por mayoría reforzada, con mecanismos que eviten la posibilidad de bloqueo». Esto último abre la puerta a que la composición del consejo de administración de la RTVA, bloqueado desde hace cuatro años, pueda renovarse por mayoría absoluta, cuando ahora es necesario dos tercios del Parlamento.

Díaz, sin sitio en el Consultivo

Aunque incluyen como órgano de extracción parlamentaria al Consejo Consultivo, este órgano asesor en lo jurídico depende del Gobierno y no del Parlamento. PP y Cs proponen su supresión y que el asesoramiento lo hagan los propios servicios jurídicos de la Junta. Entre sus consejeros natos figuran los expresidentes de la Junta hasta los 65 años. Solo Rafael Escuredo lo ha sido, pero una vez jubilado y como consejero electivo. Hasta el pasado año había una norma no escrita por la que el Gobierno incluía consejeros a propuesta del PSOE y del PP. Susana Díaz rompió esta tradición y dejó sin representante popular al Consultivo. Con su supresión, tampoco Susana Díaz podrá formar parte del mismo si decidiera retirarse de la política.