La Justicia condena diez años de corrupción política en la Junta de Andalucía

«La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales, llevó a los responsables de la Junta Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos», dice la sentencia. El tribunal ha absuelto al que fuera interventor general Manuel Gómez, que emitió hasta quince alertas de irregularidades en el uso de las transferencias de financiación como sistema de pago de las subvenciones; y al jefe de los Servicios Jurídicos, Francisco del Río. El fiscal pedía cárcel para el primero e inhabilitación para el segundo. También han salido libre de cárcel Jacinto Cañete, exdirector general de IDEA, aunque sí con penas de ocho años de inhabilitación Del mismo modo han sido librados de ir a prisión los secretarios técnicos de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina, pero sí se les condena a penas de inhabilitación.

La dura condena tendrá recorrido en los próximos meses, ya que con toda seguridad acabará en el Tribunal Supremo, quien en última instancia decidirá sobre el mayor caso de corrupción juzgado en Andalucía.

El tribunal, presidido por Juan Antonio Calle Peña, y auxiliado por las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez, ha guardado de manera férrea el contenido de la sentencia. Ha llegado con ella cinco minutos antes de las 12.000, hora de la citación de los acusados. Todos han llegado acompañados por sus abogados entre una gran expectación de medios. Una vez dentro han recibido el 'pendrive' con las deliberaciones del tribunal.

«Lo peor es que los acusados no tienen conciencia de haber delinquido», comentó un abogado al entrar a la Audiencia de Sevilla. La condena, conocida este mediodía supone un enorme varapalo para el PSOE, partido que construyó la autonomía de Andalucía y ha gobernado esta Comunidad 37 años, hasta el vuelco de las tres derechas (PP, Cs y Vox) del pasado 2 de diciembre. El PSOE andaluz ha sido la espina dorsal de este partido en su historia democrática. También en las pasadas elecciones, en las que Pedro Sánchez cosechó aquí 25 de los 120 diputados al Congreso que le permite aspirar a seguir viviendo en La Moncloa como presidente. El fallo, que será recurrido al Tribunal Supremo, coincide con las negociaciones de Pedro Sánchez para su investidura y la formación de un nuevo gobierno socialista tras la etapa del PP con Mariano Rajoy, que fue apeado de la Moncloa por una moción de censura tras la sentencia de la Gürtel que condenaba al PP por financiación ilegal.

A ninguno de los encausados de esta pieza política de los ERE se les acusaba de enriquecimiento ilícito; tampoco ha habido ni menciones de financiación ilegal del PSOE, aunque en las acusaciones del PP y en parte de la instrucción se señaló otro tipo de aprovechamiento, el del clientelismo político con lluvia de millones de euros cada año para sujetar el desempleo endémico de la comunidad. Para el PP, acusación particular desde el principio de la macrocausa, la sentencia deja un sabor …. Desde el principio señaló responsabilidades de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, primero políticas en la comisión de investigación realizada en el Parlamento en el verano de 2012.

El juicio giró en torno al procedimiento específico para la concesión y pago de las ayudas sociolaborales a prejubilados en expedientes de regulación de empleo de empresas en crisis y ayudas directas a estas, 680 millones de euros desde 2001 (cuando la Consejería de Empleo firmó un convenio marco sin publicar en el BOJA con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), agencia pública luego llamada IDEA) hasta 2009, a partir de cuyo año se modificó el sistema de pago de las ayudas de las transferencias de financiación, que las acusaciones y el instructor último de la causa consideraba ilegal. La mayoría de acusados y condenados pertenecen a las consejerías de Empleo, responsable directa de las ayudas sin reglar, del IFA, que pasó luego a depender de la Consejería de Innovación, y de la Consejería de Hacienda, responsable de dotar de presupuesto un sistema de ayudas calificado de irregular por la propia Intervención General de la Junta.

La macrocausa de los ERE tuvo su origen en los casos de Mercasevilla, mercado mayorista de titularidad pública y privada, a cuyos gerentes unos empresarios sevillanos acusaron de soborno. La grabación de estos sobornos, luego condenados sus autores, llegó primero a la Fiscalía por parte de la Consejería de Empleo a instancias de Manuel Chaves, que tuvo conocimiento de ello por su entonces jefe de gabinete, Juan Gallo. Si bien, el entonces concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), luego alcalde, denunció los hechos ante los juzgados de Sevilla, recayendo en el número 6 la investigación, cuya titular entonces era Mercedes Alaya. La investigación llevó a esta a toparse con falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo (ERE) de Mercasevilla, uno de ellos militante socialista de Jaén, Garrido Santoyo. La aparición de intrusos en estos ERE llevó a Alaya a tirar del hilo de otros expedientes de prejubilaciones pagadas por la Junta, encontrándose otros intrusos. Alaya abrió diligencias separadas en enero de 2011, comenzando entonces una investigación que solo dos meses después la instructora consideró de mayor alcance, situando a la cúpula de gobiernos socialistas en una pirámide de responsables para conceder ayudas sin orden legal para ello y de manera discriminatoria con un procedimiento para evitar controles previos, el de las transferencias de financiación al IFA-IDEA. Nueve años después se conoce la primera sentencia.

La macrocausa de los ERE acumula 507 imputados y 146 piezas desde que la sustituta de Alaya, la jueza María Núñez Bolaños, dividió el caso en piezas a instancias de la Fiscalía. El magistrado que terminó de instruir la pieza política de la que hoy se conocen las condenas fue Álvaro Martín, quien rebajó a la mitad los primeros 50 procesados por Alaya de las cúpulas socialistas, dejando fuera a tres exconsejeros de la Junta y a directivos bancarios como Braulio Medel que formaron parte del consejo rector del IFA. Terminó la instrucción mediante procedimiento abreviado y lo elevó a la Audiencia de Sevilla para juicio en otoño de 2016. El juicio por la sección primera con el magistrado Juan Antonio Calle Peña como presidente comenzó el 13 de diciembre de 2017 y quedó visto para sentencia el 17 de diciembre de 2018 después de 152 sesiones. En el proceso de los ERE ha habido algunas variaciones: La Junta de Andalucía, que se personó como acusación en la macrocausa, no lo hizo en la pieza política. PP y Manos Limpias han ejercido la acusación popular. También ha habido controversia en la cifra de las ayudas cuestionadas. El instructor las cifró en 855 millones de euros desde 2000 a 2012, mientras la Fiscalía lo cifró en 741 millones, pero al final ha quedado acotada a 680 millones al reducir las fechas investigadas de 2001 a 2009. Este juicio no dirime si hubo fraude o no del dinero entregado. Muchos de los 6.096 prejubilados beneficiados siguen cobrando las ayudas. La Junta de Andalucía inició procedimientos de reintegro de 135 millones de euros de aquellas subvenciones directas que consideraba fraudulentas, no recuperando hasta la fecha más que 4,3 millones de euros.