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La sentencia de los ERE tiene una conexión granadina. Miguel Ángel Serrano, onubense de nacimiento, desarrolló gran parte de su carrera profesional en Granada, donde fue diez año gerente provincial del IFA y director general de Cetursa -la sociedad que gestiona la estación de ... esquí de Sierra Nevada- entre 2000 y 2004. De aquí saltó a Sevilla como director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA (2004-2008), para ocupar después otros puestos directivos. Es por su actuación en IDEA por la que resultó investigado en el caso de los ERE.
La sentencia que se ha conocido hoy condena a Serrano a seis años y medio de prisión e inhabilitación absoluta por 17 años y un día por un delito continuado de malversación y otro continuado de prevaricación. Según la magistrada que inició la instrucción, la agencia se convirtió en el «compañero perfecto» de la Consejería de Empleo y «falseó» su presupuesto para llevar a cabo el «ilícito sistema de concesión de subvenciones» del «fondo de reptiles», expuso Mercedes Alaya en un auto fechado el 13 de mayo de 2014. Según la investigación, Serrano despachaba prácticamente a diario con el entonces consejero de Innovación, Francisco Vallejo.
La sentencia de los ERE sostiene que, entre junio de 2004 y mayo de 2008, Serrano firmó más de 40 convenios de ayudas sociolaborales y a empresas con la Dirección General de Trabajo, al frente de la que estaba Francisco Javier Guerrero. IDEA recibía las transferencias de financiación para pagar los convenios particulares. Pero -expone la sentencia- se excedieron los «compromisos asumidos en los convenios» y la agencia ingresó menos dinero del que pagaba, produciéndose un descuadre. Serrano era el responsable de formular las cuentas anuales de IDEA y «tuvo conocimiento del uso inadecuado de las transferencias de financiación». «Desde ese momento conoció y consintió la utilización indebida de la agencia como entidad colaboradora», añade. Serrano era «plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó» y asumió que el presupuesto del programa 31L -el de los 'fondos de reptiles'- sirviera a «fines ajenos al fin público al que estaba destinado».
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