La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado abrir diligencias previas contra el parlamentario andaluz y juez en excedencia Francisco Serrano tras admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía Superior de Andalucía por un presunto ... delito de fraude de subvenciones o delito de estafa. Serrano, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en diciembre de 2018, abandonó este partido tras la querella de la Fiscalía el pasado junio, pero no su escaño de parlamentario, por lo que en su condición de aforado es el alto tribunal andaluz el competente para investigarlo.
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La Sala además se ha declarado competente para investigar al socio del diputado (Enrique Pellegrín) objeto de la querella pese a carecer de aforamiento «al apreciarse indivisibilidad de la causa, por cuanto en la querella se parte de una actuación orientada al mismo fin delictivo», recoge el auto
La Fiscalía se querelló contra el diputado andaluz y socio al inducir tras las pesquisas realizadas que Serrano y su socio recibieron en 2016 una subvención reembolsable del Ministerio de Industria de casi 2,5 millones de euros para un proyecto empresarial que nunca realizaron, una fábrica de pellet (compuesto de madera) en Niebla (Huelva). En el auto del TSJA, al que ha tenido acceso este periódico, la sala sostiene que la documentación aportada por el Ministerio Público «hace imprescindible comprobar« si Serrano y su socio constituyeron una sociedad »con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes« con el fin de ser beneficiarios de la subvención del Ministerio de Industria »generando una apariencia de capital social suficiente para alcanzar los umbrales mínimos de viabilidad económica y financiera y para servir de base para el importe de la ayuda solicitada de 2.489.000 euros)».
La investigación judicial, prosigue el auto, tratará de esclarecer «si esas cantidades fueron empleadas total o parcialmente para fines distintos a aquellos para los que se concedió el préstamo público».
Serrano y su socio debieron devolver al Ministerio de Industria la ayuda en agosto de 2018. El caso fue denunciado por la asociación de consumidores FACUA y el propio Ministerio de Industria. El juez en excedencia declaró a Europa Press que él se salió de la sociedad en 2017 y nunca accedió al dinero.
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