Voracidad legislativa

Una semana después, este martes pasado, el Gobierno de la Junta anunciaba el nuevo plan normativo para 2018 con 12 nuevas leyes y 75 decretos a un año justo de celebrarse las elecciones autonómicas y con solo ocho meses por delante de actividad parlamentaria. A esta nueva programación legislativa del Ejecutivo andaluz se suman las 30 leyes del plan de 2017, de las que se han remitido a la Cámara andaluza trece de ellas. Las otras nueve se enviarán «de forma inminente», aseguró el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios. El Gobierno autonómico también aprobó el pasado año tres decretos leyes y 122 decretos. En total, 138 normas de las 228 previstas.

Los planes con la previsión de nuevas leyes obedecen a la aplicación de la norma estatal de procedimiento común de las administraciones públicas. Jiménez Barrios hizo hincapié en que este 2018 hay menos producción dado que no se ha cumplido al cien por cien el plan del pasado año. Con todo, el vicepresidente puso el acento en que no se trata solo de cantidad, sino de normas que sirvan para «resolver los problemas de la gente, mejorar los servicios públicos y los derechos de las personas». Una aseveración que parecía entonar con el lamento del presidente de la CEA días antes.

La pregunta que se hace González de Lara es si después de 36 años de autonomía hay «tantos vacíos legales» que llenar y cuestionaba que se regulasen asuntos que ya cuentan con una normativa estatal. Desde que el Parlamento de Andalucía se constituyó por primera vez en junio de 1982, este ha tramitado 395 leyes hasta marzo de este año. Entre ellas se encuentran las leyes anuales de presupuestos y decretos leyes, además de que muchas de las normas son reformas de otras anteriores. Aún así el número parece excesivo para la patronal. «La propia legislación europea lo dice, hay que regular menos, pero mejor para que se cumplan los principios de eficiencia, seguridad jurídica, simplicidad y transparencia», manifestó González de Lara a este periódico refiriéndose no solo a la Junta, sino también a los ayuntamientos.

La llamada de atención, reiterada por el presidente de la CEA numerosas veces en los últimos años, choca con la actividad del Parlamento en una legislatura en la que los grupos políticos nuevos, Podemos y Cs, pugnan con el Gobierno de la Junta por llevar la iniciativa legislativa. Cs lo ha hecho a través de un acuerdo de investidura, que incluía 11 leyes, de las que solo cinco han entrado en la Cámara. En las últimas semanas el portavoz de Cs, Juan Marín, ha presionado al Gobierno de Susana Díaz para que cumpla lo prometido. En el paquete anunciado por Jiménez Barrios se incluye algunas normas del pacto como la ley de Agricultura, pero no la reforma de la ley Electoral, una de sus grandes apuestas. Cs ha tomado este año por primera vez la iniciativa de legislar sin el consenso del PSOE, como la reforma de la ley de la RTVA para desbloquear su renovación.

Podemos, que también ha presentado una reforma de dicha ley, compite con el Gobierno de la Junta en iniciativa legislativa. Solo en dos ocasiones su casi veintena de intentos han fructificado, la ley de Senderos y la de LGBTI, una vez pactadas ambas con el PSOE. En el listado del vicepresidente para este año figura la ley de Caminos Rurales, otra idea de Podemos. Este partido ha acabado por ceder el protagonismo de su presentación al Gobierno a cambio de pactar su contenido con la Consejería de Medio Ambiente. Pero Podemos está en la posición contraria a la CEA y considera que la acción legislativa es el principal instrumento para mejorar la vida de las personas y no debe haber límite para ello. Incluso en su reforma de la ley electoral reclama que el Parlamento pueda admitir y debatir leyes aunque no esté constituido el Gobierno.

El dirigente de la patronal andaluza advierte de las consecuencias de tanta ley nueva en el mundo de las empresas, sobre todo de las pequeñas, que son la mayoría en Andalucía. «Muchas veces se redacta una ley y no se piensa los efectos en la economía que pueda tener, y los tiene», añade.

La CEA ha tenido encontronazos con los grupos en la tramitación de dos leyes de actualidad, la de Medidas frente al Cambio Climático y la de Promoción de una Vida Saludable, ambas en trámite parlamentario. González de Lara ha manifestado estar de acuerdo con los objetivos, pero teme que el desarrollo de las normas implique una fiscalidad encubierta. Sobre la primera, la confederación empresarial ha llegado a «pelear duro» porque entendía que la norma aplicaba otro impuesto a las empresas por la emisión de gases que afectaría a los sectores del comercio y servicios. La patronal informa que se ha podido llegar a un acuerdo, pero después de presentar una treintena de dictámenes o informes internos a los grupos.

Sobre la ley contra la obesidad, la CEA objeta que la Junta imponga obligaciones a las empresas dedicadas al sector de alimentación, restauración o servicios de comedor en colegios distintas a las ya existentes en el territorio nacional, lo que «supondría una desventaja competitiva para el tejido productivo andaluz».