«A Rafael le dieron anestesia para un caballo... y falleció»

Rafael se lo pensó mucho antes de someterse a un transplante de pelo. Consultó los servicios que ofrecían muchas clínicas. Se informó en medios especializados. Pero se acabó de decidir por la clínica de Bilbao cuando vio un anuncio en el que aparecía el exjugador del Athletic Ismael Urzaiz, según explica su familia en una conversación con EL CORREO. Le pedían casi 5.000 euros, pero irse fuera de España le daba pocas garantías. Lo que Rafael primaba era la seguridad.

Es la primera vez que los hermanos de Rafael conceden una entrevista a un medio de comunicación. Han estado callados todos estos años porque no tenían fuerzas para revivir todo aquello y querían llevar el proceso de forma discreta. Tampoco quisieron hablar cuando, en un primer momento, la Justicia archivó su demanda en base a un informe forense que ha «quedado en entredicho». Ahora, la Audiencia de Bizkaia ha ordenado reabrir el caso y ha pedido que se amplíe la autopsia que en su día se realizó a Rafael en base a los informes periciales aportados por su familia. Hablan ahora porque quieren justicia, quieren que se les escuche. Exigen que no vuelva a pasar algo así. «Nadie puede perder la vida por ponerse cuatro pelos. A nuestro hermano le dieron anestesia para un caballo para poder hacerlo todo más rápido», denuncian.

Rafael viajó hasta Bilbao el 26 de abril de 2019, se despidió de su pareja y se introdujo en el centro médico. Eran las ocho y media de la mañana. Se colocó boca abajo en una camilla para comenzar la intervención. Allí le esperaba un médico. Según su familia, desde el primer momento empezaron a acumularse una serie de irregularidades. No le hicieron pruebas previas. El doctor que le iba a hacer el injerto de pelo era el mismo que le aplicó la anestesia. No tenía el apoyo de alguna enfermera o auxiliar. Tampoco le habían puesto una vía para poder suministrarle medicamentos y no estaba monitorizado. Pero hay más. Según se demostró en el juicio, la enfermera que supuestamente le leyó el documento con los posibles riesgos de la operación y que le recogió el consentimiento ni siquiera estaba en la clínica aquella mañana.

Las alarmas saltaron apenas tres cuartos de hora después de entrar en el quirófano. Ya le habían dado 16 pinchazos de una solución de lidocaína. El médico que le estaba operando vio que a Rafael se le había caído el móvil de la mano. Empezó a convulsionar y poco después entró en parada cardiorrespiratoria.

El doctor pidió ayuda y trataron de reanimarle allí mismo. La primera ambulancia que llegó era de soporte vital básico. Es decir, insuficiente para la gravedad del estado de salud de Rafael. Llegó una segunda unidad que le llevó al hospital de Basurto. Después fue trasladado al hospital de Valdecilla, en Cantabria. Cuando llegó apenas tenía un 1% de actividad cerebral. Al día siguiente se certificó su fallecimiento. «En el hospital nos dijeron 'a vuestro hermano le han matado. Nadie se muere por eso'», subrayan sus hermanos.

La familia no denunció en un primer momento. El primer informe forense del hospital dictaminó que Rafael había muerto por el síndrome de Brugada, una afección cardíaca que puede traducirse en muerte súbita. Les dijeron que se trataba de una afección hereditaria y les recomendaron que se hiciesen pruebas por prevención. La sorpresa -y la indignación- surgió cuando los resultados de los otros cuatro hermanos y de su hija, que acababa de nacer, dieron negativo.

Fue entonces cuando se decidieron a denunciar. La primera reclamación judicial por homicidio imprudente fue archivada en base a ese primer dictamen forense. Pero la familia ha seguido peleando y ha presentado informes periciales que, entre otras cosas, insisten en que Rafael tenía todavía rastros de lidocaína (anestesia) 20 horas después de la intervención. En base a estas nuevas evidencias, la Audiencia ha ordenado reabrir el caso y realizar una ampliación de la autopsia. Dermitek no ha querido dar su versión de lo ocurrido.