El derribo del Monumento a 'Los Coloraos'

Pocos sucesos serán objeto de más mitos, leyendas e interpretaciones sesgadas en la historia de Almería que el derribo del Pingurucho de 'Los Coloraos' en mayo de 1943. Un hecho un tanto singular dado que hay información suficiente sobre el suceso pero que resulta lógico por tres razones. La primera es que la dictadura franquista no sólo hurtó a la ciudadanía de la decisión de derribar el monumento sino que sus autoridades locales nos privaron de, al menos, una deliberación pública sobre el tema. La segunda es que el acontecimiento, representación y relato de la tragedia de 'Los Coloraos' se ha convertido –desde sus inicios– en un campo de batalla político y cultural de los almerienses. La tercera es que gran parte de los eruditos e investigadores que se han acercado al tema no eran especialistas en la historia del franquismo sino que eran, en el mejor de los casos, expertos en liberalismo y republicanismo, y en el peor, simples polemistas interesados.

En estas líneas pretendemos narrar los principales hechos del derribo del monumento y sostenemos una argumentación que recientemente defendí en unas jornadas organizadas por el Instituto de Estudios Almerienses para conmemorar el Bicentenario de la gesta y tragedia de 'Los Coloraos'. A grandes rasgos nuestro argumento fue que el conflicto político en torno a la interpretación del derribo del monumento no ha hecho más que ocultar o esconder al principal responsable del mismo. Este no fue otro que el establishment, la mismísima clase dirigente u oligarquía almeriense.

El conflicto en torno a cómo interpretar el derribo del 'pingurucho' se puede resumir en las diferentes interpretaciones sobre un mismo documento. Nos referimos al famosísimo oficio del delegado político del distrito quinto de Falange que de WhatsApp en WhatsApp se ha hecho viral en nuestra ciudad. El contenido del mismo es bien conocido. Básicamente expone la petición de los falangistas de que el alcalde haga desaparecer «dicho monumento que desdice de una ciudad que está bajo el signo del Yugo y las Flechas». Menos conocido, en cambio, es el reverso de este documento. En la vuelta de esa misma hoja el alcalde, Vicente Navarro Gay, anota de su puño y letra: «Que se le conteste que hace tiempo se ha tomado el acuerdo de trasladarlo a la Plaza de Pavía». Así, paradójicamente, un mismo documento contiene «la prueba» de las dos grandes interpretaciones del hecho. Sobre un mismo papel se han sustentado las dos teorías enfrentadas sobre el derribo.

La primera interpretación –la de las izquierdas– sostendría que se trató de un acto de barbarie fascista manteniendo que el principal responsable del derribo no fue otro que la Falange. Un argumento que se ha basado en sostener que el delegado ordenó al alcalde que tomara tal determinación. La segunda interpretación –la de las derechas– defendería, en cambio, que no hubo ninguna demolición sino que lo que las autoridades realizaron fue un traslado del monumento a la Plaza de Pavía. Así, los principales responsables de la desgracia no fueron las autoridades sino la miseria reinante y la desidia y poco civismo de los vecinos de la Plaza Pavía que, como veremos, vandalizaron los sillares y restos del 'pingurucho'.

Aquí sostenemos que ambas interpretaciones contienen visos de verdad pero que son erróneas en su interpretación histórica. Nuestra tesis se apoya sobre tres ideas. La primera es que el derribo del monumento sólo pudo producirse y sólo puede entenderse en el contexto de la visita del General Franco. Ya antes se había mostrado malestar con el pingurucho –en marzo de 1941 el periódico local Yugo se quejaba del «horripilante obelisco que recuerda todavía a los mártires de la Constitución»–, pero el ambiente enconado y decidido contra el mismo sólo puede entenderse en medio de la euforia por la decisión de la adopción de la ciudad por parte del Caudillo, así como del éxtasis, entre los cuadros políticos del franquismo, causado por el anuncio de la visita del Generalísimo. En palabras del gobernador civil y jefe provincial de FET-JONS, el anuncio de la visita de Franco había producido «un extraordinario y real fervor en la Falange y en la población entera». Según el parte informativo a la Delegación Nacional de Provincias de mayo de 1943, «los almerienses todos esperan con ansiedad creciente el momento en que Franco entre en las calles de Almería para aclamar y bendecir al Salvador de la Patria».

La segunda idea es que la responsabilidad de la decisión del derribo del pingurucho recae directamente en dos cargos: el alcalde, Vicente Navarro Gay, y el gobernador civil, Manuel García del Olmo. Creer, o sostener, que el delegado político de distrito de Falange podía ordenar nada a un alcalde franquista es no comprender el funcionamiento de la política en la dictadura. Es, si me permiten la comparación presentista, como creer que el líder de una asociación de vecinos puede imponer nada a nuestra actual alcaldesa. La documentación, además, corrobora este argumento. Así en la sesión extraordinaria del 17 de abril el alcalde informa a la Comisión Gestora de la reunión que ha mantenido con el gobernador civil para acordar los «actos que se deben celebrar para honrar a nuestro invicto Caudillo así como las medidas necesarias para poner nuestra Ciudad en condiciones de recibir a tan ilustre huésped». Y solicitaba se le concediera autorización «para llevar a efecto todo lo acordado en la reunión […] y poder efectuar el pago de los gastos» de los arreglos que se lleven a cabo. Un permiso que, obviamente, fue concedido y al que, tras el derribo del pingurucho, se refirió el delegado de Fomento, José Fornieles, cuando explicó que el alcalde «ordenó los trabajos», realizados por la empresa Duarin S.A., obrando dentro de las facultades que la Comisión Gestora le dio para «que ejecutase sin limitación alguna cuantas obras creyera precisas en la ciudad, con motivo de la llegada de S.E. el Jefe del Estado».

La tercera idea es que ni la ideología ni la familia política de los responsables del derribo era exactamente fascista sino que, más bien, ambos pertenecían a la corte política provincial en la que se sustentó el anterior gobernador, Rodrigo Vivar Téllez, tras su llegada a Almería y ésta no era otra que la de los católicos fascistizados. Tal y como mostramos en nuestro libro Miserias del Poder (Valencia, PUV, 2013) la llegada a Almería de Vivar Téllez supuso la creación de una elite política más allá de las dos facciones hasta entonces enfrentadas: fascistas y caciques. Para la construcción de esta nueva corte utilizó a sectores vinculados con el Socorro Blanco y la Falange clandestina en gran medida construida con las redes familiares y de amistad del tradicionalismo y del catolicismo político como eran Manuel Mendizábal o Vicente Navarro. También cooptó a profesionales del Derecho sin pasado político aparente caso de Manuel García del Olmo o Juan José Pérez Gómez. Un último centro de extracción fueron los funcionarios vinculados a la educación y a la sanidad o al cuerpo de ingenieros y el ejército. Estas consideraciones nos sirven para definir a los responsables del poder provincial y local en Almería como católicos fascistizados. Efectivamente, existió una coalición contrarrevolucionaria y hubo fascistas en el poder, mas el carácter de clase del régimen era claro y notorio. La dictadura, un régimen parafascista como la Francia de Vichy o la Grecia de Metaxas, únicamente sirvió para devolver la tranquilidad al establishment y a la gente de orden. Así, nuestra tesis es que las interpretaciones de derechas e izquierdas ocultan al principal actor del derribo del monumento que no es otro que la burguesía católica almeriense.

Ese es el perfil de Vicente Navarro Gay. Era vástago de una de las familias más influyentes de la ciudad, la formada por Juan de la Cruz Navarro de Haro y Josefina Gay. La familia era muy católica y estaba en el entorno de los Luises y de otras organizaciones marianas. Vicente, además, fue fundador en Almería de la Junta Diocesana de Acción Católica y fue, también, miembro de Acción Popular. De profesión ingeniero de la Campsa, ni su cultura ni su piedad le impidieron que tomara decisiones controvertidas como la orden de quemar 50 libros del Archivo y Biblioteca Municipal en el Parque de la Policía Urbana. Un antecedente, sin duda, del derribo del monumento.

Existe, finalmente, un episodio menos conocido pero que refuerza esta tesis de la responsabilidad de la clase dirigente local y de su orientación católica. Tuvimos noticias de este episodio gracias a un artículo de prensa de Jesús de Perceval de julio de 1980. En este, el pintor indaliano explicó cómo en los días finales de abril de 1943 unos funcionarios municipales, queriendo hacer méritos, saltaron la verja y «con unos marros rompieron la base del Monumento, los nombres grabados de las víctimas sepultadas». Perceval no publica el nombre de estos funcionarios pero la controversia causada por su artículo dio pie a que José Miguel Naveros los identificase como Luis 'el Largo' y el aparejador Rapallo. Unos nombres que dichos así no nos dicen nada, pero que tirando del hilo nos llevan al corazón de la Puerta Purchena, a la mismísima Casa de las Mariposas. Y es que el aparejador municipal que se lió a golpes con un marro no era otro que Emilio Rapallo Campos. Rapallo había conseguido su plaza en propiedad unos meses antes en enero de 1943. Era hijo del acaudalado propietario José Rapallo Vela y de la no menos rica Ana Campos Sánchez. Los Rapallo-Campos son conocidos por ser los propietarios originarios de la emblemática Casa de las Mariposas. La familia Rapallo-Campos estaba formada por el matrimonio y cinco hijos si bien sufrieron la pérdida de la madre en abril de 1932. Unos meses antes de esa pérdida tanto José Rapallo como sus hijos Fernando y Emilio se afiliaron a Acción Popular. Así pues, Emilio es un ejemplo paradigmático de la fascistización del catolicismo –Emilio dice haberse apuntado en Falange en 1936–, pero también de la deriva autoritaria de los hijos de las familias liberales decimonónicas. La foto que falta para completar este artículo, y redondear nuestra tesis, no es otra que la de don Emilio, supuestamente ebrio, golpeando con un marro el monumento.

La historia del derribo, no obstante, no acaba ahí. Tras la visita del dictador, los vecinos de la Plaza de Pavía convivieron unos meses con los sillares del pingurucho. Las piedras, según los informes de la Guardia Municipal, daban lugar a situaciones poco edificantes ya que «los pequeños de aquellos alrededores suelen hacer sus necesidades siendo frecuente que muchos vecinos desaprensivos arrojen las inmundicias en dicho lugar con el consiguiente riesgo para la salud pública». Las piedras no estuvieron allí eternamente, ya que en fecha tan temprana como enero de 1944 el delegado de Fomento proponía la reconstrucción del mismo. La razón para hacerlo era evitar la obstrucción que las piedras causaban en la vía pública. Sin embargo, la decisión de volver a levantar el pingurucho no se tomó nunca. La Comisión Gestora pidió primero informes del precio de hacerlo y, unos meses más tarde, el 21 de abril de 1944 ordenó que los sillares se trasladaran a «algún solar cercado próximo a dicha plaza». Se había consumado la demolición en dos tiempos. Las piezas del monumento aún aguantarían un tiempo en la Plaza de Pavía –algunos testimonios nos confirman este hecho–, pero lo que resulta más difícil es dilucidar dónde acabaron las mismas. José Miguel Naveros sostuvo en IDEAL, el 16 de agosto de 1978, que las piedras están enterradas «frente al Club de Mar». Jesús de Perceval dijo dos años más tarde que, por orden del Ayuntamiento, las cargaron en camiones y las llevaron al «puerto Pesquero, en donde se encuentran entre los escombros de relleno». Quizás ahora que hemos localizado los restos de los fusilados podamos también ocuparnos en encontrar los del monumento.

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