Cultura ha publicado, al fin, la nómina de piezas artísticas incautadas durante la guerra civil y la dictadura franquista y nunca devueltas. Son 5.126 objetos entre pinturas, esculturas, joyas, cerámicas, vajillas, muebles, piezas textiles y ornamentos litúrgicos. Documentadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, fueron incautadas por los gobiernos de la II República y el franquismo. Todas están incluidas en las colecciones de los museos estatales que gestiona Cultura y proceden, en su mayoría, de incautaciones realizadas por el gobierno republicano para salvaguardar los bienes artísticos durante la contienda.
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Unos bienes que nunca fueron devueltos a sus propietarios por los ganadores de la guerra. Muchos terminaron en museos, pero también en universidades y distintos edificios e instituciones públicas. Lejos siempre de sus legítimos y expoliados propietarios para quienes se abre ahora la posibilidad de recuperarlos. El departamento de Ernest Urtasun se cuelga la medalla y asegura ser «el primer ministerio que da cumplimiento al inventario marcado por la Ley de Memoria Democrática».
Entre los centros donde la investigación de Cultura ha localizado muchas de las piezas expoliadas están los museos Arqueológico Nacional, del Romanticismo, de Antropología, de América, Sorolla y del Traje, todos en Madrid. También el Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, en Valencia, y el de Escultura, en Valladolid.
También se han identificado en el Museo de Artes Decorativas piezas de la colección Weissberger que fueron incautadas a este coleccionista y marchante de arte por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Aunque algunas obras le fueron devueltas una vez fue absuelto de los cargos que se le imputaron, aún se conservaban piezas que quedaron depositadas en el museo. Son los únicos fondos identificados por Cultura que proceden de embargos realizados por la dictadura franquista.
Los resultados de la investigación realizada en los museos gestionados por el Cultura y el inventario completo están disponibles en la página web. Cultura implementó antes esta web con información sobre apenas un puñado de casos que ahora amplia con muchos de los materiales reclamados por las víctimas del expolio.
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La web incluye un catálogo digital con imágenes de las piezas inventariadas y una exhaustiva recopilación de la normativa relacionada con la incautación de estos bienes , tanto del gobierno republicano como del franquismo. El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) ha digitalizado la documentación de la Junta Delegada de Madrid en la época republicana y del Servicio de Recuperación Artística, organismo franquista encargado de devolver las piezas incautadas tras la guerra. Libros de firmas, de actas o de inventario de la Junta pueden descargarse en la web, que permite acceder a más documentación a través del catálogo digital del conocido como 'Archivo de la Guerra'.
«Este corpus constituye la recopilación más completa publicada, hasta el momento, en un portal de la Administración y servirá a las personas interesadas en el tema para tener un acceso ordenado a los diferentes textos legislativos sobre la materia», se felicita Cultura.
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En los primeros días de la sublevación militar, el gobierno de la II República creó la Junta del Tesoro Artístico (JTA), una institución dedicada a proteger de los saqueos y bombardeos los bienes culturales y almacenarlos en depósitos seguros. A medida que las tropas sublevadas fueron ocupando territorios, se creó el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN) que, al finalizar la guerra, se debía encargar de la devolución de las obras a sus propietarios.
Los bienes que no fueron devueltos acabaron depositados en diversas instituciones y museos. La investigación en las colecciones de los museos y archivos públicos ha permitido trazar el recorrido de las piezas desde su incautación hasta hoy.
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El inventario es el primer paso en el camino de la restitución de los bienes incautados. Cultura pretende «retornar a sus legítimos dueños todos aquellos bienes que puedan ser identificados». Para lograrlo solicitó a la Abogacía del Estado un informe, recibido hace unos días, que da los criterios generales para proceder a las devoluciones. Así, aquellas personas que localicen un bien de su titularidad pueden presentar su solicitud en el registro del Ministerio, y las solicitudes se estudiarán caso por caso.
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