4.000 mujeres granadinas, pendientes de una sentencia que podría mejorar su pensión

En su sentencia, el TJUE recuerda que está prohibida «toda discriminación por razón de sexo» en el armamento legal de los estados miembros. El organismo detecta, de acuerdo con las estadísticas, que los contratos de trabajo con jornada a tiempo parcial se realizan sobre todo a mujeres, por lo que concurren los motivos suficientes para considerar que se sitúa «a personas de un sexo determinado en desventaja particular con personas de otro sexo». Es la conclusión que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que es en cualquier caso el que tiene ahora la última palabra. Habrá que esperar a que hable; pero si, como esperan los expertos, falla a favor de la ciudadana que demandó a la Seguridad Social por el cálculo de su pensión, tendrán que ponerse en marcha los mecanismos que lleven a un cambio en la legislación del sistema de pensiones para corregir este problema.

En la provincia de Granada, tres de cada cuatro trabajadores que tienen una jornada parcial son mujeres. Así lo atestiguan al menos los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA), relativos al primer trimestre del año, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra es incluso un poco superior; en concreto, del 77,16%. Es esta desproporción la que el TJUE considera como causa de discriminación.

En este sentido, y atendiendo de nuevo a los microdatos de la EPA, en la provincia granadina hay alrededor de 4.000 trabajadoras a tiempo parcial que tienen más de 55 años. Forman el grupo de población que más directamente se vería afectado por cualquier modificación legislativa impulsada por la sentencia de la Corte de Luxemburgo.

Uno de los colectivos más afectados por esta problemática es el de las 'kellys', trabajadoras del hogar y camareras de piso. Mayte López es la presidenta de la Asociación de Kellys de Granada, y recibe la noticia con alegría y una mezcla de cautela y ambición. «Aunque supondrá una ayuda» si el TSJ de Castilla y León finalmente falla a favor de esta ciudadana, asegura, «lo más importante sería que el trabajo a tiempo parcial se regule y vigile mejor» porque, en su opinión, es «totalmente discriminatorio» porque a muchas mujeres no se les da más opción que aceptar la jornada reducida «a pesar de que trabajan muchas más, muchas de ellas sin cobrar, y casi todas sin cotizar», por lo que «rara vez una de nosotras puede aspirar más que a llegar a la pensión mínima contributiva. Y si llegamos».

Los datos parecen darle la razón. De acuerdo con las mismas estadísticas de la última EPA, dos de cada tres mujeres que trabajan a tiempo parcial en Granada lo hacen contra su voluntad y porque no les ha quedado otro remedio. En concreto, el porcentaje es el 65,13% del total.

Es esta disfuncionalidad la que también señala Enrique Martín, adjunto a la secretaría de Protección Social de Comisiones Obreras, que participa en las sesiones del Pacto de Toledo. «Los contratos a tiempo parcial son un problema en sí mismo; provocan una absoluta desprotección legal y laboral». Señala que en el corpus legal español hay precedentes: ya hubo una sentencia en diciembre de 2012, refrendada por un dictamen del Tribunal Constitucional en marzo de 2013, aunque en este caso iba sobre el derecho a acceder a la pensión y no sobre el cálculo de su cuantía.

Martín explica que, incluso en el caso de un fallo definitivo favorable, sólo se verían afectadas aquellas personas cuya jornada parcial sea menor al 66% de una completa y no les corresponda cobrar la pensión mínima. En este sentido, desde ayer mismo ya hay conversaciones entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo, cuya postura es esperar hasta el fallo del TSJde Castilla y León antes de plantearse alternativas para modificar el sistema. Desde el sindicato cree que el tribunal dará la razón a la demandante y aprovecharán para «reclamar una reforma integral del trabajo a tiempo parcial».

De momento, la consigna general es tener paciencia hasta que el TSJ de Castilla y León falle el caso de forma definitiva, aunque todas las fuentes consultadas creen que la resolución será favorable a la demandante, lo que previsiblemente obligará a una reforma que pase por el Pacto de Toledo en la nueva legislatura que comenzará en cuanto se invista al presidente del Gobierno.