Con la indemnización a Tomás Olivo podría construirse otro hospital como el del PTS

Los datos casan si se toman como referencia los primeros presupuestos. En 2002, la Junta de Andalucía adjudicó la construcción del futuro hospital por 110 millones de euros a las empresas FCC e Inabensa. Hay que sumar otros 65 millones de euros para equipamientos.

En total, el presupuesto inicial, según estos cálculos, era de 175 millones de euros, sólo 9,4 más que la indemnización a la que la administración andaluza tendrá que hacer frente tras no admitir el Tribunal Supremo el recurso de las dos partes y confirmarse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Eso sí, finalmente la construcción del Hospital del Campus de la Salud también fue víctima de la epidemia de sobrecostes crecientes que durante años afectó a buena parte de la obra pública en España y Andalucía. En 2013 sólo el edificio –sin los equipamientos– ya iba por 141 millones de euros.

Con el dinero que la Junta de Andalucía tendrá que pagar si no prospera su último recurso se podrían haber costeado las obras necesarias para tres de los edificios que la Universidad de Granada tiene en la zona del PTS. En concreto, se trata de las facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, así como del edificio dedicado a servicios centrales. Inaugurados en 2015, el coste total de la construcción superó los 135 millones de euros. Del montante total de la indemnización del Nevada sobrarían unos 30 millones.

También es significativo que, por ejemplo, estos 165,6 millones equivalgan prácticamente a la cantidad total que el Gobierno tiene previsto invertir en la provincia de Granada este año, según consta en el proyecto más reciente de Presupuestos Generales del Estado. Exactamente son 164 millones de euros –unos 180 euros por cada vecino de la provincia–, con los que se prevé, entre otras cosas, acabar la Segunda Circunvalación y finiquitar las obras complementarias del AVE que restan.

Si se compara este montante con algunas de las infraestructuras de mayor coste que están o se van a poner en marcha en la provincia, es posible comprobar que con este dinero se podría financiar prácticamente un tercio del coste del soterramiento del tren de alta velocidad a su llegada a la capital granadina; un proyecto que se quedó parado –entre otras cosas– por falta de financiación. Siempre según el último proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el coste estimado de acometer esta segunda fase rondará los 550 millones de euros. La indemnización que la Junta tendrá que abonar a Olivo equivale a un 30%.

La sentencia es algo más que un contratiempo para la Junta. Ya dentro del ámbito autonómico, estos 165,6 millones de euros suponen, por ejemplo, un tercio del total de gasto que la comunidad autónoma andaluza tiene previsto destinar en 2018 a Justicia, según figura en los presupuestos regionales.

Del mismo modo, este dinero es un 70% de las partidas de gasto destinadas a la Formación Profesional para el Empleo, el 82% de las de Cultura o algo más de un tercio (el 35%) del dinero que la Junta de Andalucía destinará a Investigación y Desarrollo. Sin embargo, hay partidas, como las de la cooperación al desarrollo, que la indemnización supera de forma clara; en concreto, las triplica.

Y si se lleva la comparación al nivel municipal, es decir, se pone en relación con los presupuestos de la capital granadina –los prorrogados desde 2015–, el dinero que el TSJA y ahora también el Tribunal Supremo obligan a pagar a la Junta de Andalucía podría ser un auténtico balón de oxígeno para las maltrechas cuentas de la corporación local.

Según las últimas cuentas que figuran en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Granada, con 165,6 millones de euros se podría hacer frente a más de la mitad de todo el gasto que la administración municipal dedica a personal. En concreto, el 60% del total, casi dos tercios.

Aún más importante es considerar el efecto que este dinero podría tener sobre la deuda que arrastra el Consistorio. El pasado mes de febrero, el dinero debido ya superaba los 300 millones de euros, y el riesgo de intervención de las cuentas por parte de Hacienda sobrevuela los despachos de la plaza del Carmen. Con los 165,6 millones de euros que previsiblemente recibirá Olivo se podría llegar a liquidar de manera efectiva algo más de la mitad de esa deuda.