'Chivatazos' a Hacienda: los inspectores piden que se pague a quien denuncie

Entre el total de las actuaciones sobre grandes empresas, patrimonios y economía sumergida, 14.959 expedientes de inspección se llevaron a cabo a partir de denuncias de los ciudadanos, que dieron como resultado la recaudación de 140 millones de euros en 2018, una cifra que puede seguir aumentando en 2019 por la resolución de expedientes aún abiertos.

Estas denuncias tributarias aumentaron en 115 respecto al año anterior, pero en unos 4.500 expedientes comparado con los datos de 2013. El número de denuncias crece año tras año a pesar del poco incentivo por parte de la Agencia Tributaria, que más allá del formulario colgado en su página web, no publicita este método recaudatorio y muchos ciudadanos no saben que existe.

Hasta el año 1988 las denuncias realizadas por los contribuyentes eran remuneradas. Si gracias al chivatazo del ciudadano la Agencia Tributaria encontraba fraude fiscal, éste se llevaba un porcentaje de la sanción que se le impusiera al defraudador. En opinión de Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), este mecanismo conllevaba situaciones «incluso de extorsión» porque había personas que se dedicaban a investigar en profundidad a empresas y ciudadanos: «La remuneración choca con el deber de secreto de los funcionarios».

Por ello, están en contra de la propuesta de los Inspectores de Hacienda que, por su parte, consideran que bonificar de alguna forma a los ciudadanos que denuncien delitos fiscales podría hacer aumentar la recaudación y descubrir patrimonios en el exterior no declarados. El inspector José María Peláez explica a este periódico que la experiencia internacional «avala» este sistema. En Estados Unidos ha dado mucho resultado en la lucha contra el fraude al regular más del 30% de los delitos fiscales y en Alemania sacó a la luz 7.000 millones de euros que los ciudadanos tenían ocultos en Liechtenstein.

Por parte del Ministerio de Hacienda, explican que ésta es una propuesta «recurrente» de la organización de inspectores, pero aseguran que «no está prevista» su implantación, aunque no dan más detalles de las razones por las que el Gobierno prefiere que estas denuncias no vuelvan a ser remuneradas.

El perfil actual del denunciante es, en su mayoría, socios empresariales que se separan de forma problemática, comercios que compiten o matrimonios que se rompen y un miembro de la pareja decide denunciar las prácticas supuestamente ilegales del otro como forma de venganza, explica Cruzado.

El problema para la Agencia Tributaria es que muchas de las denuncias no tienen una base documental suficiente para llevar a cabo una inspección. No deben ser denuncias anónimas, sino que deben incluir los datos del denunciante y del denunciado, pero sigue habiendo un alto número de ellas sin remitente «por miedo a represalias», aunque no debería ser así porque prima la confidencialidad de los datos.

La propia Agencia Tributaria da las instrucciones paso a paso para poner la denuncia en su web. Explica que se puede realizar mediante firma digital (DNI electrónico o certificado), el sistema de clave PIN o sin identificación. Los formularios dependen del tipo de denuncia, pueden ser sobre facturas no declaradas, por 'software' de ocultación de ventas, sobre comercio electrónico, de alquiler de inmuebles, etc.

Lo primero que se debe hacer es acceder en la sede electrónica al apartado de 'Todos los trámites –otros servicios– denuncia tributaria'. La queja deberá contener «el mayor número de datos conocidos» para identificar al posible defraudador por parte del órgano inspector y, en caso de tratarse de una empresa, el NIF y domicilio de la misma.

La denuncia puede presentarse en la propia web, imprimir el formulario y hacerlo personalmente en las oficinas de la Agencia Tributaria o remitirla por correo.