La Autoridad Fiscal plantea que Muface sea voluntario y que los nuevos funcionarios entren a la sanidad pública

Esta última apreciación está en línea con la opinión del Ministerio de Sanidad, que en los últimos meses había abogado incluso por traspasar todos los mutualistas a la pública. Eso sí, la institución dirigida por Cristina Herrero reconoce que esto no se podría hacer de forma automática, como plantea la cartera de Mónica García.

El proceso tendría que ser progresivo y, sobre todo, condicionado a un refuerzo en paralelo de los recursos de la sanidad pública, teniendo además muy en cuenta factores como la evolución de las listas de espera. En este punto, la Airef advierte de que un traspaso sin ese mayor apoyo implicaría que cada médico de familia tuviese que realizar de media 0,9 consultas adicionales al día, pasando de 27,9 a 28,8 pacientes. Los que están en lista de espera para consultas especializadas se incrementarían en un 30%, y los que esperan intervenciones quirúrgicas, en un 7,2%.

En el documento –realizado en el marco de la primera fase del Spending Review 2022-2026– la Airef justifica su recomendación en el hecho de que, hoy por hoy, el 72% de los nuevos mutualistas ya eligen la modalidad pública en detrimento de las privadas, que a cierre de 2024 contaban con 1,05 millones funcionarios en cartera entre Adeslas, Asisa y DKV (esta última no acudió a la licitación del nuevo convenio), frente a los 506.756 que optan por la seguridad social. Así, y llegado el momento, esa cartera de las aseguradoras no aumentaría más, con lo que iría desapareciendo con el transcurso de los años. «Los cambios desde el sector público hacia entidades privadas presentan una mayor frecuencia y han experimentado un incremento en el periodo reciente», apunta la institución.

En todo caso, el peso de la pública es todavía del entorno del 30%sobre el total del sistema, pero la Airef ha detectado que en las patologías más graves la cifra se eleva hasta el 90% en determinados colectivos, como los menores de 40 años.

En este punto, la Airef también plantea optimizar los mecanismos de adquisición de medicamentos hospitalarios –así como fomentar el uso de genéricos y biosimilares– para limitar costes. Porque en su análisis el organismo confirma que la factura farmacéutica es mucho más elevada en el caso de los mutualistas, a quienes los centros privados facturan a precios significativamente más altos –y con una utilización menor de los genéricos–, que en los servicios públicos de salud, «llegando en algunos casos a sextuplicar el coste».

Como ese coste lo asumen las arcas públicas, el sector asegurador tampoco se esfuerza en rebajar la factura.

La propuesta para que la adscripción a Muface sea opcional también va en ese sentido de ahorro de costes. «Esta reforma permitiría racionalizar el sistema y generar ahorro tanto para el funcionario como para las arcas públicas, al eliminar las aportaciones de aquellos que opten por abandonar el sistema mutualista», indicó Cristina Herrero.

Las reacciones al informe no se han hecho esperar y, mientras Sanidad aplaudió la idea de limitar el modelo de Muface, los sindicatos amenazan con retomar las protestas si la recomendación de la Airef se lleva a cabo. «Nos oponemos frontalmente a cualquier recorte de este sistema que ha funcionado eficazmente durante décadas», indicó CSIFen un comunicado.

Las recomendaciones de la Airef llegan unas semanas después de confirmarse que Adeslas y Asisa serán las dos aseguradoras que se mantendrán en Muface, al menos, hasta 2027, cuando vence el nuevo convenio que implica una mejora de las primas del 41,2% en el periodo y un presupuesto de 4.808 millones de euros, frente a los 1.276 millones del vigente, de dos años de duración.

Con el 'sí' de estas dos entidades, el sistema retiene la cobertura de más de 872.600 funcionarios que actualmente mantienen en cartera. Pero aún queda en el aire la de los 199.619 mutualistas de DKV, la tercera aseguradora que actualmente presta el servicio y la más reacia a volver a hacerlo.

El Gobierno no solo se ha visto obligado a elevar el presupuesto para mantener vivo Muface, sino también a incluir una cláusula para el «restablecimiento del equilibrio económico-financiero» en casos de «riesgos imprevisibles» para los que no haya una solución alternativa, como por ejemplo la situación vivida durante la pandemia, con un aumento en el número de pacientes considerable, al que siguió el fuerte repunte de costes derivado de la subida de la inflación.