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La mayor parte de las empresas españolas son morosas, un problema que, lejos de descender, se agrava, debido a la evolución de la inflación ya a los tipos de interés y pese a la buena marcha de la economía. Así, más de la mitad de ... las facturas, el 55,7%, se pagaron en España con retraso en el primer trimestre del año y el periodo medio de pago (PMP) registró su alza más elevada de los últimos cuatro años, al subir en 0,9 días, hasta los 84,3 días, y acumula tres trimestres consecutivos de subidas, según se desprende del último 'Observatorio de Morosidad' publicado este miércoles por Cepyme.
Más concretamente, el 44,3% de las facturas se paga de forma puntual, mientras el 55,7%, con retraso. De ellas, el 46,1% se paga hasta 30 días después del vencimiento y el 9,7% a más de 30 días de lo convenido. Por segmentos, en el informe se constata que cuanto menor es el tamaño de la empresa, mayor tiende a ser el porcentaje de facturas pagadas de forma puntual, aunque también es mayor la proporción abonada a más de 30 días del vencimiento.
Pese al aumento del PMP, la proporción de pagos puntuales aumentó hasta el 31,5% del importe total facturado, lo que supone 3,6 puntos porcentuales más que un año antes y la quinta mejora interanual consecutiva. De este modo, la proporción de pagos puntuales se mantuvo por encima del 31% por segundo trimestre consecutivo, hecho que no ocurría desde 2015. La suma de pagos puntuales y pagos hasta en 30 días alcanzó el 96,6% del total, aunque los pagos a más de 90 días después del vencimiento suman cuatro trimestres consecutivos creciendo, situándose en el 1,3%.
Todos los sectores registraron aumentos del PMP y la brecha territorial subió a 56,1 días entre la autonomía con el PMP más bajo, que fue Castilla y León (69,3 días), y la que depara mayor demora en los pagos, que fue Navarra, con 125,4 días. Sin embargo, la evolución fue variable según tamaño de empresa, oscilando el PMP entre los 89,5 días en las microempresas y los 83,2 en las medianas. El plazo subió en todos los segmentos, salvo en el de grandes empresas, donde se redujo en 3,3 días.
La patronal de las pequeñas y medianas empresas denuncia que los datos evidencian la falta de efectividad de la Ley de Morosidad española, que fija el plazo máximo legal de pago en los 60 días. Por ello, Cepyme urgió a las instituciones europeas a agilizar la aprobación de la nueva normativa comunitaria sobre morosidad e instó al Consejo de Competitividad de la UE a que opte por la vía del reglamento, en lugar de la directiva, con el fin de homogeneizar más efectivamente las diferentes normas nacionales.
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