Imputan a un empresario como cerebro de una red de secuestro y extorsión

En la trama están implicados al menos otros cuatro bilbaínos como presuntos autores materiales de los delitos y un sargento de la Guardia Civil por facilitar información reservada sobre las víctimas a la organización criminal. En el caso de Bilbao, los hechos se registraron el 30 de julio de 2020, cuando la red secuestró al dueño de una vivienda de lujo en la calle Hurtado de Amezaga de la capital vizcaína -que había arrendado al cabecilla- para impedir que acudiera a una firma de escrituras y así poder reclamarle 180.000 euros de indemnización.

Los «obreros», como O.R. llama a sus cómplices, cubrían sus rostros con capuchas, le dieron una paliza y le dejaron retenido en el baño durante casi tres horas, hasta que cerró la notaría. Antes de huir, los matones le amenazaron con matar a su familia si presentaba una denuncia. El hombre, de 54 años, y que lleva desde entonces en tratamiento psicológico y psiquiátrico, acudió el mismo día de los hechos a la Ertzaintza, que inició una investigación.

En un primer momento, las pesquisas sólo habían logrado identificar a O.R., el único que actuó a cara descubierta, según el denunciante. Los investigadores localizaron imágenes de cámaras de videovigilancia en las que se podía ver a la víctima y al líder de la red entrando en la vivienda y después salir solo al empresario. Además, el portero testificó confirmando que ambos habían entrado juntos por el portal y también puso una denuncia por amenazas contra el inquilino. «Como vayas al juicio, vas a tener problemas», le advirtió. Además, la triangulación del teléfono del sospechoso le situaba en el centro de Bilbao cuando él había declarado que esos días se encontraba en Madrid, indican fuentes de la investigación.

Este asunto llegó a tener una primera fecha de juicio, pero quedó suspendido cuando la sección de secuestros de la Policía Nacional en Madrid remitió un informe revelador al juzgado bilbaíno y a la Ertzaintza. Los agentes nacionales estaban investigando a la banda del empresario bilbaíno por otra extorsión en Madrid a unos promotores de pisos en Málaga, en 2021. Las víctimas sufrieron pintadas en sus viviendas para que pagaran algunas cantidades que él les reclamaba y al abogado le quemaron una moto en su garaje. El incendio se extendió por la vivienda ocasionando graves daños. Llegaron a detener por esto a O.R. cuando se encontraba de vacaciones en Huelva y a varios de sus cómplices. En el teléfono móvil del lugarteniente del directivo bilbaíno descubrieron información relevante sobre el secuestro y extorsión de Bilbao y alertaron de ello al juzgado instructor.

Esta revelación dio un vuelco al procedimiento en Bilbao, ya que se pudo poner nombre a los supuestos autores de la detención ilegal y extorsión. Gracias a ello, se ha abierto ya la fase de juicio oral en la Audiencia de Vizcaya, aunque aún no hay señalada fecha, y la mayoría de las partes han presentado sus calificaciones provisionales.

La Fiscalía solicita para cuatro de los acusados, entre ellos O.R., su lugarteniente A.M.D., de 46 años; y los «obreros» M.A.R., de 32 años, y A.L.H., de 39, todos ellos de Bilbao, 11 años de prisión para cada uno por cuatro delitos: extorsión (2), detención ilegal (5), robo con intimidación (4) y lesiones leves (3 meses de multa con cuota diaria de 10 euros). Para el guardia civil, que estaba destinado en San Sebastián, el fiscal pide 5 años de cárcel por revelación de secretos, además de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión.

La jueza concedió una orden de alejamiento sobre la familia de la víctima de la extorsión

Por su parte, la acusación particular, que representa a la víctima, reclama 23 años de prisión para cada uno de los cuatro primeros encausados por los mismos delitos y además por pertenencia a organización criminal, y cinco años al funcionario del instituto armado.

El letrado de la víctima pidió una orden de alejamiento de O.R. de él y su familia, que fue admitida por la jueza como medida cautelar. En paralelo, se abrió un procedimiento de desahucio, que no ha prosperado. El empresario le reclama los 180.000 euros y sigue viviendo en su piso mientras se resuelve el procedimiento penal, que lleva ya más de cuatro años abierto. El pasado verano, la víctima del secuestro denunció que un coche intentó echarle de la carretera cuando accedía a Bilbao por la calle Juan de Garay.