La inflación y Sociedades retrasan el acuerdo para los Presupuestos

El cambio de discurso evidencia las severas discrepancias que aún existen entre los socios de coalición para cerrar el acuerdo de los que serán, según los expertos consultados, los últimos Presupuestos con 'fiesta del gasto' incluida. «Estos Presupuestos todavía tendrán un carácter marcadamente expansivos, por el impulso a la inversión como consecuencia del Plan de Recuperación y el incremento de algunas prestaciones, como las pensiones, en línea con la inflación registrada en el presente ejercicio», indica Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas. Un incremento del gasto que, a su juicio, tendrá que verse compensado por el aumento de la recaudación generado, al menos en parte, con la esperada recuperación de la economía.

El Gobierno estima que ese repunte alcanzará el 5,6% este año y el 7% al siguiente. Pero el reciente recorte de previsiones ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dejado en el aire estas estimaciones que, a su vez, son las cifras sobre las que cuadrar las cuentas públicas. Una previsión de crecimiento más alta determina, por poner algunos ejemplos, una mejor evolución de la recaudación o un gasto más limitado por las prestaciones por desempleo. Gasto que se podría destinar a los servicios públicos o a medidas sociales como el cheque guardería de 1.200 euros al que aspira Unidas Podemos.

Fuentes del Gobierno reconocen que otro factor que ha complicado las cosas es el propio repunte de la inflación, que en septiembre se situó en el 4%. Hay que tener en cuenta que la evolución de los precios impacta de forma directa en categorías como las pensiones –con el compromiso del Gobierno de que suban por encima del IPCen 2022–, los sueldos públicos o el precio de la electricidad, sobre el que se podrían aplicar nuevas figuras para mantener contenido en el recibo el impacto de la subida de la energía en los mercados mayoristas.

A pesar de incluir los fondos europeos, desde Funcas advierten de que el déficit público todavía superará el 6% del PIB el próximo año. En este entorno, la reactivación de las reglas fiscales por parte de la Unión Europea –ahora suspendidas para ayudar a los países a hacer frente a la crisis– exigiría «un importante ajuste a partir de 2023». Es decir, hay que ir pensando ya en lo que viene cuando se acabe la flexibilidad de Europa. Eso sí, tal y como indica el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, «es probable que la presión para volver a la disciplina fiscal sea proporcional al ritmo de recuperación de la actividad». Es decir, aunque será más exigente y puede dar un 'tirón de orejas', confía en que Bruselas no sea un obstáculo en la salida de la crisis. «Una opción, reforzada por las recientes elecciones en Alemania, es que la inversión en proyectos de descarbonización de la economía se excluya de los criterios de déficit para que los países puedan financiar esas inversiones con déficit suavizando el ajuste a realizar a partir de 2023», indican desde Funcas.

Pese a todo, dejan claro que estos serán los últimos Presupuestos expansivos, así que hay que aprovechar. Y de ahí llega buena parte de las tensiones para el acuerdo, frenado por el pulso fiscal que mantienen los socios del Ejecutivo. A la espera de la nueva reforma que empezará a cuajarse en febrero, no se anticipan grandes movimientos en el documento que verá la luz, previsiblemente, en los próximos quince días. «El espacio para aplicar fuertes ajustes ahora es limitado, tanto al alza como a la baja», recuerdan los expertos. A la baja, porque agravaría el déficit. Y al alza, porque podría perjudicar la recuperación. Así, los movimientos más factibles responderían a decisiones europeas. Por ejemplo, en materia de impuestos al carbono o del polémico tipo mínimo del 15%para las grandes empresas. Una medida sobre la que Podemos ha presionado especialmente en las últimas semanas y que fuentes del Gobierno ven como algo «razonable» al ser un proyecto debatido de forma internacional y defendido por España en la propia OCDE.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que la implantación de ese alza en Sociedades «será irrevocable» a nivel global, calculando que el tributo podría inyectar en España 700 millones al año. Sin embargo, hay que tener cuidado con los detalles. Así lo advierte Valentín Pich, que recuerda que «lo que recauda España por Sociedades en relación al PIB tampoco dista mucho con otros países», que en los próximos años seguirán luchando en materia de competitividad para atraer inversiones.

En línea con una visión europea, también se descarta que el Gobierno vaya a tocar a la baja el IVA de las peluquerías o de los productos de higiene femenina. Al menos de momento y a la espera de la reforma fiscal que también será clave para la llegada de los fondos europeos.