Yolanda Díaz

Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social

«Los salarios de los trabajadores que se ausenten por la DANA los pagarán las empresas»

–El Gobierno volvió a aplazar el jueves la reforma fiscal en el Congreso. ¿Se están dando cuenta de la complejidad que tiene articular la 'mayoría de progreso', que no se refleja en ninguna gran ley?

–Esto se llama democracia. Viví una reforma laboral en la que tuve que prescindir del PNV porque había vetos cruzados y necesitábamos los votos de Ciudadanos. Tenemos un hemiciclo plural en el que debemos llegar a acuerdos. Pero esta materia, la fiscal, es de máxima sensibilidad. En Sumar llevamos mucho tiempo diciendo que España necesita una reforma fiscal de carácter estructural, sin matices. Y la opinión pública cree que hay una injusticia fiscal, por ejemplo, entre lo que pagan una pyme y una gran empresa. Creo que hay margen para alcanzar un acuerdo.

–Pero tendrán que ceder, como parece que han hecho con el gravamen energético.

–Sumar no ha cedido, sino que ha negociado durante muchos meses con el PSOE y ha hecho un acuerdo que tiene que ver con el mandato constitucional de que quien más tiene, más aporta. Nuestra enmienda llegará viva al debate en pleno. Vamos a garantizar que se dé ese debate en la Cámara, que los españoles lo vean. Y después va a responder la democracia.

–El Gobierno insiste en la necesidad de recaudar impuestos para afrontar catástrofes como la DANA. Pero esto no parece calar: en Valencia ha hecho fortuna aquello de que «solo el pueblo salva al pueblo».

–Las personas afectadas por una catástrofe ambiental sin precedentes saben muy bien que todo se va a hacer con recursos públicos: con los ERTE, el Estado paga nóminas, cotizaciones, cese de actividad; está allí el Ejército... Estamos haciendo lo que sea. Hay frases como esa que no comparto en absoluto. No es verdad que nos salvamos solos. Esto es tomarse la justicia por la mano.

–Ante las alertas de las últimas semanas, usted ha recordado el derecho a no acudir al trabajo si se pone en riesgo la vida. Pero, ¿quién paga estas ausencias? ¿El Estado? ¿Los empresarios?

–Estos días puntuales son lo que denominamos 'permisos retribuidos no recuperables'. Técnicamente es trabajo efectivo y, por tanto, esa nómina y esa cotización las pagaría el empleador, la empresa. Son situaciones puntuales y el Derecho tiene mucho sentido común; es decir, si hay un riesgo de vida, ustedes no pueden ir a trabajar y ustedes no pueden ser los perjudicados de no ir a trabajar.

–¿También pagarán las empresas estos nuevos permisos retribuidos aprobados por el Gobierno?

–Les estoy diciendo que es trabajo efectivo, ahí no es responsable el trabajador. Es, por desgracia en este caso, una causa concreta que está estimada en nuestro ordenamiento jurídico laboral y sobre el que, además, hay sentencias que señalan que no solo es que haya riesgo, es que si el trabajador percibe que lo tiene para su vida, no puede correrlo, faltaría más. Pero piensen también que muchas de esas empresas están acogidas a los ERTE.

–Su medida estrella de la legislatura, reducir la jornada de los trabajadores, sufre continuos retrasos, ahora por la DANA. ¿Confía en comenzar 2025 con las 37,5 horas en cualquier caso?

–El objetivo es claro: que el 31 de diciembre de 2025 todo el mundo esté con la jornada reducida a 37,5 horas. Y lo vamos a hacer.

–¿Mantendrá las bonificaciones y ayudas directas a las empresas por esa reducción de la jornada laboral o las eliminará ante el 'no' de la patronal?

–El diálogo social tiene que tener incentivos. La patronal, atendiendo a otro tipo de razones que no tienen nada que ver con la defensa de las empresas, ha decidido no negociar nada. Pero, claro, esto tiene incentivos negativos para las empresas españolas. Un poco lo que pasó con el salario mínimo. Si me permiten, hace tiempo que creo que el señor Garamendi tiene una mirada como más a la política, y a un partido concreto que ni siquiera es el Partido Popular. Porque el PP me consta que es sensible a esta medida, que es la que más esperan los españoles, voten a quien voten. Pero desde la foto con Milei [el presidente argentino] parece que hay como cierto partidismo en el señor Garamendi, porque no se comprende.

–¿Garamendi está mirando a Vox?

–No voy a responder por nadie. Yo lo que digo es que ¿cómo se explica esto? ¿A qué intereses estoy representando?

–La relación con la CEOE, más en concreto con su presidente, va de mal en peor. ¿No le preocupa?

–Yo tengo una magnífica relación con él y con la CEOE en su conjunto. Por tanto, desmiento este hecho. Ahora bien, una cosa son las relaciones y otra cosa es que hay posiciones en las que tenemos disconformidad. El señor Garamendi lleva tiempo haciendo unas declaraciones en muchas materias que no son propias de él. A mí me gustaría ver al señor Garamendi que salvaba empresas, vidas, trabajadores; que comprendía lo que estaba pasando; que decía que un 'rider' no era un emprendedor. Pero, claro, yo creo que hay otras razones que justifican esto ahora.

–Su ministerio lanza un mensaje que pinta a los empresarios como el lobo de los cuentos.

–Yo jamás he hecho esto, en absoluto. Al revés. Si alguien tiene interés en salvar empresas, soy yo, que manejo los datos de paro de todos los días y no quiero que crezca. Nunca he señalado a una empresa. Jamás.

–Es una férrea defensora de la conciliación, pero trabaja de sol a sol. ¿No es incoherente?

–Estoy de acuerdo absolutamente y pido muchas veces disculpas. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana, mi jornada acaba muy tarde y a veces me pongo al límite en términos de salud. Pero los españoles exigen de los servidores públicos la entrega absoluta. Aunque como abogada trabajaba igual muchísimas horas. Soy muy obsesiva con el trabajo. Es una cultura que tengo, que seguramente no es buena: sí, trabajo mucho, pero quiero que los demás trabajen menos.

–Termina el año y toca negociar el nuevo salario mínimo para 2025. ¿Lo tiene en su agenda o lo retrasará por los Presupuestos?

–Les voy a dar una noticia: ya hemos convocado la comisión de expertos para que se constituya antes de diciembre y determine cuál debe de ser el porcentaje de incremento de revisión del salario mínimo.

–CC OO aspira a elevarlo un 5%. ¿Qué subida defiende usted?

–Ya saben que nunca digo cuantía, dejo que los expertos señalen. Lo que tengo que hacer es negociar.

–¿Garantiza que mantendrá el poder adquisitivo, en todo caso?

–Sí, sí, sin lugar a dudas. España es un país que tiene salarios muy moderados, necesitamos mejorarlos. Es una medida de eficiencia económica, nadie lo discute. Seamos un poquito más europeos.