Ciberdelincuencia, el bastión a batir para la seguridad ciudadana

La criminalidad ha crecido en el último año en la provincia de Almería. Los datos del Ministerio del Interior del Gobierno de España referentes a 2022 no dejan lugar a dudas. Durante el pasado ejercicio se registraron en territorio almeriense casi 30.000 infracciones penales a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Del 1 de enero al 31 de diciembre se dieron 29.902 hechos delictivos, según recoge el último balance de criminalidad de este departamento gubernamental.

La cifra supone un 8,4% más respecto a 2019, último año antes de la pandemia dado que, según especifica el informe, «durante los años 2020 y 2021 se produjo un importante descenso de las cifras de criminalidad en España», debido principalmente a las restricciones de movilidad.

La cibercriminalidad, es decir, las estafas informáticas, son las que más han crecido: un 114,7% respecto a antes de la irrupción de la covid. En la provincia, la misma Universidad de Almería fue víctima de un intento de estafa de casi medio millón de euros, al suplantar los estafadores los datos corporativos de una empresa que suministró equipos informáticos a la institución académica, aunque esta fue alertada por el proveedor y consiguió no perder el dinero.

En cuanto a la criminalidad convencional, aumentó un 2,4% en la provincia de Almería, con un total de 26.417 casos. Y, entre ellos, destacaron los homicidios dolosos y los asesinatos en grado de tentativa, que crecieron un 81,3%. Aumentaron también los delitos graves de lesiones y riñas tumultuarias (43,1%), las agresiones sexuales con penetración (35,1%) y los robos con violencia e intimidación (26,6%).

La seguridad se ha convertido, por tanto, tanto en la sociedad almeriense como en general en un valor objetivo, pero también subjetivo, que repercute de manera directa en el estado de bienestar.

Es por ello que los partidos políticos con opciones de gobierno le han prestado especial atención en sus programas.

En el caso del Partido Popular, la opción de Alberto Núñez Feijóo se compromete a «devolver la seguridad y tranquilidad a los ciudadanos». ¿Cómo? Garantizando la seguridad pública como «un requisito indispensable para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles» y respaldando a «nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» a través de los poderes públicos y dotándolos «adecuadamente de recursos para cumplir con garantías y eficacia sus funciones de protección social».

«Culminaremos el acuerdo de equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil firmado por el Gobierno del Partido Popular en el año 2018; crearemos una comisión para valorar, en su caso, la jubilación anticipada dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y reformaremos la ley para considerar a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local como profesiones de riesgo», recoge el ideario programático.

Se compromete también a reformar la Ley General Penitenciaria incluyendo, entre otros aspectos, la consideración de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad y mejorando sus condiciones sociolaborales.

Actualizará el PP el Pacto Antiterrorista y revisará el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta para adecuarla a las nuevas amenazas. También, pondrá en marcha un plan de seguridad especial para la lucha contra la violencia de las bandas juveniles.

Reformará el Código Penal en lo referente a la multirreincidencia en hurtos y estafas, «de modo que la pena y su posible aplicación preventiva no sea igual para quien comete un delito que para quien comete una sucesión continuada de ellos».

Pondrá en marcha, asimismo, entre otras actuaciones, un Plan de Seguridad contra la Cibercriminalidad, con medios personales, reformas legislativas, inversión en tecnología, especialización/formación y campañas de concienciación. Potenciará la inspección fronteriza, incrementando el número y formación del personal, impulsando la implantación del nuevo Sistema Europeo de Registro de Entradas y Salidas y del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje, así como la coordinación y participación en las actividades de Frontex, es decir, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

Y, en definitiva, pretende «devolver la seguridad y tranquilidad a los ciudadanos» como requisito indispensable para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles.

En cuanto al PSOE de Pedro Sánchez, se compromete a «hacer de España un país más preparado y resiliente ante los retos globales a la seguridad». Así, fenómenos como la cibercriminalidad, el cambio climático, o el incremento de la criminalidad organizada internacional y de los delitos de odio «son solo parte de los desafíos que hemos de afrontar como país, para poder hacer de nuestras calles espacios seguros para la convivencia donde se garantice el libre desarrollo de la personalidad».

«Vamos a seguir adecuando del número de efectivos para garantizar la seguridad ciudadana; invertiremos en nuevas infraestructuras y mejores medios y potenciaremos una formación de excelencia y en ciberseguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; vamos a seguir desplegando agentes y reforzando las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cada comarca y pueblo de España; y extenderemos las especialidades de la Guardia Civil para que la ciberseguridad o la lucha contra la violencia de género no sean servicios exclusivos de las zonas urbanas», especifica el programa socialista para el 23-J.

«Combatiremos las estructuras mafiosas que delinquen con las ocupaciones de vivienda y alteran la vida de las comunidades; y fortaleceremos las políticas resocializadoras de nuestro sistema penitenciario para evitar la reincidencia, fomentando en los internos la revisión crítica del pasado y el reconocimiento del daño causado», concluye entre otras propuestas el ideario socialista.

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