A la espera de que los políticos se quiten la venda con la Justicia

Temis, la diosa griega de la Justicia, suele representarse con una balanza, una espada y los ojos vendados. La venda en los ojos implica decisiones objetivas e imparciales, algo que los políticos y el resto de los mortales esperan de quien imparte justicia. Sin embargo, lo que los jueces y el resto de operadores jurídicos aguardan de los políticos en los próximos cuatro años es justo lo contrario: que se quiten la venda.

Confían en que los nuevos gobernantes comiencen a trabajar fijándose bien en los problemas que arrastra el sistema judicial e inclinándose, de forma decidida, hacia el lado de las soluciones. Si eso sucede, se verá tanto en los presupuestos como en reformas legislativas que no se estanquen. Y eso es lo que viene demandando año tras año el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cansado de repetir en su memoria las mismas carencias y reivindicaciones.

El nuevo Gobierno tendrá 1.461 días por delante para ello, aunque primero habrá de solventar un problema heredado del Ejecutivo de Pedro Sánchez: la huelga indefinida de los funcionarios judiciales. Los trabajadores de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia piensan retomar sus protestas, iniciadas el 17 de abril, si el nuevo Gobierno no dialoga con ellos. El colectivo, con el que no ha querido negociar el Ministerio de Justicia de Pilar Llop, exigía –y exigirá– unas retribuciones dignas y unas funciones claras y definidas en la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), norma en virtud de la cual los juzgados unipersonales se transformarán en tribunales de instancia.

La LOEO estaba en tramitación cuando se anunciaron las elecciones generales anticipadas y se ha quedado en una suerte de limbo. En Almería, son cerca de medio millar los funcionarios (tramitadores, auxilios y gestores) que operan en los juzgados de la provincia y que instan subidas salariales como las pactadas con los LAJ, jueces y fiscales. Ese será el primer y principal escollo a salvar en Justicia.

No obstante, hay otro derivado de las protestas: el caos que han generado en la mayoría de los juzgados los aplazamientos y suspensiones por la huelga. Previsiblemente, será necesaria la adopción de algún plan de choque o medidas de refuerzo para sacar el trabajo atrasado y recuperar la normalidad en las sedes judiciales. Al margen de ese atasco que han provocado las jornadas de paro, la saturación que arrastran ciertas jurisdicciones también hace necesaria una ampliación de las plazas judiciales.

Y ese es otro de los retos del futuro Gobierno: la creación de los juzgados necesarios en la provincia para aliviar la sobrecarga de trabajo que soportan en muchos órganos, que superan con creces los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El TSJA cree que harían falta diez nuevos órganos en la provincia. Tres serían para la jurisdicción social de Almería y los restantes serían: dos de Primera Instancia en Almería, otros dos mixtos en Berja y Vera y nuevos órganos de Violencia de Género y Penal en Almería además de una plaza más en la Audiencia Provincial.

Para comprobar en cifras esa enorme carga de trabajo basta con acudir a los balances anuales que miden la litigiosidad. El último hecho público por la Fiscalía Superior de Andalucía, el de 2021, reflejaba que se habían incoado en Almería ese año más de 28.000 diligencias previas (investigaciones por delito). También se advertía sobre la expansión imparable de los cultivos de marihuana en Andalucía, un fenómeno criminal con una especial incidencia en Almería que tendrá que tener presente en su mesa el nuevo titular de Interior. El 25% de la producción de la marihuana del país se concentra en las provincias del sureste y Barcelona.

Además, hay un segundo problema derivado de estos cultivos: los enganches ilegales de luz, que tienen a oscuras varias horas al día a vecinos de barriadas como El Puche, Pescadería o El Quemadero. La fiscalía especializada ha venido reclamando en los últimos años más efectivos y medios para luchar contra este tipo de narcotráfico, algo que piden también los sindicatos policiales. Desde la AUGC (Agrupación Unificada de Guardias Civiles) marcan «la falta de personal» y la necesidad de «reestructuración de la Guardia Civil» entre los retos del nuevo Gobierno. Ya en materia de 'maría', abogan por «un agravamiento de las penas» y la creación de «un depósito fiscal», así como «más apoyo y refuerzo jurídico» para las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Promesas

Sobre sus futuras decisiones, el PSOE ha anunciado que si gana en las urnas reforzará la seguridad ciudadana pública en garantía del ejercicio de los derechos de la ciudadanía. «Trabajaremos para la erradicación de los cultivos de marihuana en la provincia a través de modificaciones legislativas que faciliten la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad», indicaron fuentes socialistas.

En cuanto al conflicto de los funcionarios, el PSOE asegura que la labor y la profesionalidad del personal de Justicia «deben ser consideradas profesional y salarialmente con retribuciones justas y con funciones específicas». En este sentido, los socialistas se comprometen a, una vez se constituyan la Cámara Alta y Baja, y se forme el nuevo Gobierno, «contribuir estos anteriores objetivos y materializar las demandas de estos trabajadores, que pasan además por la solicitud de diálogo y facilitar su participación enla futura LOEO.

Por su parte, fuentes del PP recordaron que su partido trasladó el apoyo del partido «ante el trato irresponsable e irrespetuoso por parte del Ministerio de Justicia con los funcionarios, porque no solo ha incumplido las reglas básicas de la negociación colectiva sino que también ha vulnerado las más elementales reglas de respeto a los trabajadores públicos que prestan un servicio esencial para la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos». El Partido Popular, resaltaron las fuentes, ha demandado en distintas ocasiones a la ministra que adopte las medidas necesarias para que el conflicto concluya y mantenga la negociación con los funcionarios a los que el presidente Sánchez ha llamado «intolerantes» por su protesta.

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