Un mandato marcado por la grúa y el ladrillo

No será fácil. La situación actual del mercado de la vivienda es inquietante. La oferta para comprar una casa se ha hundido al mismo tiempo que los precios se han incrementado de manera sustancial. Las circunstancias excepcionales de la pandemia, que causaron un aumento de la demanda al cambiar las necesidades de mucha gente, o las relativas a la guerra de Ucrania, que ha trastocado la economía comercial por completo, han segado las aspiraciones en esta legislatura de familias y jóvenes, que tampoco han podido encontrar un refugio seguro en lo que respecta al alquiler, donde también han crecido las dificultades. Es una tormenta perfecta de la que Granada no es ni mucho menos ajena.

Mientras que los hogares han perdido poder adquisitivo, según los últimos datos locales del índice Tinsa IMIE General y Grandes Mercados, el valor medio del metro cuadrado ha crecido en la provincia desde el inicio de la legislatura entre un 15 y un 20%. Al mismo tiempo, las condiciones de financiación se han endurecido. El euribor se ha situado en su nivel más alto desde 2008. Y. claro, las familias granadinas que se financian para comprar una vivienda necesitan hoy el 28,8% de su renta disponible, cuando en 2019 no llegaba al 20%, según Tinsa.

El escenario presenta desequilibrios que han dejado como única salida para muchos recurrir al alquiler. El problema es que el aumento de la demanda y de los costes de la vida también han disparado los precios del metro cuadrado, que llegaron esta primavera a situarse en máximos históricos en Granada tras meses y meses concatenando subidas. La expansión de los pisos turísticos y los topes en la actualización de las rentas de alquiler que aplicó el Gobierno, ha provocado también tensiones en el stock, lo que ha terminado por echar más leña a un fuego ya de por sí temible.

Este panorama ha marcado buena parte de la agenda del Gobierno, sobre todo en el último periodo de la legislatura, que cerró Sánchez aprobando el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. En ella defiende el impulso de los pisos públicos, ponerle coto al precio del alquiler o evitar los desahucios. El candidato socialista anunció antes de la campaña que usará suelo y patrimonio público para aumentar la cifra de viviendas sociales. Dijo que movilizaría 50.000 inmuebles de la Sareb, que construiría 43.000 con fondos ICO o que sacaría otras 20.000 edificándolas sobre terrenos de Defensa. En Granada muchas de estas medidas han pasado de largo y, con algunas otras, ya se han desbloqueado proyectos que prometen reconfigurar algunas zonas como la Chana o la Azulejera, que esperan la llegada de miles de nuevas viviendas.

De cara al 23J, los partidos mayoritarios han dado mucha importancia a este problema acuciante en sus programas electorales. El PP, formación que encabeza las encuestas, lleva destacado su propuesta de promover un pacto de estado para la vivienda en el que estén representados las comunidades y las entidades sociales con el objetivo de hacer un «uso racional del suelo, construir viviendas a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente», exponen. Respecto a la Ley de la Vivienda que ha puesto en marcha el Gobierno socialista, se comprometen a derogarla.

Por su parte, desde el PSOE explican que tienen como objetivo poner en marcha medidas encaminadas a que los granadinos logren desarrollar «una vida privada y familiar, y especialmente un proyecto de vida nuevo entre los más jóvenes y las personas económicamente más vulnerables», señalan. Asimismo, en el marco de la Ley de Vivienda, apuntan a que desarrollarán actuaciones para contener los precios de los inmuebles;que regularán los contratos de arrendamientos para recoger las peculiaridades de cada situación;que incrementarán el actual parque de vivienda pública de alquiler social; que establecerán programas de incentivos a la rehabilitación y que consolidarán el Bono Alquiler Joven.