«No es voto rogado, es un voto robado»

A estas alturas de 2019 y tres elecciones generales después, no existe nadie que lo niegue. La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que impuso la obligación a los españoles residentes en el extranjero de «rogar» el voto y que llevó a cabo en 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue una auténtica chapuza.

Primero están los trámites, ya de por sí engorrosos, y la falta de información, que según los afectados es manifiesta. Si se superan los primeros obstáculos a base de grandes dosis de paciencia y persistencia, después hay que esperar a que lleguen las papeletas electorales. Y éstas dependen de servicios de correo del país de turno y que, en ocasiones, no tienen por qué estar entre los más puntuales del mundo, por lo que no es extraño que el sobre nunca llegue, que lo haga con los comicios ya celebrados o, incluso, con un presidente ya investido.

Desde la modificación del Gobierno Zapatero, la participación ha descendido desde una media del 25% del censo exterior a un raquítico 5%. De cara a estos comicios, apenas el 8% de votantes en el exterior han pedido ejercer su derecho de sufragio, y de éstos, a ver cuántos lo consiguen. Los partidos son conscientes de este hecho e intentaron poner remedio a la situación. PSOE y Unidos Podemos llegaron a alcanzar un acuerdo esta legislatura, pero sus desavenencias con Partido Popular y Ciudadanos, más el adelanto electoral, han dejado de nuevo más de dos millones de votos en el limbo.

Ramón García-Rubio tiene 39 años y reside en Buenos Aires, donde trabaja en proyectos para atender a niños cuyas familias se encuentran en situación de pobreza. Su compromiso político es proporcional a su indignación. «No es un voto rogado, es un voto robado», denuncia. Y, añade: «Este sistema es la mejor manera de desalentar el voto». Según explica, «para empezar nadie se va a poner en contacto contigo para informarte ni te va a llegar correo a casa por las elecciones, aunque residas en el país que sea desde hace muchos años y ya hayas votado anteriormente desde allí». El colmo es que, en cada cita electoral, debe repetirse el proceso, aunque no se haya cambiado de domicilio en el lugar de residencia. «En resumen, hay que tener muchas ganas de votar», concluye García-Rubio, quien de aquí al 28-A mirará cada día en su buzón por si suena la flauta.

Más complicado aún lo tienen los españoles que viven en lugares alejados de las grandes ciudades en las que hay representación diplomática. Es el caso del matrimonio formado por Ángel Ortiz y María Pereira, de 39 y 37 años, de Bembibre (León). Residen en Salt Lake City, capital del estado de Utah. En 2015 y 2016 rogaron el voto, y pese a que el servicio de correos de Estados Unidos no es sospechoso de deficiente, el sobre no les llegó en ninguna de las ocasiones. Han vuelto a intentarlo de cara al 28-A, pero no albergan la más mínima esperanza. Una posible solución estaría en acudir al consulado de España en Los Ángeles, lo que supone recorrer una distancia de mil kilómetros en coche o coger un avión, con el coste que eso conlleva para el bolsillo por el mero hecho de ejercer un derecho básico.

Como a ellos, les ocurre a los cerca de 300 compatriotas que integran la colonia de Salt Lake City. Más aún, a todos los españoles que viven en el oeste de Estados Unidos y dependen del consulado de la ciudad californiana. «Esto es una vergüenza», zanja Ortiz antes de señalar que se planteó pagar el billete de avión, pero que «hacerlo ya sería hasta cachondeo».

Los partidos insisten en que la próxima legislatura se acabará con el voto rogado. También se comprometieron a hacerlo en la que está a punto de concluir, pero de momento los españoles en el exterior tendrán enormes dificultades para participar en las generales de dentro de dos semanas y en las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Los suyos son más de dos millones de votos fantasma.