Rafael Amargo ha asegurado una y otra vez, en televisiones y en el propio escenario del Teatro La Latina donde ensayaba el estreno de la 'Yerma' de García Lorca cuando lo detuvieron, que no es un narcotraficante. Sin embargo, la Fiscalía asegura que miente y que tiene pruebas suficientes para demostrar a la justicia que, al menos en 2020, ejerció el tráfico de drogas, tanto desde su casa madrileña como mediante la venta a domicilio, de una manera «persistente».
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Ya nada librará al bailarín granadino de sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid. Todavía no hay fecha para la vista oral, pero no se demorará por mucho tiempo. La Fiscalía ha convertido su procesamiento en algo inevitable tras presentar un escrito de acusación formal contra Amargo que incluye una calificación provisional de los hechos, con un delito contra la salud pública de notoria importancia, y una petición de pena: nueve años de cárcel.
El Ministerio Fiscal, dando por válidas las conclusiones de los ocho meses de investigación de la Policía Nacional, considera que Amargo junto a un socio, J. E. S. B., para el que pide idéntica condena, se dedicaron a traficar con drogas desde el confinamiento por coronavirus hasta la operación judicial, que se desencadenó en diciembre del mismo año con las detenciones y los registros de sus domicilios.
La investigación, dirigida por el Juzgado número 48 de Madrid, considera que el bailarín y su socio, según demostraron los pinchazos telefónicos y las vigilancias policiales, compraban importantes cantidades de drogas ilegales, especialmente metanfetamina, para luego venderla a terceros. Amargo usaba en abril de 2020, en pleno confinamiento domiciliario, su propia casa en el centro de Madrid como punto para el trapicheo de sustancias. Los agentes pudieron comprobar durante semanas cómo «numerosas personas» acudían a la vivienda, de donde, tras permanecer muy poco rato, salían «de manera apresurada» con sustancias estupefacientes ilegales.
La organización, según describen los agentes, tenía un segundo procedimiento. Amargo utilizaba al tercer detenido, M. A. B. L., para quien el fiscal reclama seis años de cárcel, como repartidor a domicilio. Su «hombre de confianza» llevaba «a sabiendas» las dosis prohibidas hasta donde se lo pedía el cliente y luego volvía al piso del bailarín para entregarle el dinero. Así lo comprobaron los policías el 27 de abril de 2020, cuando siguieron a M. A. B. L. desde la casa de su jefe y lo sorprendieron «cuando se disponía a entregar a un cliente», a cambio de 50 euros, una bolsita con algo menos de un gramo de metanfetamina, con una pureza del 76%.
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La operación contra la presunta organización de narcotráfico se desencadenó hace poco más de un año, el 1 de diciembre, cuando la Policía creyó ya tener la investigación completada. En la casa de Amargo se encontraron solo pequeñas cantidades de sustancias ilegales: tres botes de Popper -un estimulante ilegal del deseo sexual-, un frasco con seis mililitros de GBL -conocido como 'éxtasis líquido'- y una bolsita con restos de feniletilamina. El grueso del alijo lo hallaron, según el escrito de acusación del fiscal, en el domicilio de su socio. Allí, la comisión judicial localizó algo más de 60 gramos de metanfetamina con una pureza del 76%, dos bolsas con ketamina (un sedante), un bote con Popper y un frasco con 6,8 mililitros de 'éxtasis líquido'.
El bailarín y el resto de los detenidos están en libertad provisional a la espera de juicio desde el 3 de diciembre pasado, pero con la prohibición de abandonar España y la obligación de acudir al juzgado cada quince días. El juez de guardia, tras dos días en los calabozos policiales, rechazó el ingreso en prisión preventiva que pidió el Ministerio Público y los dejó libres por considerar que tenían arraigo social y medios materiales suficientes para contrarrestar los riesgos de fuga y de reiteración del delito. La situación de libertad provisional fue confirmada en febrero pasado por la Audiencia Provincial de Madrid, que rechazó la impugnación del fiscal y consideró bastantes las medidas cautelares impuestas ya por el juez de instancia.
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