Casi 17.000 funcionarios granadinos están llamados a la huelga en defensa de Muface

La crisis de Muface explotó el pasado octubre, cuando el Gobierno anunció que, de no llegar a un acuerdo con las aseguradoras de cara al concierto para los años 2025, 2026 y 2027, un millón y medio de funcionarios de todo el país (casi 46.000 granadinos) pasarían a ser atendidos en la sanidad pública. Pedían una subida de las primas y, ante la negativa del Ejecutivo, empezaron los movimientos. Asisa y DKV presentaron sus propuestas mientras que Adeslas se descolgó por completo de la licitación.

Un paradigma muy diferente al actual. Tras una primera subida del 17,12% de la prima por asegurado, la semana pasada el Gobierno central dejaba sin efecto el plazo de licitación a menos de 48 horas de que terminase, ampliando así la fecha límite para la presentación de ofertas. Y este martes, bajo la demanda constante de que se reduzca el plazo del nuevo acuerdo, el Consejo de Ministros ha aprobado una segunda mejora y ha ofrecido que se eleve al 41,5%. Esto se traduce en 330 millones de euros más de inversión.

Adeslas y Asisa ya han mostrado su interés en las nuevas condiciones. De esta manera, sí ven viable la continuidad de Muface y, por lo tanto, que los funcionarios sigan recibiendo asistencia médica por la vía privada. En cuanto a DKV, renunció a participar en el nuevo convenio hace unas semanas y, aunque el panorama ha cambiado, por ahora mantiene la incógnita sobre su continuidad.

Aunque dos de las tres mutuas que hasta ahora venían garantizando la cobertura sanitaria a los funcionarios españoles se han vuelto a subir al barco de las negociaciones, los afectados todavía no lo tienen claro. De ahí que alrededor de 16.750 granadinos estén llamados a la huelga del próximo 13 de febrero. Según datos facilitados por CSIF Granada, en la provincia, los principales afectados trabajan en Educación Pública no universitaria y universitaria (14.000); Administración General del Estado (2.700), y Correos (50). La mayoría son docentes, un colectivo en el que el 86% son funcionarios. No obstante, el sindicato apunta que en este cómputo no están los jubilados, «un colectivo que a pesar de no estar en activo es beneficiario de este modelo sanitario».

«La sanidad de nuestros funcionarios y de sus familias no puede ser rehén de una negociación», ha subrayado la presidenta de CSIF Granada, Victoria Pineda, ante preguntas de esta redacción. En este sentido, la máxima representante de los funcionarios granadinos ha explicado que en la convocatoria del 13 de febrero el objetivo es «parar» la Administración. «Lamentamos el perjuicio que podamos ocasionar a la ciudadanía, pero tenemos que elevar el tono y nos vemos obligados a defender el derecho de nuestros funcionarios», ha expresado Pineda.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios se mantiene firme en su postura, tanto en Granada como en el resto del país. Los docentes de centros escolares y universitarios, el personal de Correos y el de la Administración General del Estado «no se merecen está situación de inquietud y este agravio».