La Ley de Transparencia de Andalucía contempla sanciones de hasta 400.000 euros

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el proyecto de ley de Transparencia Pública de Andalucía, que será remitido al Parlamento de Andalucía para su debate y aprobación antes de que finalice el periodo de sesiones en julio, según ha informado el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios. La norma, a diferencia de la estatal aprobada el pasado octubre, contempla un régimen de sanciones para las administraciones públicas o privadas que, gestionando fondos públicos, incumplan la obligación de informar al ciudadano. Las sanciones contempladas van desde los 100 a los 400.000 euros. Jiménez Barrios ha calificado la ley de "un hito" porque abre la puerta a "profundizar en nuestra democracia". Considera que es una herramienta "contundente y clara" para "recuperar la confianza política de los ciudadanos". Aunque no lo ha dicho, es también la primera de las leyes del pacto de Gobierno PSOE-IU en llegar al Parlamento casi dos años después de comenzar la legislatura.

La ley incluye la creación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, organismo adscrito a la Junta y cuyo director, un perfil independiente, según el consejero, deberá ser elegido por el Parlamento por mayoría absoluta. Este consejo dirimirá sobre las quejas de los ciudadanos y las sanciones. Consumidores y usuarios estarán entre los 14 representantes de la sociedad.

Jiménez Barrios ha informado de que las medidas coercitivas llegan hasta la destitución de cargos públicos o petición de destitución de las personas responsables de las entidades que incumplan. El plazo para responder es de 20 días hábiles. La ley, no obstante, no entrará en vigor hasta un año después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, aunque los ayuntamientos tendrán un plazo más amplio, dos años, para adaptarse a las exigencias de transparencia de la norma.

Esta también incluye la creación de una Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas para resolver cualquier duda al ciudadano sobre las mismas. Sus resoluciones se harán públicas. Jiménez Barrios ha admitido que este órgano en realidad no sería necesario ya que la propia ley de subvenciones es explícita sobre la publicidad de las ayudas, si bien se ha querido recalcar más esta publicidad ante la desconfianza que ha generado casos como el de los ERE o el de las facturas falsas de UGT. El consejero en ningún momento se ha referido a estos asuntos.

Más control a los partidos

La norma se ha adaptado a la estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aunque la andaluza es más exigente en la regulación de los partidos políticos. El texto nacional solo les reclama informar de los contratos, convenios y subvenciones públicas, mientras que el andaluz les obliga a cumplir con normas de transparencia análogas a las de las administraciones si quieren financiar su funcionamiento con dinero público de la Junta. También están obligados a facilitar información sobre lo realizado con el dinero recibido de la administración autonómica.

La ley afecta a: Las administraciones de la Junta, el Parlamento en sus decisiones administrativas, los ayuntamientos, las diputaciones, las universidades y las agencias y entidades vinculadas; las entidades sin ánimo de lucro (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y ONGs, entre otras) que reciban ayudas o subvenciones para sus actividades; las empresas privadas que gestionan servicios municipales, y las empresas y entidades que concierten con la Administración la prestación de servicios de educación, sanidad o servicios sociales, entre otros.