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M. V. Cobo
Jueves, 29 de mayo 2014, 00:04
Las elecciones al Parlamento Europeo que se celebraron el domingo pasado permitieron que los ciudadanos españoles eligieran a los 54 eurodiputados que les van a representar en la Cámara europea en los próximos cinco años. La labor de estos representantes resulta a veces poco clara para los vecinos de pueblos o ciudades, pero el alcance de sus votaciones es cada vez mayor y su repercusión más directa sobre el día a día de un granadino. Carreteras, bibliotecas o encauzamientos de barrancos justo al lado de sus casas se han hecho con dinero europeo. El tejado de la iglesia de su barrio se rehabilitó con dinero que llegó de Bruselas o incluso las nuevas tecnologías de las que dispone la empresa para la que trabaja se pudo adquirir gracias a la pertenencia de España a la Unión Europea.
La labor del Parlamento Europeo es, fundamentalmente, la de legislar sobre asuntos de lo más variopinto. Pero también ejercen control sobre los presupuestos y el reparto de fondos comunitarios, uno de los aspectos que más claramente perciben los ciudadanos.
De hecho, en los últimos meses se ha negociado el reparto de fondos para el próximo programa operativo regional, en el que Andalucía recibirá 11.613 millones para el periodo comprendido entre 2014 y 2020. La cantidad inicial que iba a recibir la comunidad andaluza era de 9.300 millones, pero tras la negociación que se llevó a cabo en el seno del Europarlamento, subió a los 11.613 millones definitivos. Este hecho sirve para reforzar la labor de los 54 eurodiputados que forman parte de la cámara, compuesta por más de 750 representantes en total.
El espíritu de los proyectos financiados por los fondos Feder en la próxima etapa, hasta 2020, ha cambiado sensiblemente. Si hasta 2013 se pudieron incluir muchas obras de grandes infraestructuras, a partir de ahora se centrarán más en proyectos de investigación, desarrollo e innovación, o en modelos sostenibles. «Una de las prioridades para la próxima etapa son las energías renovables», apunta Paca Pleguezuelos, delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas. Pleguezuelos señala que Andalucía y Granada partían en muy buena posición en este campo, siendo un referente para empresas privadas y también para otros estados, «pero la nueva normativa ha cortado de cuajo ese desarrollo». En este nuevo periodo, a las regiones que presenten proyectos se les va a exigir también que trabajen en red, buscando socios por toda Europa, tanto públicos como privados. «A las administraciones públicas, universidades, parques tecnológicos y tejido empresarial se les va a pedir que acudan a competir por las ayudas con socios europeos de otros países que estén trabajando en las mismas líneas», explica Pleguezuelos. Granada debe ir tejiendo esas redes europeas que le permitan competir también en los 80.000 millones euros del programa competitivo Horizonte 20-20.
Renovables y turismo
También el turismo tendrá un papel relevante en el nuevo periodo, un asunto que no es competencia directa de la Unión Europea, pero que permitirá sufragar también programas dirigidos a pymes, siempre desde la óptica de redes de colaboración europeas, según apunta Pleguezuelos. Además de estos campos nuevos, habrá infraestructuras que seguirán siendo prioritarias, como la segunda circunvalación, la A-7 o la A-44. Sin embargo, a España no llegarán ya los llamados fondos de cohesión, que gestionaba el Estado, porque el país ha llegado ya al 90% del Producto Interior Bruto de la Unión, lo que hace que ese dinero vaya a otros países que actualmente tengan menos recursos. Esos citados fondos de cohesión son los que el Estado ha destinado al AVE.
Pleguezuelos apunta también, como prioridad para estos próximos años, la conexión andaluza del Corredor Mediterráneo, que enlazará el puerto de Algeciras con la provincia granadina. La representante de la Junta señala que «el Gobierno ha decidido comenzar a invertir en Levante, pero no podemos permitir que el puerto algecireño pierda el empuje que tiene».
Desde que España entrara a formar parte de la Unión Europea, Andalucía ha recibido unos 80.000 millones de euros en 27 años entre distintos tipos de programas. En el caso de la provincia granadina, la cantidad recibida en el último periodo, el que oscila desde 2007 hasta 2013 (pero con plazo de ejecución hasta 2015), supera los 1.400 millones de euros, que están terminando de invertirse actualmente. 777 millones llegan a través de los fondos Feder, que gestionan ayuntamientos, diputaciones y Junta de Andalucía, y el resto se debe a los que se otorgan al Estado para las políticas de cohesión, que pretenden equiparar unas regiones con otras. Los dos proyectos que se llevan una mayor cantidad son el metro, que recibe unos 407 millones de euros en total, y el AVE, al que le llegarán unos 600 millones a través de los fondos que gestiona el Estado. Pero en el amplio listado de proyectos subvencionados por la Unión Europea hay muchos otros.
Por ejemplo, dos que se quedarán en el camino, como son el conocido como eje ferroviario transversal de Andalucía, el proyecto de AVE andaluz al que ha renunciado la Junta de Andalucía, pese a haber invertido 279 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones; o la segunda circunvalación, porque el Gobierno ha destinado los 35 millones de euros de la Unión previstos para esta carretera granadina a inversiones en otras provincias.
Las ayudas europeas no son un regalo que les cae a las administraciones a cambio de nada. La Unión financia entre el 70 y el 80% de los proyectos, mientras que el resto debe aportarlo el ayuntamiento, la diputación o la comunidad autónoma que las reciben. Y el proceso para terminar cobrando esas ayudas está plagado de controles y conlleva gran cantidad de papeleo y verificaciones.
Por eso, aunque el actual programa Feder tiene que estar ejecutado antes de que acabe 2015, el dinero europeo suele llegar mucho más tarde. Así lo explican desde Diputación, institución que actualmente solo ha recibido los anticipos de los más de 20 millones que les han aprobado, pero todavía ninguna de las cantidades que ya han adelantado. Una vez que se aprueba un proyecto, la UE libera un 7,5% en forma de anticipo y la institución que lo ejecuta va adelantando el resto de cantidades. Una vez que se van certificando las obras, se justifican los gastos y se verifica que se han hecho conforme a la normativa europea. Esos documentos, que siguen una lista de chequeo, se envían al Ministeri de Hacienda, que hace a su vez una nueva comprobación. Si todo es correcto, se remiten a Bruselas, que lleva a cabo una nueva comprobación, y si pasa los controles, libera dinero al Ministerio de Hacienda, y éste lo remite a la institución que lo ha adelantado.
«Es un proceso muy largo y complejo, que a su vez retrasa la ejecución porque no todas las instituciones pueden adelantar dinero a fondo perdido», apunta Paca Pleguezuelos, delegada de la Junta en Bruselas. La UE llegó a deber 1.000 millones de euros a Andalucía del programa Feder que se está ejecutando actualmente.
Aunque tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno han negado que esto suponga abandonar los dos proyectos, el nuevo planteamiento del reparto de dinero y la ausencia de fondos de cohesión dificultarán que estas infraestructuras se puedan hacer con cargo a Europa. Habrá que acometerlos con fondos propios.
Entre los cientos de proyectos que han ido recibiendo financiación en los últimos años hay un poco de todo. Además de esas infraestructuras, hay intervenciones por toda la provincia. Se incluyen restauraciones, como la de los castillos deFreila y Moclín, la iglesia de Santo Domingo en el Realejo o la de San Jerónimo en Baza. Se han llevado a cabo proyectos de depuración de aguas y se ha dotado de equipamientos al hospital de Loja, al Virgen de las Nieves de la capital o al Santa Ana de Motril.
Se ha actuado en entornos naturales, ayudando a reforestar zonas afectadas por incendios, como la Dehesa del Generalife, o mejorando caminos forestales, como los de la sierra de Tejeda. Dentro de los 777 millones otorgados a la provincia dentro del programa Feder la Diputación gestiona también partidas como los proyectos Mas Sur y Más Med por valor de 20 millones de euros, en los que se agrupan desde arreglos de carreteras a eliminación de barreras arquitectónicas o centrales de compras energéticas o mejoras de la señalización turística.
También hay casos de municipios que se renuevan gracias a estos fondos, como ocurre en Maracena, donde el proyecto Maracena Sostenible, con una inversión total de 5 millones de los que el Ayuntamiento aporta el 30% está permitiendo remodelar calles y plazas, instalar wifi, mejorar el seaneamiento o gestionar mejor el tráfico y el alumbrado público. Baza, con 10 millones europeos, también construirá una nueva residencia, un polideportivo, la nueva estación de autobuses, un centro de formación y remodelará calles.
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