La Audiencia Provincial absuelve a los ocho acusados en el caso del Palacio de Hielo

La Audiencia Provincial de Granada ha absuelto a los ocho acusados en el caso del Palacio de Hielo, al no apreciar prevaricación en la firma del convenio urbanístico en el que se desarrollaba el plan parcial de los terrenos destinados a albergar hace casi una década el Palacio de Hielo, un proyecto que nunca se llegó a materializar. Tanto el exedil de Urbanismo, Luis Gerardo García Royo, como el exgerente de Urbanismo, Manuel Lorente; los promotores José Julián Romero y Manuel José Rodríguez-Acosta; otros tres altos cargos municipales y un letrado han quedado absueltos tras la celebración del juicio que se llevó a cabo en el mes de mayo y el fallo del tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial. Pero el texto de la sentencia aprecia «errores» e «irregularidades» en la tramitación.

La fiscalía solicitaba siete años de inhabilitación para el exconcejal y Lorente, a los que consideraba como presuntos autores de un delito de prevaricación, y para el resto pedía tres años y medio como «cooperadores necesarios» o «cómplices», según se detalla en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico. La acusación la ejercían el ministerio discal y el Abogado del Estado, en representación del Ministerio de Fomento y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Los hechos sobre los que versó el juicio se remontan a los acuerdos alcanzados en 2005 entre el Ayuntamiento y un conjunto de promotores de Granada para el desarrollo urbanístico de unas parcelas del Cerrillo de Maracena.

La fiscalía subrayó que en la tramitación del sector urbanístico del Cerrillo de Maracena se incluían terrenos propiedad del Ministerio de Fomento y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, titulares de parte de ellos, pero a quienes no se convocó para la junta de compensación. En esta tramitación, el Ayuntamiento incorporó unidades de aprovechamiento porcentaje del terreno que le corresponde a la ciudad que no eran propiedad municipal, en una extensión de más de 33.400 metros. En dicho acuerdo se estableció el sistema de compensación, por lo que el Consistorio no se quedaba con el suelo, sino con dinero.

La sentencia fundamenta la absolución de los ocho acusados en la falta de pruebas sobre una «connivencia» entre los imputados para atribuir al Ayuntamiento aprovechamientos urbanísticos porcentaje que le corresponde a la ciudad de terrenos que eran propiedad del Estado y recalca que no ve una operación para incrementar «artificiosamente» los ingresos municipales ni la «capacidad edificatoria» de los terreno. La sección segunda subraya en su sentencia «sin duda alguna la inexistencia de un pacto» entre los imputados.

Sin embargo, aunque descarta la comisión del delito de prevaricación, incluye algunas apreciaciones sobre el procedimiento administrativo que se siguió. Así, apunta a que resulta llamativo que se firmara un convenio urbanístico en el que se había producido una «enorme desproporción» entre la extensión de suelo contemplada en los informes previos y los que finalmente se recogieron en el convenio. Esta diferencia en la extensión del suelo, atribuida a un error en los sistemas generales del Plan General de Ordenación Urbana, provocó que los inversores tuvieron que duplicar su inversión. «¡Fui a comprar una caja de naranjas y me obligaron a comprar cinco camiones!», espetó José Julián Romero en el juicio, y «no le faltó una dosis de razón», apostilla el redactor de la sentencia. Al empresario, que también estuvo imputado en la causa, se le reclamó desde el Ayuntamiento esta cantidad por vía de apremio:«Se convendrá en que la Corporación mostró en este asunto no solo desacierto sino una patente falta de mesura», toda vez que el sobrecoste al que tuvieron que hacer frente los promotores se debía a un «error que a los promotores no les resultaba imputable, y sí al Ayuntamiento de Granada». Entiende incluso el tribunal que los promotores «pudieran sentirse sorprendidos e incluso engañados».

«Irregularidades»

Se detalla en la sentencia que, pese a que no se notificó inicialmente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ni al Ministerio de Fomento la inclusión de terrenos de su propiedad en el citado convenio, este hecho se subsanó más tarde.

El fallo de la Audiencia Provincial no aprecia delito en ninguno de los cuatro acuerdos señalados por la acusación, pero deja una puerta abierta. «Sí podría serlo (vehículo de prevaricación), en términos dialécticos, el subsiguiente acuerdo aprobatorio adoptado por la Junta de Gobierno Local (...), pero contra dicha resolución tampoco se han dirigido específicamente las partes acusadoras».

Concluye el escrito que «hubo irregularidades de trámite en el desarrollo administrativo del Plan Parcial y del Proyecto de Reparcelación», al no haberse notificado a Hacienda la inclusión de terrenos del Estado, aunque se subsanó más tarde. «Aparte de ello, no hay atisbo de ninguna resolución arbitraria dictada en el seno de la Corporación municipal para perjudicar legítimos derechos de la Administración del Estado en la ejecución del planeamiento y menos cuando (...) la finca de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir quedó ajena al proyecto de reparcelación, en tanto que a la finca del Ministerio de Fomento no se le atribuyó en dicho expediente ningún aprovechamiento urbanístico». Contra esta sentencia cabe preparar recurso de casación ante la sala segunda del Tribunal Supremo en cinco días. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno explicaron ayer que La Abogacía del Estado en Madrid está estudiando si presentan recurso o no.

El alcalde, satisfecho

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), quiso avanzar este miércoles esta noticia en una visita al barrio del Albaicín. Torres Hurtado anunció que la sentencia de la Audiencia Provincial era absolutoria y quiso felicitar a todos los imputados por su absolución.

Para el regidor, la sentencia evidencia que desde el Ayuntamiento se «trabaja honradamente» y reclamó al PSOE que «deje de intentar conseguir la alcaldía a base de denuncias», a pesar de recordar que la denuncia partió del Abogado del Estado. Torres Hurtado calificó de «muy bueno» este fallo judicial. «No hay derecho a molestar de una forma tan mala a las personas que están trabajando por la ciudad de Granada», apuntó Torres Hurtado en referencia a la imputación de funcionarios, y consideró que existen otras vías alternativas a la penal.

El presidente provincial del Partido Popular, Sebastián Pérez, también mostró este miércoles su respeto a la sentencia de la Audiencia Provincial, al tiempo que aseguró «que siempre tuvo la confianza de que sería así porque en el Ayuntamiento de Granada se hacen las cosas con escrupuloso respeto a la Ley». Pérez consideró la denuncia «un nuevo revés para el PSOE de la provincia», toda vez que a su juicio todo el proceso, puesto en marcha cuando los socialistas gobernaban en Madrid, «hay que encuadrarlo dentro de una estrategia de acoso y derribo al gobierno municipal del PP en Granada».