Cuenca: "El PP quiere conseguir en los despachos lo que la calle le quita"

Francisco Cuenca, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, ha presentado una de las mociones que el PSOE llevará al próximo pleno ordinario que se celebrará el próximo día 26 de septiembre. En ella, los socialistas pedirán que el Consistorio inste al Gobierno de Mariano Rajoy la retirada de la reforma local que modificaría el proceso de elección de alcaldes en España.

Para Cuenca, las verdaderas razones por las que el Partido Popular quiere realizar este cambio no son otras que los más que previsibles resultados electorales que van a cosechar en las elecciones municipales de mayo de 2015. Dichos resultados son especialmente preocupantes en Granada, donde todas encuestas publicadas hasta el momento arrojan que Torres Hurtado perderá la mayoría absoluta. Por eso la prisa del PP en buscar apoyos para una medida que, consideramos pervierte el modelo democrático de nuestro país.

El máximo responsable de los socialistas en el Ayuntamiento ha afirmado que el PP no puede aspirar lograr haciendo trampas lo que está quitándole la calle. Torres Hurtado va a dejar de ser alcalde de Granada por su pésima gestión al frente del Consistorio, por la brutal presión fiscal a la que nos tiene sometidos a todos, por la bancarrota de la Plaza del Carmen, por la supresión de los servicios públicos. Y eso, que es una realidad tangible, la derecha necesita revocarlo jugando sucio. Y esa es la reforma que plantea el PP: juego sucio quitándose el disfraz de demócratas que tan mal les sienta. Por esa razón, el PSOE presenta la moción que hoy les damos a conocer, porque no es normal lo que pretende hacer la derecha, porque la medida no busca el interés general sino su interés particular, y porque sabemos que la ciudadanía no confía en los que hacen trampas, tal y como nos propone Torres Hurtado en Granada.

Cuenca ha recordado, además, que existen directrices de órganos legislativos de rango superior que aconsejan no cambiar las reglas del juego en año electoral, en concreto la Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa, que en un informe del año 2013 desaconseja lo cambios en las leyes electorales en los países democráticos en el año anterior a la celebración de esas elecciones, algo que ha sido ratificado por los órganos competentes de la Unión Europea. Así que le propongo al PP que el mismo celo que pone para ahorcarnos económicamente con las medidas de Merkel, ponga también para asumir que no se puede reformar la ley electoral cuando estamos en puertas de un comicio clave.

Para el concejal del PSOE regenerar la vida política pasa por atender a las minorías, supone darles voz y palabra, algo que el PP pretende borrar de un plumazo aprovechando su mayoría absoluto, regalándose a sí mismo una carta blanca para seguir saltándose las bases del juego democrático.

Reforma del ROM

El portavoz del PSOE ha presentado también las alegaciones que su grupo va a realizar a la última reforma del ROM que propuso el equipo de gobierno en el último pleno del curso pasado, un 25 de julio para intentar consolidar un proceso por el que colocar a sus amigos en contra de cualquier principio ético. Así, Cuenca ha dicho que la reforma propuesta por el PP busca puentear un principio que establece la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que exige para los puestos de coordinadores generales y directores generales en los ayuntamientos, la categoría de funcionario en la persona que los desempeñe, salvo excepciones más que justificadas, algo que en el caso de nuestro Ayuntamiento no se cumple desde que gobierna Torres Hurtado.

El concejal ha manifestado que en la Plaza del Carmen "se ha hecho de la excepción regla y que los puestos de coordinadores generales y directores generales son ocupados, en su mayoría por puestos de confianza y no por personal funcionario. Así, el PSOE, en sus alegaciones a la reforma del ROM que pretende consolidar este modelo, expone la necesidad de que sea personal funcionario el designado para esos puestos y que, para las excepciones que pudieran darse se apliquen los criterios de capacidad y transparencia propios de cualquier Administración responsable.