Más de mil comercios podrían cerrar en enero si se extinguen los alquileres de renta antigua

El comercio tradicional está en las últimas. La extinción de los contratos de alquiler de renta antigua subrogados, que se aplicará, según lo previsto, el 1 de enero de 2015, podría afectar a más de mil establecimientos en la provincia, según la plataforma No al cerrojazo. Para evitarlo, tiene cuatro meses en los que esperan poder dialogar con el Gobierno para que apruebe la creación de un régimen transitorio que permita una moratoria en la aplicación de la ley.

Representantes de la plataforma, que se presentó en la Cámara de Comercio de Granada la pasada semana, acudieron un día después a una reunión en Madrid con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Allí expusieron sus intenciones y esperan con ello extender el movimiento a toda España, donde pueden haber un total de 300.000 afectados, según las estimaciones de la Cámara de Comercio de Madrid.

Ángel Rodríguez, portavoz de la plataforma, señala la necesidad de recabar apoyos, trabajar en las mismas propuestas y «bajo la misma bandera». La plataforma se presentará en cada provincia, aunque «aún está por definir el plan de acción». «Se busca el diálogo con el Gobierno, pero no se descartan otras medidas, ya que el tiempo se acaba. Tenemos los mejores escaparates de todas las ciudades y tendremos que hacernos ver», asegura Rodríguez.

Los afectados quieren llamar la atención sobre las repercusiones económicas y sociales que conllevará la aplicación de la disposición transitoria tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Esta impuso una moratoria según la cual los locales comerciales alquilados antes de 1985 debían mantener su renta antigua por un periodo de 20 años, durante el cual solo se les ha aplicado la subida anual del Índice de Precios al Consumo (IPC). Los únicos comercios que se libran son aquellos cuyo contrato de alquiler se subrogó al cónyuge o que mantienen el arrendatario original.

El régimen transitorio que pide la plataforma consistiría en una nueva moratoria de diez años durante la cual se actualizaría la renta por la diferencia entre el incremento de los últimos años del IPC de arrendamientos urbanos a finales del presente año y el incremento del IPC general ya aplicado. Asimismo reclaman una línea oficial de crédito para el traslado, reforma y adaptación de locales afectados «en atención a la grave crisis económica». Por último, piden que se elabore un plan de protección integral del patrimonio comercial histórico «con el fin de preservar la identidad del paisaje comercial urbano de las ciudades».

Jesús Cañavate, presidente del Colegio de Administradores de Fincas, señala el otro lado de la historia: «El propietario está perdiendo una parte de la renta». Cañavate aboga por renegociar los alquileres de manera que haya un acuerdo en el que tanto el arrendador como el arrendatario salgan ganando. «Como ciudadano entiendo a los comerciantes, pero también me pongo en el pellejo del propietario. Si se dejara una vía abierta a la actualización de las rentas, sería algo bueno para las dos partes», explica.

En el centro de Granada, donde se sitúan la mayor parte de los establecimientos afectados, hay muchos locales cerrados desde hace tiempo por la crisis del comercio tradicional. Cañavate insta a «"renegociar», ya que el comerciante «debe ser consciente de que, en algunos casos, paga precios muy bajos» y el propietario, «de que su arrendatario lleva quizás 30 años pagándole bien».

Un local, una historia

En la calle, cada establecimiento tiene una historia detrás. Tiendas minúsculas en la Gran Vía, que pagan menos de 100 euros al mes, tendrán que cerrar porque no venden suficiente. Bares, cafeterías y confiterías sobreviven mejor, aunque con dificultades. Muchos ya han renovado su alquiler para no verse afectados por la normativa. La cantidad de locales cerrados desde hace años mete el miedo en el cuerpo de los propietarios, que prefieren quedarse con el que ya tienen, aunque puedan pensar que ganarían más dinero con una franquicia o una cadena comercial. El caso de los bares es significativo: la jubilación de un padre puede permitir que el propietario exija un nuevo contrato y ganar más dinero, pero si el hijo decide irse, el nuevo arrendatario debería conseguir una nueva licencia, con lo que aumentarían los costes.

Raquel Ruz, concejala del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, acompañó a la delegación granadina en su misión a Madrid. Asegura que la única solución es un cambio normativo. Destaca que el PSOE «fue el primero en presentar una propuesta» en este aspecto, en marzo de 2013, en el pleno y que «fue rechazada por el Partido Popular». El pasado 4 de junio, el senador socialista Juan Manuel Fernández presentó una petición en la Cámara Alta, pero fue rechazada, «a pesar del apoyo de partidos como PNV y CiU».

Ruz también recuerda que el PSOE intentó introducir una enmienda en este sentido en el decreto ley de medidas urgentes para el crecimiento económico a finales de agosto, pero la propuesta fue rechazada de nuevo.