11.800 casas ilegales, a las puertas del 'indulto'

Más de 11.800 construcciones de la provincia de Granada situadas en zona no urbanizable se encuentran a las puertas de la legalización. Son aquellas que pertenecen a uno de los 33 municipios que ya han adaptado sus leyes urbanísticas y están preparados para cumplir con la posibilidad que ha abierto la Junta de Andalucía con el cambio de la ley de vivienda: indultar las construcciones en suelo no urbanizable. Hace un mes, el gobierno autonómico presentó estos cambios normativos pero no especificó cuántas construcciones se verían afectadas a corto plazo. IDEAL ha llamado a la puerta de los ayuntamientos y construido el mapa de las edificaciones irregulares que se han ido levantando a lo largo de varios siglos y que ya forman parte del paisaje andaluz. Son asentamientos que se hicieron en la mayoría de los casos vinculados a tareas agrícolas y que ahora podrán adquirir carácter legal.

El 'primer turno' lo componen 11.837 construcciones que constituyen solo una cuarta parte de todas las edificaciones que se podrán acoger al 'indulto' de la Junta, que en realidad existe desde 2012 y afecta a todos los edificios que se encuentren fuera de la ley y estuvieran construidos antes de febrero de 2008 en suelo no urbanizable. Un guiño de la Junta a quienes edificaron sin mala fe. En la provincia se calcula que podría haber aproximadamente cerca de 40.000 edificaciones en esta situación susceptibles de ser legalizadas, aunque habrá que esperar a que todos los ayuntamientos entreguen sus inventarios para conocer la cifra exacta.

Granada se encuentra, junto a Córdoba y Cádiz, a la cola de Andalucía en este proceso de regularización de edificaciones, ya que solo un 23 por ciento de las localidades han llevado a cabo un examen de su suelo. Este dato contrasta, por ejemplo, con la cifra de Almería, en donde el 81 por ciento de los pueblos ya pueden poner en orden sus construcciones en suelo no urbanizable.

Las comarcas de la Costa, el Valle de Lecrín y Loja son las que ahora mismo han identificado un número importante de edificaciones que se verán afectadas. Loja y Motril cuentan, cada uno, con 2.500 construcciones que podrán regularizarse, mientras que en Órgiva o Los Güájares hay 1.500 asentamientos que se encuentran a la espera de entrar en la ley. Almuñécar (950), Albuñuelas (510), El Pinar (490), Lanjarón (300) o Iznalloz (300) son algunos ejemplos de otros ayuntamientos que tienen trabajo por delante. Los ayuntamientos que no están en el mapa de las edificaciones ilegales no es que no tengan viviendas para legalizar. Simplemente no han adaptado sus leyes de urbanismo al 'indulto' de la Junta -se podía hacer desde 2012 ya que existe un decreto autonómico que insta a los ayuntamientos a ello-. Por tanto, están reteniendo la legalización de las construcciones por parte de los ciudadanos.

Esto ha motivado que el gobierno de Susana Díaz vaya a introducir cambios en la ley de vivienda autonómica. De esta manera presiona a los consistorios y les invita amablemente a adaptar sus normas urbanísticas en la dirección que la Junta marca.

Para ello tienen todavía los ayuntamientos aproximadamente otros dos años y medio. Los ciudadanos que deseen legalizar sus casas tendrán, por tanto, que esperar a que los consistorios hagan su trabajo.

Poco interés

Diego Vera, catedrático universitario Derecho Administrativo, no espera que las modificaciones en la ley de vivienda de la Junta vayan a provocar una regularización en cascada de edificaciones, ya que los ayuntamientos no están por la labor: «El decreto de 2012 no tuvo mucha incidencia en los ayuntamientos, así que no espero grandes resultados con los nuevos cambios». A su juicio, los propietarios de las edificaciones no temen que se vayan a demoler las construcciones realizadas en suelo no urbanizable y los beneficios que provoca al ciudadano estar dentro del catastro de viviendas -acceder a servicios básicos como luz o agua y poder traspasar las edificaciones- no salen rentables si se comparan con los deberes -adaptar la edificación al impacto medioambiental que se hubiera producido, no poder realizar obras de ampliación posteriores a la regularización y pagar los impuestos establecidos por los consistorios-.

La regularización de los inmuebles solo interesa si se desea realizar un traspaso de la edificación. «Los propietarios han visto que lo único que iban a conseguir con la regularización era tener que pagar más dinero», asegura Vera.

Para poder legalizarse, las edificaciones en suelo no urbanizable deben cumplir una serie de requisitos. En primer lugar se tienen que encontrar dentro de un ayuntamiento que ya ha hecho sus deberes y han inventariado todas las localizaciones susceptibles de ser regularizadas. Las edificaciones deben estar terminadas antes de febrero de 2008 y se tienen que encontrar fuera de suelo protegido o inundable. Además, no puede haber ningún procedimiento judicial abierto o con posibilidad de abrirse que permita ordenar el derribo del asentamiento.

¿Con estas limitaciones, aporta esta solución de la Junta de Andalucía una solución real a todas las edificaciones ilegales o solo afectará a unas pocas? Vera considera que aunque este 'indulto' soluciona el problema de las edificaciones ilegales, pero sí afecta a un número «muy importante» de construcciones.

Vera sostiene que son las provincias de Cádiz y Málaga las que más afectadas se ven por estos cambios normativos de la Junta y que en Granada «afecta menos», ya que la intención del gobierno andaluz «es satisfacer a los residentes extranjeros en las costas de Málaga y Cádiz».

Javier Egea, responsable de Ecologistas en Acción en la provincia, considera que esta medida es una «trampa» con la que la Junta pretende «no cumplir con la ley». Para él es una llamada «a hacer la vista gorda».

Tanto Vera como Egea coinciden en ver la reforma de la ley de vivienda como una norma que pretende satisfacer a las necesidades de quienes adquirieron o construyeron edificaciones ilegalmente durante los años de crecimiento urbanístico. Estos residentes, que aseguran ser compradores o constructores de buena fe, habrían instado a la Junta de Andalucía a que dé carácter legal a las viviendas en donde residen, según ambos. Pero los resultados no terminan de satisfacer a los propietarios andaluces, que esperaban modificaciones de más envergadura en la ley. La Junta de Andalucía impone dos restricciones -que no estén en suelo protegido o inundable y que no tengan ningún procedimiento judicial abierto-, que impiden dar respuesta a un número considerable de construcciones.

En la provincia de Granada, por ejemplo, las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, la sierra de Huétor, Sierra Nevada y la sierra de Baza cuentan con su suelo protegido y los ayuntamientos respectivos no tienen margen de maniobra para regularizar las edificaciones. «Pero tampoco se demolerán, ese es el problema», recalca Vera. Egea considera que hay «cientos de expedientes» guardados en el cajón porque los alcaldes «no se han atrevido» a tirar construcciones realizas en zonas ilegales. En las edificaciones, los propietarios aseguran que las construcciones se llevaron a cabo con el único fin de tener un residencia. El problema, en cualquier caso, continúa pendiente de solución.