El Ayuntamiento no ha saldado aún expropiaciones de hace catorce años

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada fue aprobado en el año 2001. En aquel documento se convertían en edificables algunos terrenos que antes no lo eran, como los comprendidos en el Plan Parcial Oeste 3, en la Chana. Para que pudieran tener uso residencial, había que expropiar unos terrenos de la Vega. Esa operación, quince años después, todavía no ha logrado cerrarse. Uno de los propietarios de ese suelo iba a cobrar 'en especie', al recibir una parcela dentro del citado plan parcial en el que se podían construir viviendas. Sin embargo, la reparcelación de esa zona no se ha llegado a inscribir en el Registro de la Propiedad, de forma que el dueño originario del suelo no ha podido recibir su compensación, que sería la inscripción a su nombre de la citada parcela valorada en unos 13 millones de euros.

Este asunto vio este jueves la luz por la denuncia del grupo municipal socialista en rueda de prensa. El concejal Miguel Ángel Fernández Madrid dio a conocer un documento del Ministerio de Justicia en el que se archivaba una queja de la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, sobre el funcionamiento del Registro de la Propiedad.

Para los socialistas, el escrito del ministerio es «un tirón de orejas» a la gestión en materia de Urbanismo de Nieto y exigieron «explicaciones inmediatas al alcalde tras conocer esta nueva reclamación de 13 millones de euros». Nieto, por su parte, señala que se ha limitado a tratar de dar una solución al dueño de los terrenos sin provocar un agujero de 13 millones de euros en las arcas municipales.

Perjuicios

Fernández Madrid (PSOE) detalló en la rueda de prensa que el pasado mes de febrero la concejala Isabel Nieto presentaba un escrito-denuncia ante el ministerio porque, según ella, el Ayuntamiento y especialmente la concejalía de Urbanismo venían apreciando «ciertas conductas, cada vez más habituales», en la tramitación de documentos en el Registro de la Propiedad nº 2 de Granada que afectaban directamente Ayuntamiento. Se refería la concejala Nieto a que llamaba la atención «la cantidad de retiradas de documentación, reintegración, aportación de documentación complementaria» que, a juicio del equipo de gobierno, demoraba los asuntos. En concreto, retrasa la inscripción de la parcela del plan parcial Oeste 3 a nombre del dueño al que se le expropió suelo.

En el escrito, la responsable de Urbanismo ponía como ejemplo de estos perjuicios para el Ayuntamiento la reclamación de la nueva deuda de 13 millones de euros al Ayuntamiento por los desarrollos en el plan parcial Oeste 3 en La Chana y se quejaba de la consecuencia para los procedimientos desarrollados por el Ayuntamiento en el Cerro de San Miguel y los planes parciales Oeste 1 y 2.

Lejos de darle la razón, señaló el socialista, «la respuesta del Ministerio de Justicia del Gobierno de Rajoy no puede ser más contundente, al poner de manifiesto su desconocimiento en asuntos básicos relacionados con el derecho administrativo y vinculados con el derecho de la propiedad que la señora Nieto pretendía saltarse a la torera», apuntó Fernández Madrid.

Para el socialista, «estamos ante un asunto de suma gravedad que deja entrever que la incapacidad de Nieto puede tener graves consecuencias económicas para los granadinos, por lo que se hace ineludible que el PP tome cartas en el asunto».

Fernández Madrid dio a conocer además como en el informe, «el Ministerio le da un tirón de orejas a la concejala por sus escasos conocimientos en materia urbanística» y relató como la señora Nieto en otro ejemplo más de su «chulería» apela en su denuncia a que el registrador «sea más claro es sus calificaciones ya que resultan farragosas en su redacción, lo cual dificulta muy mucho su comprensión».

El concejal socialista añadió además que la popular en su escrito no tiene reparos a la hora de cuestionar en algunos casos los procedimientos administrativos seguidos por el Registrador, provocando que el Ministerio le conteste «que el urbanismo y las normas jurídicas que lo regulan son de naturaleza eminentemente técnica, con terminología muy específica y conceptos abstractos cuya comprensión no es sencilla para el profano». El Ministerio, remarcó el socialista, «le recrimina además que las notas de calificación deben ser inteligibles pero ello no implica que haya que vulgarizar su redacción, lo cual además no es posible sin faltar al necesario rigor jurídico que debe subyacer en ellas». Para el socialista, «la concejala del PP ha puesto en ridículo a todo el Ayuntamiento por su osadía y desconocimiento» y concluyó que «lo único que le faltaba ya al Área de Urbanismo que dirige es que, además de que no le coja el teléfono la Ministra de Fomento para el asunto del AVE, el propio Ministerio de Justicia del Gobierno de Rajoy le saque ahora los colores por su incompetencia». Fernández Madrid exigió «responsabilidades al equipo de gobierno y su destitución inminente».

Nieto responde

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, explicó que el caso del plan parcial Oeste 3 arrastra desde la aprobación del PGOU en 2001, con Moratalla como alcalde. «Cuando yo llegué, me senté con el propietario que pedía la expropiación y que reclamaba los 13 millones de euros», explicó la edil. Firmó entonces un convenio por el que abonaría la deuda en forma de suelo. Sin embargo, Nieto explica que ese suelo forma parte de una junta de compensación -una especie de comunidad de propietarios- que es la responsable de inscribir la reparcelación en el Registro de la Propiedad. «Me he dirigido también a la junta de compensación para que agilice los trámites», señaló Nieto, que desvela que el ciudadano que fue expropiado llegó a presentar un escrito en los juzgados para reclamar esos terrenos.

Por su parte, el Ayuntamiento se interesó por inscribir ese suelo y poder así saldar su deuda. «Pero nos encontramos con que el Registro de la Propiedad cada vez lo calificaba de forma diferentes», lo que, según Nieto, les obligaba a presentar más documentación y demoraba la inscripción. Por este motivo fue por el que se decidió a presentar es escrito ante el Ministerio de Justicia, porque consideraban que el Registro de la Propiedad les estaba perjudicando.

El Ministerio de Justicia desestimó la alegación municipal avalando el comportamiento del Registro de la Propiedad en todos sus términos.