La Junta deja en el aire las ayudas para los barrios más pobres de la capital

Santa Adela es uno de los barrios más vulnerables de Granada. No sólo por la necesidad de rehabilitar las viviendas, sino también porque allí se concentran «graves situaciones de pobreza y exclusión social de las familias, desestructuración familiar, adicciones, graves dificultades de inserción laboral y escolar, etcétera», explica la concejala Pilar Rivas, de 'Vamos, Granada'. Santa Adela y los barrios de Almanjáyar y Casería de Montijo, en Zona Norte, están calificados como zonas con necesidades de transformación social, motivo por el que anualmente reciben ayudas públicas de la Junta de Andalucía. Sin embargo, este año no se han incluido estas subvenciones en la convocatoria publicada por la Junta de Andalucía, que ya se ha hecho pública. «Aunque lo hicieran ahora, en septiembre, llegarían tarde», explica la edil Rivas. Tampoco se ha incluido ninguna partida destinada a mantener el Servicio de Atención al Inmigrante (SAI).

El dinero de estas ayudas no se entrega directamente a las familias, sino que se emplea en contratar a catorce trabajadores: siete para las intervenciones sociales y otros siete en el Servicio de Atención al Inmigrante (SAI). Sus contratos finalizan en octubre y sin la convocatoria de ayudas de la Junta también están en el aire sus empleos. Pero además de la situación de estas personas, desde 'Vamos, Granada' muestran su preocupación por la pérdida que supondría para estos barrios dejar de recibir esas ayudas, que se traducen en programas de intervención social que van desde actuaciones de prevención del absentismo, de salud o para los comedores sociales. Suponen unos 300.000 euros que sufragan el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía al 50% cada uno.

Trabajo directo

Los siete trabajadores sociales que intervienen en estas zonas con necesidades de transformación social atienden a una población total de unas 24.000 personas con programas comunitarios. Además, hacen trabajo directo con familias, como las 327 que se atendieron de forma personalizada en Santa Adela en el último año. «Son intervenciones a medio y largo plazo, dejarlo ahora sería tirar a la basura el trabajo», precisa Pilar Rivas. La población inmigrante empadronada en Granada, a la que potencialmente podría atender el SAI, es de 26.000 personas.

La concejala teme que esta demora deje sin trabajo a estas personas porque «desde que se publica la convocatoria y el Ayuntamiento de Granada se presenta, hasta que el Interventor municipal da el visto bueno y se pueden renovar los contratos, pasan entre dos y tres meses y sus contratos acaban antes». En esa situación, de renovarse las ayudas fuera de plazo, habría que hacer una nueva selección de personal «y se perdería la experiencia que tienen estas personas, que ya están trabajando directamente con las familias».

La edil de 'Vamos, Granada' explica que ya ha habido problemas con estas convocatorias en años precedentes y en una ocasión anterior el Ayuntamiento de Granada se tuvo que hacer cargo de prorrogar esos contratos, lo que supone un desembolso para las maltrechas arcas municipales. Además de que, al ser convocatorias anuales, obliga a los trabajadores a estar pendientes de cuándo se publican en el BOJA para cerrar informes y presentar toda la documentación, tarea que les quita tiempo que podrían destinar al trabajo en los barrios.

Iniciativa

Para la concejala, esta incertidumbre a la que tienen sumida a las familias atendidas y a los trabajadores es «una irresponsabilidad por parte de la Junta de Andalucía». Rivas explica que los técnicos municipales, «en su intento de resolver esta situación, decidieron tomar la iniciativa y elaboraron un plan de inclusión social pionero en el Ayuntamiento».

Este proyecto permitía «no sólo la intervención integral y multidimensional que las familias requerían, sino la consolidación de un conjunto de profesionales que llevan años acumulando experiencia y conocimiento imprescindible en las dinámicas de barrio». Desde 'Vamos Granada' reclaman que se apruebe este programa de inclusión social de forma que se dé continuidad a la intervención en esas zonas, donde se concentra «la población más excluida de la ciudad». Rivas apunta a que el área de Bienestar Social del Ayuntamiento ha enviado un escrito a la Junta preguntando por estas ayudas, pero consideran que «esto no es suficiente».

La pérdida de esas ayudas supondría un nuevo varapalo para esas dos zonas de la ciudad y en el caso de Santa Adela se uniría a la incertidumbre de los vecinos sobre el programa de rehabilitación de las viviendas. El plazo para presentarse al Plan Nacional de Vivienda acaba el próximo 1 de octubre y aún no se ha remitido el proyecto granadino, que sería el único de la provincia granadina que aspira a incluirse en el plan estatal.

Este periódico contactó con el área de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía para conocer si tienen previsto convocar esas ayudas para barrios con necesidades de transformación social más adelante o definitivamente no las van a prorrogar para el próximo año. Sin embargo, al cierre de esta edición no pudieron ofrecer una respuesta sobre este asunto en varios días.