Quico Chirino
Lunes, 14 de septiembre 2015, 18:31
La comisión de Economía del Ayuntamiento aprobará esta semana una modificación del presupuesto para abonar con carácter inmediato 1.665.322 euros a la empresa que construyó y explota el aparcamiento del Triunfo, entre otros. Semejante agilidad se debe a que un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de la capital, fechado el 28 de julio, concedió al Consistorio tres meses de plazo para liquidar un contrato que se remonta a 2005.
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Fue una de las grandes operaciones urbanísticas del primer mandato de José Torres Hurtado. En el verano de 2004 el entonces concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García Royo, presentó los planos de un paso subterráneo por Severo Ochoa, la reforma de la avenida de la Constitución y la ampliación del viejo aparcamiento del Triunfo para duplicar el número de plazas. Las obras comenzaron de inmediato pero, en marzo de 2005, afloraron los restos arqueológicos de la primera plaza de toros de Granada, la Real Maestranza que ardió en 1879 y quedó reducida a escombros. Se suscitó entonces una de los tradicionales rifirrafes 'marca Granada', alimentado por dos administraciones de distinto signo político.
La Delegación de Cultura de la Junta obligó a conservar los vestigios del viejo coso. En septiembre de 2005, hace ahora diez años, se desmontaron una por una todas las piedras de la Real Maestranza para volverlas a armar en una sala acristalada dentro del 'parking' cuando concluyese la obra. Una década después siguen metidas en cajas, aunque se dejó reservada una sala de 1.368 metros cuadrados para su exposición.
«Las peleas entre la Junta y el Ayuntamiento las pagan los granadinos»
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El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, considera que la indemnización que ahora deberá pagar el Consistorio es un «escándalo» y se debe a la «mala gestión del gobierno del PP y del alcalde». Puentedura explica que el «error original» fue adjudicar las obras del eje de Constitución sin realizar antes las catas y prospecciones arqueológicas necesarias, así como no establecer cláusulas en el contrato que garantizasen que ante la aparición de unos posibles restos arqueológicos los costes económicos iban a cuenta y riesgo de la empresa adjudicataria.
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Puentedura recuerda que la ejecución de las obras de este parking estuvieron envueltas en polémicas durante varios años entre el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento y los responsables de la Junta del PSOE en la Delegación de Cultura. «En vez de solucionar la situación, esta pelea enquistó los problemas mucho más, atrasó durante varios años la ejecución de las obras, con un sobrecoste considerable y dio una mala solución para la integración y recuperación de los restos arqueológicos, que tuvieron que desmontarse y custodiarse piedra a piedra. Al final los platos rotos de la pelea PP y PSOE, entre Ayuntamiento y Junta, tienen que pagarlos los granadinos con el dinero público del Ayuntamiento».
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Puentedura lamenta que el pago de 1.665.332 euros pone en una situación muy «comprometida» a las arcas municipales, con un Ayuntamiento que tiene una «deuda superior a los 300 millones de euros y con problemas de liquidez muy graves, que están provocando, según datos de la tesorería municipal, que la deuda con empresas y proveedores esté por encima de los 50 millones de euros».
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El portavoz de IU detalla que el dinero para pagar esta indemnización se saca del fondo de contingencia del presupuesto municipal (809.943 euros), que es la partida destinada al pago de reclamaciones patrimoniales, y del que depende también los abonos de lo que se le debe a los trabajadores públicos por la sentencia que obligaba a pagar la productividad del año 2012 que el Ayuntamiento eliminó y que fue recurrida por CC OO. «Con lo cual se verán perjudicados los alrededor de 2.000 empleados públicos municipales, que verán como esta deuda que tiene el Ayuntamiento de Granada con ellos se retrasa aún más», anticipa Puentedura.
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Además otros 855.378 euros se sacan de los intereses que el Ayuntamiento tiene que saldar de la deuda del segundo Plan de Pago a Proveedores que se formalizó con el Real Decreto Ley 8/2013 «Hubo una rebaja de los intereses de este préstamo, pero en vez de destinar este dinero a pagar a proveedores, y a que numerosas pequeñas y medianas empresas puedan cobrar una parte de las más de 3.000 facturas que el Ayuntamiento les debe desde hace varios años, ahora hay que destinarlo a pagar sentencias producidas por la incompetencia del gobierno municipal y del alcalde de Granada y por las peleas entre la Junta y el Ayuntamiento».
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Por último, Izquierda Unida exige al alcalde y a su equipo de gobierno que den explicaciones, «pues no puede ser que cada dos por tres aparezcan sentencias millonarias que condenan al Ayuntamiento y que tienen que pagar los granadinos con sus impuestos y aquí nadie dimita».
La aparición de los restos arqueológicos disparó el presupuesto de aquella operación urbanística en el eje de Constitución, que se fue por encima de los diez millones de euros, prácticamente el doble de lo previsto. Sólo la decisión de rescatar las piezas de la vieja plaza de toros supuso 3.733.638 euros; sin contar otros 700.000 necesarios para rematar el proyecto y exhibirlas como si fuera un museo.
La ampliación del aparcamiento sufrió modificados: se perdieron 49 plazas previstas, una rampa de entrada y la sala para las piedras. La empresa no estuvo de acuerdo con la liquidación que hizo la Gerencia de Urbanismo en diciembre de 2008 y, tras agotar todas las vías dentro del Ayuntamiento, presentó un contencioso en octubre de 2009. Dos años después, la sentencia estimó parcialmente su reclamación y condenó al Ayuntamiento a pagar 1.665.322 euros a la sociedad.
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Negociación fallida
El fallo está recurrido pero la empresa solicitó a comienzos de 2015 la ejecución provisional de la sentencia. El Ayuntamiento alegó que hacer frente a tal cantidad de forma imprevista conllevaría un «quebranto para la hacienda municipal» y ofreció pagarla en cinco plazos. La empresa rechazó en el mes de junio el pago aplazado o en especie y el juez le ha dado la razón en un auto del 28 de julio.
El auto sostiene que no tendría sentido fraccionar la cantidad en un lustro puesto que, para entonces, ya existirá sentencia firme y anticipa que, en todo caso, la resolución final será, como mínimo, de 1.665.322 euros a favor de la empresa, si no mayor: «Este juzgador ya valoró el montante al que debería ascender la ejecución provisional (...) sin que haya habido oposición al respecto por el Ayuntamiento, no pudiendo ahora traer un nuevo argumento sobre quebranto de la hacienda municipal cuando ello no se hizo en su momento. De hecho, ya se accedió a la suspensión del incidente de ejecución en marzo de 2015, habiendo tenido tiempo suficiente la Administración para haber ejecutado la modificación presupuestaria pertinente. (...) Por el contrario, es indudable que, de estimarse el recurso de apelación deberá abonar una cantidad superior. Así pues, al ejecutarse provisionalmente la sentencia no pueden producirse situaciones irreversibles ni peores (...), toda vez que el Ayuntamiento da por buena la cantidad principal a indemnizar que se fija en la sentencia».
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La modificación del presupuesto para reunir los 1,6 millones se abordará mañana en el punto 4 del orden del día de la comisión de Economía e irá, previsiblemente, al pleno de final de mes. En octubre, diez años después de que se desmontaran las piedras de la vieja plaza de toros, habrá terminado la faena.
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