M. V. Cobo
Martes, 15 de septiembre 2015, 10:48
El Ayuntamiento insistió ayer en garantizar que el legado de Federico García Lorca llegará a Granada fruto de un diálogo con la Fundación Lorca o «tras un largo proceso judicial». El portavoz municipal, Juan García Montero, desveló que el Consorcio podría acudir a esta vía si fracasara la ronda de contactos que ya ha iniciado el alcalde -que preside el Consorcio Centro Lorca- para «agilizar» este proceso.
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García Montero quiso insistir en que el legado llegará, porque así se firmó en un convenio en la Huerta de San Vicente, donde se rubricó la creación del Centro Lorca, pensado precisamente para albergar los 5.000 documentos lorquianos que conserva la fundación.
Estas declaraciones las realizó tras la comisión de Cultura, en la que IU preguntó sobre la llegada de los fondos. El también concejal de Cultura aseguró que el alcalde de Granada ha reanudado el contacto con el resto de administraciones que conforman el Consorcio del Centro Lorca para que llegue a la ciudad el legado del dramaturgo. Los cinco mil documentos que componen el legado de García Lorca permanecen en Madrid gestionados por la Fundación que lleva su nombre, que aún no ha justificado cantidades millonarias destinadas a la puesta en marcha del Centro Lorca. Además, la presidenta de la Fundación García Lorca y sobrina del poeta, Laura García Lorca, presentó una denuncia contra el secretario general de la Fundación, Juan Tomás Martín, por posibles irregularidades en la gestión económica. El Consorcio, cuya defensa legal ejerce la Abogacía del Estado, no ha tomado aún ninguna medida judicial sobre este asunto o sobre la llegada del poeta.
Pese a que García Montero insistió en que está «garantizada» la llegada del legado, desde 'Vamos, Granada' expresaron su preocupación por este asunto. «Nos preocupa que digan que en el Centro Lorca ha habido todas las garantías jurídicas cuando el secretario esta desaparecido y hay que justificar más de cinco millones», señaló la edil Marta Gutiérrez Blasco. Por su parte, Francisco Puentedura, mostró su preocupación por que «al final se divida o se pierda la titularidad del legado para pagar deudas de la fundación». García Montero replicó que no existía ese riesgo.
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