Junta, Ayuntamiento y Vitalia abren una vía de diálogo para salvar la Huerta del Rasillo

Todas las partes implicadas en la pervivencia de la Huerta del Rasillo se encontraron ayer en el despacho del concejal de Bienestar Social, Fernando Egea. La reunión la había pedido el director de la residencia y a la cita acudieron todos los grupos municipales, el concejal Egea, el delegado de Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Higinio Almagro, el director de la Agencia de Dependencia de la Junta, así como el actual director de la residencia, un representante de Vitalia -la firma que está dispuesta a quedarse con la gestión del espacio- y un representante de los usuarios. Todos los presentes aceptaron un 'pacto de silencio', para no desvelar los detalles de la negociación, pero todos los consultados apuntan a que este encuentro sirve para abrir una vía de diálogo que puede tener final feliz.

El concejal de Bienestar Social, Fernando Egea, señaló a este periódico que «si todas las partes ponen de su parte -en referencia a Vitalia, Junta y Ayuntamiento- es posible que se logre un acuerdo. La esperanza está abierta». Egea no quiso dar más detalles para no entorpecer este diálogo abierto entre todos los representantes.

En la misma línea se pronunciaron desde los grupos municipales. Así, según pudo saber este periódico, en la reunión se abordaron los distintos escollos que ponen en peligro la continuidad de esta residencia. Uno de ellos ha sido, según se ha hecho público estos últimos días, el plazo por el que se ha adjudicado el edificio de la Huerta del Rasillo. El Ayuntamiento aprobó en junta de gobierno local una adjudicación directa por un plazo de cinco años, prorrogable otros 2,5 años más, periodo de tiempo considerado insuficiente por Vitalia. Sin embargo, en la reunión de ayer debieron acercar posturas sobre este y otros posibles escollos que no han trascendido.

Protestas

Poco antes de que se iniciara esa reunión, un grupo de residentes y trabajadores se concentraron en la plaza del Carmen para reclamar soluciones inmediatas a su situación. Actualmente, el centro sigue abierto y los cuarenta trabajadores siguen en sus puestos, aunque bajo la gestión del administrador concursal, una situación que no puede prolongarse mucho tiempo más.

Para apoyar a trabajadores y residentes estuvieron allí los representantes de Comisiones Obreras y UGT. Daniel Molina, de CC OO, señaló que «el Ayuntamiento ha cambiado de forma unilateral las condiciones, reduciendo los años de cesión; el Ayuntamiento aceptó a regañadientes diez años y luego redujeron unilateralmente a cinco». Molina explicó que llevaban ya muchos meses trabajando en este asunto y habían conseguido que todos los trabajadores mantuvieran sus empleos, y en las mismas condiciones que habían tenido hasta el momento.

Manuela Martínez, de UGT, destacó que las condiciones municipales habían dado al traste con la negociación anterior. «Fueron muchos meses hilando y cuando ya sólo quedaba el visto bueno del Ayuntamiento, que había dicho por activa y pasiva que no había problema con el edificio. No quiero pensar que haya algo detrás y ese espacio se quiera para otra cosa». Martínez destacó que su sindicato no estaría de acuerdo con una adjudicación directa en otro caso, pero «esta fórmula está pensada para cuestiones especiales como esta» y destacó que la cesión por diez años es «factible y legal». Los sindicalistas apuntaron que «el Ayuntamiento sólo ha puesto pegas al final. Podían haberlo dicho hace tres meses. Decían que si el edificio se dedicaba a su función social, no pondrían impedimentos. y criticaban a la Junta de Andalucía porque no tenía sensibilidad. Por eso no entendemos las pegas en el último minuto».

Los residentes anunciaron que se seguirán manifestando en la plaza del Carmen y que no están dispuestos a irse de allí.