Málaga necesitó tres años para lograr el 'sí' a las cámaras

El Ayuntamiento de Granada remitió este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un escueto comunicado en el que le solicitaba la instalación de cámaras de videovigilancia para prevenir las pintadas. El documento constaba de un breve párrafo en el que exponía el objeto de la petición, acompañado de un informe fotográfico de los seis lugares en los que desearía la autoridad municipal colocar esos dispositivos. Nada más. Ahora, la comisión de garantías de la videovigilancia tiene un plazo máximo de dos meses para pronunciarse sobre esta petición.

Fuentes del TSJA explicaron a este periódico que el único proyecto similar, por la envergadura y la ubicación, al que pretende poner en marcha Granada se encuentra en el casco histórico de Málaga. Es la única ciudad que cuenta con numerosas cámaras de vigilancia en el centro, fruto de una larga tramitación en la que tuvieron que esforzarse para cumplir todos los requisitos que le pedían desde la citada comisión. Tres años de estudios, papeleo y trabajo técnico necesitó el Consistorio malagueño para lograr finalmente el 'sí' de las autoridades judiciales, que llegaron a negar la autorización hasta en dos ocasiones, para autorizarlo finalmente en 2005.

La idea de colocar estos dispositivos partió de vecinos, comerciantes y hosteleros del centro de la capital malagueña, que comenzaron a pedirlo en 1997. Por aquel entonces no estaba regulado este tipo de dispositivos, por lo que la idea se quedó en el aire. Después de que en 1999 entrara en vigor la ley que lo regula, el Ayuntamiento lideró la propuesta y presentó la primera petición formal en el año 2003.

En aquella ocasión , la comisión rechazó la solicitud «por requisitos formales y por no estar completa la documentación» respecto al tratamiento de las imágenes captadas, según anunció el presidente del TSJA en aquel momento, Augusto Méndez de Lugo.

Dos negativas

En 2004, el Consistorio malagueño volvió a retomar el proyecto, que fue rechazado de nuevo por la comisión, en la que se integran el presidente del TSJA y el Fiscal Superior, entre otros miembros.

El Ayuntamiento tomó nota de todas las precisiones que le hace la comisión técnica y en 2005 presentó un tercer proyecto, iniciando toda la tramitación. La propuesta son carpetas y carpetas de documentos donde se detallan no sólo el número de cámaras, sino su ubicación exacta, el ángulo en el que van a grabar o quién se encargará de custodiar todo el material. Así, el proyecto logró finalmente el respaldo judicial en octubre de 2005.

En 2006 se instalaron finalmente 17 cámaras de videovigilancia en las principales calles del centro histórico. El presupuesto fue de 435.000 euros y la intención era aumentar la seguridad ciudadana en esta zona.

El sistema se ideó como un circuito cerrado de televisión, en el que no podía 'colarse' nadie externo para interceptar dichas imágenes. El pliego de condiciones que elaboró el Ayuntamiento obligaba a elegir un medio de transmisión y una tecnología 'inviolable'. Las imágenes de estas cámaras se destruyen en un mes y es la Policía Nacional, de una comisaría concreta del centro de la ciudad, la que tiene acceso a ellas. La videovigilancia comenzó a funcionar en marzo del año 2007.

Los objetivos de esos dispositivos no pueden girar hacia arriba para preservar la privacidad de las viviendas, por lo que sólo se captan imágenes en la vía pública. El Ayuntamiento malagueño pretendía colocar más cámaras en el centro, hasta superar el centenar, pero se topó con la falta de autorización de la comisión de garantías.

Cuando llevaba tres años funcionando, un estudio del Instituto Andaluz de Criminología concluyó que la videovigilancia apenas había logrado reducir los delitos en las calles en las que se habían colocado las cámaras, mientras que en las calles próximas había subido de forma significativa la delincuencia. El estudio fue financiado por la Junta de Andalucía.