Cincuenta hijos de maltratadas pasan a tener la misma protección que las víctimas

La nueva ley que reforma el sistema de protección de los menores ha sido una de las últimas tramitadas por el Gobierno antes de disolver las Cortes. Y uno de los aspectos más destacados de la reforma es que, a partir de ahora, los hijos de mujeres maltratadas estarán expresamente reconocidos como víctimas directas de la violencia de género. La situación de estos menores se ha tenido más en consideración en los últimos años, puesto que incluso ha habido víctimas mortales entre los pequeños, asesinados por su propio progenitor. La consideración de los hijos como víctimas supone, para empezar, su inclusión en la estadística oficial, lo que permite visibilizar el problema de estos chicos. Además, pone a su alcance las mismas medidas de protección que tienen sus madres, aunque es un juez el que dictamina, por ejemplo, quién debe gozar de una orden de protección.

Aunque hasta ahora no hay un dato fiable de cuántos menores se pueden ver incluidos en este registro, el Instituto Andaluz de la Mujer atendió en Granada a cincuenta menores en los primeros seis meses de este año en el marco de un programa de atención psicológica a hijos de mujeres maltratadas. Con la nueva ley, estos cincuenta niños pasarían a considerarse víctimas de violencia de género. La cifra de descendientes de víctimas será previsiblemente superior, puesto que estos cincuenta menores atendidos son chicos de entre 6 y 17 años y el programa de atención se circunscribía hasta el año 2014 sólo a la capital. En 2013, las últimas cifras disponibles de un año completo, se atendieron en toda Andalucía a 842 hijos de mujeres maltratadas, de los que 525 eran casos nuevos.

Respecto al maltrato en el ámbito familiar, cuando los niños se encuentren bajo la tutela de una víctima de violencia de género la norma señala que los poderes públicos garantizarán el apoyo preciso para que permanezcan con su madre, además de prestar atención especializada y ayudar en su recuperación. En este contexto ya se estaba trabajando en Andalucía, con el programa de atención psicológica que comenzó en 2009.

La nueva ley obliga a los jueces a pronunciarse sobre la necesidad de ordenar o no medidas relativas a la salida del domicilio familiar, prohibición de aproximación y otras actuaciones que afectan a los menores que dependen de la mujer sobre la que se ejerce violencia, incluso podrá suspender para el inculpado la custodia, entre otras medidas. En la reforma se ha legislado para que el asesino no pueda cobrar la pensión de viudedad de su víctima, que podrán percibir íntegramente los descendientes. También podrán recibir el cien por cien de la pensión de orfandad si uno de sus progenitores muere a manos del otro.

Registro de delincuentes

Otro de los asuntos más novedosos que contempla la ley de protección de menores es la creación de un registro de delincuentes sexuales que incluirá datos de ADN de personas que hayan sido condenadas en firme por algún delito relacionado con niños o adolescentes. Cualquier persona que quiera trabajar en ámbitos de infancia, desde pediatras a entrenadores deportivos o voluntarios, deberán certificar que no han cometido ninguno de estos delitos para poder trabajar. Este registro debe estar en funcionamiento en febrero de 2016.

Dentro de la reforma, que afecta a una veintena de normas y leyes, se retocan aspectos de la acogida y la adopción de los menores. Así, se prioriza el acogimiento para menores de seis años, algo que ya se había establecido en la comunidad andaluza.

En la provincia granadina hay un total de 698 menores tutelados por la Junta de Andalucía, y de ellos hay 337 en centros de protección y 361 menores en acogimiento familiar, en diferentes modalidades. En el caso de menores de seis años no llegan a veinte los que permanecen en centros de menores, un porcentaje muy pequeño sobre los 110 que están con familias de acogida. Desde la asociación Aldaima, entidad colaboradora de la Junta para el acogimiento familiar de menores, explican que prácticamente el 100% de los menores de seis años están con familias y no llegan a pasar por centros de acogida.

Sólo se producen algunas excepciones con los grupos de hermanos, que en algunos casos se quedan en estas residencias para no separarlos. Y se intenta que sea en periodos cortos de tiempo, mientras se les busca una familia temporal.

Desde la Delegación de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta señalan que la Ley Autonómica de Derechos y Atención al Menor de 1998 establece como prioritaria el acogimiento familiar frente al residencial, y en 2004 se reguló la figura del acogimiento de urgencia para menores de hasta seis años de edad. A las familias que forman parte de este programa se les ayuda con una remuneración económica mientras se hacen cargo de los niños, un acogimiento que no suele durar más de seis meses.

Actualmente, hay suficientes familias 'certificadas' para hacer frente a estas situaciones. Entre los 361 menores que se encuentran en acogimiento familiar, hay 43 en acogimiento temporal, 247 en acogimiento permanente, y 71 en acogimiento preadoptivo.

La nueva ley ha tratado de desjudicializar estos acogimientos, de modo que sea la administración la que decida dónde aloja al menor sin que el recurso de los padres biológicos le condene a permanecer en un centro, como podía ocurrir hasta hace pocas semanas. Y a la hora de dictar el desamparo de un menor -cuyos criterios se unifican a nivel nacional- no podrá declararse esta situación en función exclusivamente de la pobreza o la discapacidad de los padres.