Fiscalía abre otra investigación penal al Ayuntamiento por un proyecto de VPO

Analiza la adjudicación de suelos públicos de la Azulejera a dos empresas que no llegaron a construir y el gobierno municipal asevera que se cumplió la leygranada. La Fiscalía Provincial ha abierto diligencias de investigación penal para comprobar si se cometió alguna irregularidad en la adjudicación de suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas. La disuelta Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Granada (Emuvyssa) adjudicó a dos sociedades diferentes estos terrenos, pero ninguna de las dos llegó a construir nada en ese terreno. La investigación se produce a raíz de la denuncia de los compradores de aquellas viviendas, que llevan años peleando por conseguir que el Ayuntamiento les devuelva el dinero que entregaron a cuenta y del que todavía les retienen 240.000 euros en el Consistorio. Aquellos compradores se encontraron con que, tras la incapacidad de las dos empresas, constituyeron en cooperativa afirman que sin preguntarles y ahora el Consistorio los penaliza a ellos. La notificación de la Fiscalía Provincial llegó el lunes a los denunciantes y se une a otras operaciones urbanísticas municipales que están siendo investigadas en estos momentos, como el caso Serrallo ninguna aún a las puertas de juicio. La sección de Medio Ambiente de la Fiscalía ya ha solicitado al Ayuntamiento la documentación relativa a la licitación pública para promoción de viviendas, decisiones que fueron aprobadas en el consejo de administración de la extinta Emuvyssa.

Falta de información

La denuncia ante la Fiscalía Provincial decidieron presentarla los compradores ante la falta de información de Emuvyssa, primero, y del área de Urbanismo después. En numerosas ocasiones solicitaron acceso al expediente completo, que les fue denegado por escrito, a pesar de que incluso el Defensor del Pueblo español avaló su petición. El último intento por acceder al expediente se produjo la semana pasada, cuando les exigieron el pago de tasas para poder ver una información en la que ellos son parte afectada. Tras acudir dos días a Urbanismo, siguen sin haber podido revisar el expediente íntegro. En la comisión de Urbanismo celebrada ayer en el Ayuntamiento, la concejala del ramo, Isabel Nieto, aseguró al concejal del PSOE Miguel Ángel Fernández Madrid que se les facilitaría toda la documentación al grupo municipal.

Suelo público

La operación que ahora va a ser investigada arranca en el año 2009, cuando Emuvyssa saca a licitación un suelo de propiedad municipal en la Azulejera, para la construcción de más de un centenar de viviendas de protección oficial. Este terreno se adjudicó a la empresa Youloft Creaciones S. L. en junio de 2009. Sin embargo, tres meses después, «y debido a su incapacidad» según se recoge en la denuncia, esta empresa se vio obligada a renunciar a los derechos de adjudicación. Se quedó con el suelo una segunda empresa, llamada Granada 125 S. L., que curiosamente es propiedad de las mismas personas que la primera firma.

La denuncia, presentada por una de las afectadas en nombre de todo el colectivo, reclamaba a la Fiscalía Provincial que investigara si se había cometido alguna irregularidad en la adjudicación de estas parcelas. Alegan los afectados en su escrito que la primera empresa adjudicataria «no cumplía con los requisitos de capacidad y solvencia que exige la Ley de Contratos del Sector Público». Y denunciaban también en su escrito que la segunda adjudicación también se hizo sin cumplir con los preceptivos legales, puesto que debía estar ejecutado el 20% del importe del contrato, y la empresa no había hecho nada aún en los terrenos.

«Como quiera que esta segunda empresa tampoco contaba con la capacidad necesaria para llevar a cabo el proyecto, se nos constituye a la fuerza en cooperativistas a quienes habíamos adquirido una vivienda, es decir, 51 familias humildes que optaban a una VPO», expone la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico. Los compradores relatan en su escrito que no fueron informados de las consecuencias que tenía la constitución de la cooperativa y explican que se les impuso la presidenta.

Procedimiento judicial

Los compradores de esas viviendas, que nunca se comenzaron a construir, ya vivieron un primer procedimiento judicial, tras denunciar al promotor del proyecto por apropiación indebida. Esas 51 familias habían entregado distintas cantidades a cuenta para adquirir esas casas que el promotor se habría quedado. En ese procedimiento judicial acabaron llegando a un acuerdo con el denunciado para poder recuperar parte del dinero.

Sin embargo, tras saldar cuentas con este empresario, seguía quedando más de medio millón de euros pagado ya a Emuvyssa, una cantidad muy alta que estos compradores querían recuperar. Comenzó entonces la lucha de estos granadinos por conseguir que el Ayuntamiento les devolviera esas cantidades, puesto que no se había llegado a construir nada. Tras un largo periodo de reuniones y exigencia de documentación, «únicamente nos devuelven 300.000 euros y nos retienen 240.000 euros en concepto de licencias (120.000 euros), el aval (60.000 euros) y penalización (60.000 euros)».

Versión municipal

El portavoz del equipo de gobierno municipal, Juan García Montero, señaló ayer que esta apertura de diligencias penales es una «magnífica oportunidad para dar a conocer el punto de vista de Emuvyssa y del Ayuntamiento, ya que la operación se hizo con todas las garantías».

«Ellos se sienten afectados, consideran que este asunto es muy perjudicial para ellos y habrán visto en esta denuncia a la fiscalía una oportunidad de salvaguardar sus intereses», explicó el edil. García Montero se mostró convencido de que la investigación penal sólo ratificará que la licitación se hizo «con todas las garantías».