La venta de la Casa Ágreda se suma a la lista de asuntos municipales investigados por la fiscalía

El equipo de gobierno municipal, encabezado por José Torres Hurtado (PP), vive entre sobresaltos desde finales de octubre. Las denuncias e investigaciones de la fiscalía se han ido sucediendo en estas semanas y el Ayuntamiento tiene abiertas diligencias por el 'caso Serrallo' -por el que irá a declarar Isabel Nieto-, también por el pabellón Mulhacén, se abrieron diligencias por las viviendas protegidas de Azulejera -que nunca se construyeron- y también ha habido una denuncia por supuestas irregularidades en la venta de terreno en el PTS.

La última que se ha hecho pública afecta a la venta -concretamente sería un alquiler con derecho a compra- de la Casa Ágreda, un asunto que ha movilizado a una plataforma ciudadana para tratar de frenar la operación. Una denuncia de un particular ha provocado que el Fiscal Superior de Andalucía decretara la apertura de diligencias de investigación penal, asignando a un fiscal para que lleve a cabo las averiguaciones oportunas.

El anuncio de esta nueva investigación judicial lo hizo ayer el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, quien reclamó explicaciones por este asunto. Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Juan García Montero, calificó esta situación -la acumulación de denuncias- como una situación de «persecución» hacia el Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada.

«Adjudicación de antemano»

La denuncia por la operación de Casa Ágreda la presenta el mismo empresario que ya denunció el expediente urbanístico del pabellón Mulhacén -bajo investigación- y otra operación de venta de suelo en el PTS -que aún no ha provocado ningún movimiento de la fiscalía-.

En el escrito de la denuncia, al que ha tenido acceso este periódico, se ponen en conocimiento algunos hechos relacionados con el proceso administrativo que se llevó a cabo el año pasado para sacar a alquiler con derecho a compra la Casa Ágreda. El denunciante se pregunta en su denuncia si «estaba adjudicado de antemano», porque considera imposible que en sólo 20 días -desde que se publicó el concurso hasta que se recogió la documentación de las ofertas- se pudiera elaborar un proyecto de intervención, ya que hay que conocer el edificio previamente por su complejidad. Defiende el denunciante que la oenegé que se hizo con los derechos del palacete no tiene sede en España ni está inscrita en el Registro Mercantil, lo que le impediría presentarse a este concurso.

El denunciante subraya el hecho de que en 2008 el inmueble fue tasado por el Ayuntamiento en 6,1 millones de euros, mientras que en 2014 su precio se redujo a 1,6 millones de euros. Y también se pregunta por qué el primer intento de venta lo lleva a cabo la concejalía de Patrimonio, mientras que el concurso de 2014 se redacta y ejecuta desde Urbanismo.

IU aprecia «malventa»

El portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, hizo público ayer que el Fiscal Superior había abierto diligencias de investigación penal por este asunto. « Será la fiscalía quien resuelva las denuncias, si hay indicios o no. Si decide presentar querella entonces el juzgado de instrucción diría si hay indicios fiables o no. Pero cierta base debe apreciar cuando la fiscalía abre diligencias», resumió ayer el concejal.

Para IU, el concurso por el que se cedió el uso de la Casa Ágreda durante los próximos cuarenta años es una «'malventa'», ya que el precio de tasación había bajado de forma desproporcionada en los últimos seis años. Puentedura recordó que se trata de un edificio «con máxima catalogación, que tiene ahora mismo abierto un expediente para declararlo Bien de Interés Cultural (BIC)».

El edil defendió que su formación está en contra de que se venda el patrimonio histórico, y más si se trata de una «'malventa'», como a su juicio sería este caso. «La Casa Ágreda es un equipamiento cultural que tiene que seguir siendo para la ciudad y para el Albaicín», argumentó el concejal de IU. Puentedura pidió a la fiscalía que investigue hasta sus últimas consecuencias porque se aprecian «actividades oscuras y sospechosas en este expediente».

El concejal de la formación de izquierda recordó que el pleno aprobó una moción en la que se reclamaba una investigación del expediente y su paralización en caso de encontrar algún punto no ajustado a la ley. «Con más razón, ahora que la fiscalía ha abierto investigación», incidió Puentedura. Para el portavoz de IU, no están justificadas las argumentaciones que dio el alcalde en el pleno, por las que no se puede revertir el expediente por cuestiones legales y económicas. «La Casa Ágreda se la ha quedado una oenegé sin ánimo de lucro por lo que no hay lucro cesante si se paraliza», apostó.

«Persecución y acoso»

Para el portavoz del equipo de gobierno, Juan García Montero, esta situación refleja la «especial predeterminación de alguien en atacar al gobierno de la ciudad utilizando la justicia como herramienta política». García Montero habló de «persecución y acoso» a todo el equipo de gobierno a través de la figura de Isabel Nieto. Sin embargo, defendió que tienen la «conciencia tranquila» porque «todo está muy claro», de forma que se pondrán a disposición de cualquier instancia judicial que los requiera.

García Montero también criticó la labor de la oposición y de la plataforma ciudadana que en las últimas semanas se han movilizado para tratar de frenar la venta del palacete. «El expediente lleva tramitándose más de un año. Es curioso que cuando ya está todo hecho, ahora de pronto hayan caído. Se han sumado a un movimiento ciudadano que, con punto de vista electoral, se quieren posicionar con un asunto llamativo. Eso se hace al comienzo de la tramitación, no ahora. Carecen de legitimidad para posicionarse ahora. Lo responsable es seguir el cauce legal». García Montero defendió además que el expediente siempre ha estado «a disposición» de todos los grupos, algo que niega la oposición. Y, ahondando en la tesis del acoso, reflexionó sobre los posibles efectos. «Quien piense que así puede abrir la puerta a un cambio de gobierno, eso va más en contra de la ciudad que de un partido político».

El portavoz del PP también se refirió a la moción aprobada en el pleno, para señalar que no se puede paralizar el expediente porque es legal.

En marzo de este año, la junta de gobierno local aprobó la adjudicación del derecho de superficie -una suerte de alquiler- con opción a compra, de la Casa Ágreda a Aide Federation, una oenegé que se creó en 1998 y tiene domicilio social en París. Esta oenegé quiere darle un uso social y cultural al palacete albaicinero.